Los escándalos siguen en los centros de menores de la Comunidad Valenciana. El Síndic de Greuges ha destapado ya un nuevo incendio con la responsabilidad de la hasta hace nada vicepresidenta y consejera de ese departamento, Mónica Oltra: consumo de droga en dos centros de acogida.
Pero los datos parten de un informe previo de la Fiscalía de Menores. Y ese informe no sólo habla de drogas. También relata «fugas y conductas disruptivas» sin el más mínimo control. Todo ello combinando con centros de menores sin los más mínimos medios, en estado ruinoso y con un personal desmotivado. El PP ha pedido ya una investigación a fondo porque teme la posibilidad de prostitución, como ya se ha analizado en otros centros de menores.
El informe del Síndic de Greuges valenciano hace mención expresa a un «oficio de la Fiscalía de Menores de Alicante» relativo al Centro de Acogida de Menores (CAM) Les Rotes de Denia.
En esa inspección «se destacaban deficiencias y carencias del centro que llevan a la Fiscalía de Menores a concluir lo siguiente», señala el informe: «Observamos un centro abandonado, tanto en el aspecto técnico como en el material. Con una franja muy dispersa en la edad de los menores ingresados, donde cada uno hace lo que quiere. Con un alto porcentaje de absentismo, de fugas, de conductas disruptivas y de consumo de tóxicos».
El PP ha tomado nota y ha exigido una investigación en profundidad de los 25 centros de estas características en Valencia. Y es que el informe dibuja un retrato demoledor de los centros de menores. La Fiscalía describe una «situación que ha influido en el comportamiento de los educadores, con falta de recursos para ejercer la autoridad, de motivación para emprender proyectos y objetivos con los menores, y una dirección implicada —asumiendo funciones de administrativo que no le corresponden— y cuyo objetivo de sacar el Centro adelante está lejos de estar a su alcance en las circunstancias descritas».
Y los cuadros del PP temen que, como ya se ha barajado e investigado en otros centros de menores de la Comunidad Valenciana y Baleares, principalmente, ese descontrol haya abierto la puerta a redes y mafias de prostitución.
El Síndic de Greuges, como ya ha publicado Libertad Digital, recuerda que está plenamente capacitado para realizar este tipo de seguimientos e investigaciones porque «tiene la condición de defensor de los derechos de la infancia y de la adolescencia, sin detrimento de las funciones que correspondan al Ministerio Fiscal».
Por eso, el PP le ha reclamado ya una supervisión de inspección de todos los centros, 25 en total contando con el mencionado, para certificar el consumo de drogas, las fugas y el motivo de las salidas y el descontrol de los movimientos de los menores de edad en los centros que dependen, una vez más, del Gobierno Valenciano y, hasta hace una semana, de la imputada Mónica Oltra.
Hay que recordar que no han sido pocas las evidencias de la entrada de redes de prostitución en el ámbito de los centros, precisamente, gracias al descontrol reinante en algunos de ellos.
El caso de Baleares
El Gobierno de Islas Baleares ha presenciado varios episodios de este estilo, por ejemplo, cuando su propio servicio social reconoció un volumen importante de casos de prostitución relacionados con los centros de menores.
Así, en 2020, saltó a los medios un cúmulo de denuncias de los educadores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) sobre prácticas a las que eran forzadas niñas de entre 13 y 17 años. Las menores eran captadas por otros menores dentro de centros de este estilo y eran obligadas a tener sexo con adultos a cambio de dinero o droga. La psicóloga Beatriz Benavente y Francina Armengol, presidenta autonómica, admitieron conocer el caso.
En total, por aquellas fechas, los centros albergaban a 359 menores tutelados en 30 inmuebles. De estos menores, 278 eran adolescentes y, entre estos, se denunciaron 16 casos de explotación sexual, según reconoció el propio IMAS. Ahora el PP quiere saber qué ha pasado con esas fugas que relata la Fiscalía de Menores.
