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Fiscales ven una estrategia para que el informe de Puigdemont dependa de García Ortiz

Una estrategia orquestada. Esa es la impresión que tiene un grupo de fiscales de lo sucedido este martes en la junta de fiscales en la que la mayoría de sus miembros se mostró partidario de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo y elevar la causa de Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo. Esa decisión suponía un varapalo al informe realizado por Álvaro Redondo, que rechazaba ese extremo. Las discrepancias entre los dos fiscales jefe hizo que la pelota pasara a manos de su superior jerárquico, que es la que debe resolver las diferencias. Representantes del Ministerio Público creen que esa maniobra estaba planificada antes de que comenzara la reunión y que buscaba que la última palabra la tuviera el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

En la junta de fiscales celebrada este martes, 12 de los 15 asistentes apreciaron delitos de terrorismo y 11 observaron indicios para incriminar a Puigdemont. Los representantes del Ministerio Público en el Supremo apoyaban así la exposición razonada que emitió en noviembre el juez instructor, Manuel García-Castellón, que solicitó al alto tribunal que continuara la investigación de Tsunami. Sin embargo, un abismo separó a los dos fiscales jefe de la junta, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa (que apoyó el dictamen de Redondo).

Sin un acuerdo entre ellos, se abría un escenario inédito: acudir al artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que «los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del fiscal jefe. Sin embargo, si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes, deberá someter ambas a su superior jerárquico». A partir de ahora, Redondo fuera de la ecuación. La encargada del nuevo informe será su superior, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.

Puigdemont en el Supremo

Los fiscales consultados por THE OBJECTIVE consideran que se trata de una maniobra perfectamente diseñada que tiene como fin que el informe dependa, finalmente, del fiscal general, a quien amadrinó hace unos meses Sánchez Conde. La teniente fiscal del Supremo fue ascendida a ese puesto por Dolores Delgado en mayo de 2022 y pertenece, como ella, a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), por lo que muchos compañeros creen que defenderá las tesis de Redondo para declinar que se investigue a Puigdemont en el alto tribunal, como ya sostiene el fiscal encargado de la Audiencia Nacional.

«Sánchez Conde siempre sigue los planteamientos de García Ortiz», se lamenta un fiscal que votó a favor de investigar a Puigdemont y elevar la causa de Tsunami al Supremo. Otro colega sostiene que no es casual que el informe haya terminado en su manos y reconoce que se trata de una estrategia perfectamente orquestada para que resuelva el superior jerárquico, como establece el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No recuerda que se haya hecho uso de él en los últimos años.

Otro fiscal revela a este diario que hay multitud de ocasiones en las que aparecen discrepancias, sin embargo, el asunto de Puigdemont tiene «una trascendencia mediática» que eleva la cuestión. Eso sí, considera que el amplío resultado de la junta de fiscales del Supremo en una línea debería llevar a Sánchez Conde a realizar un informe acorde con ella. No obstante, es pesimista con que suceda y que, al final, la tesis ganadora será la del fiscal general porque «somos un Cuerpo jerarquizado».

Es justo de lo que se queja otro fiscal que prefiere mantener el anonimato. «Que decida una persona sobre el resto es parte de la estructura anacrónica de esta profesión», se lamenta. No concibe que una persona tenga razón por ostentar un puesto superior al que ha llegado a través de un dedazo y que la gran mayoría de sus compañeros se equivoquen. En su opinión, la carrera fiscal está diseñada «para tener un brazo controlado».

«Estructura anacrónica»

«Los problemas son menores cuando se trata de un robagallinas, ya que no hay debate», insiste este fiscal. Desde su punto de vista, que la posición final de la Fiscalía dependa de la decisión de un superior jerárquico es contrario a los principios de seguridad jurídica y del funcionamiento democrático. Le gustaría que se modernizara el sistema y pone como ejemplo el funcionamiento de la Sala de Admisión de la Sección Penal del Supremo, la que decidirá finalmente si se investiga a Puigdemont en el alto tribunal, sea cual sea la recomendación del Ministerio Público: «Los magistrados opinan y cada voto vale lo mismo».

Un fiscal de la Sala de lo Penal del Supremo, Salvador Viada, se ha mostrado este miércoles abiertamente a favor de que se investigue a Puigdemont por terrorismo en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. El portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha cargado contra sus superiores, a los que ha acusado de hacerles «un 155 encubierto» sobre la decisión mayoritaria que tomó un día la junta de fiscales del alto tribunal. Antes de la reunión, un compañero le avisó de que estos tenían la intención de aplicar el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

«Cuando yo me entero de eso ya sé que si el resultado de la votación no es favorable al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo, pues entonces va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba», ha asegurado. En su opinión, antes de que comenzara la reunión, que duró casi cuatro horas, «ya se sabía que iba a haber discrepancia», y que por tanto, que se iba a aplicar el 24, que deja todo en manos de la teniente fiscal del Supremo. Desde que él lleva en esa sección, 2006, asegura que no ha visto algo así a pesar de que «las discrepancias de los jefes se producen con relativa frecuencia».

La polémica comenzó a principios de semana, cuando una información periodística reveló que Redondo preparó dos informes distintos y que optó por dar un giro a sus planteamientos tras reunirse con el fiscal general. Un escenario que ambos descartan. Según El Mundo, el fiscal del Supremo aseguraba en un primer informe que las actuaciones de Tsunami tenían encaje como delito de terrorismo. Se retractó apenas 72 horas después, tras una reunión con García Ortiz el día 30.

En un nuevo informe concluyó que no se vislumbra un delito de terrorismo en los actos organizados por la plataforma como respuesta a la sentencia del procés en octubre de 2019 y que se trataban de meros desórdenes públicos. Redondo justificó en la junta de fiscales su cambio de criterio argumentando que el primer informe era «un borrador interno» sin ningún valor procesal y que cambió de parecer al trabajar sobre el texto. La explicación no ha convencido a la mayoría de sus colegas.