Fondos con pérdidas en el Popular recurren a la justicia europea para anular su liquidación

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La justicia europea tendrá que pronunciarse sobre la resolución del Banco Popular en un nuevo frente. Un grupo de grandes fondos que poseían bonos de la entidad y perdieron unos 850 millones de euros con su liquidación ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Los demandantes creen que hay argumentos suficientes para revocar la decisión, entre los que citan la violación del secreto profesional, los errores en resolución y la excesiva precipitación de la Comisión Europea al aprobar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR).

En su descripción de los hechos, los representantes legales de los inversores acusan a la JUR de haber actuado como pirómano y bombero a la vez: culpan al organismo de iniciar el fuego con declaraciones que ponían en duda la viabilidad del banco para después acudir en su rescate. “La violación del secreto profesional por parte de la JUR, que incluye también comentarios públicos de que “se estaba vigilando a Banco Popular”, socavó la confianza de los inversores e intensificó una fuga de depósitos del banco. Irónicamente fue esta “formidable fuga de liquidez” del Banco Popular la que se emplea posteriormente por la propia JUR para justificar su intervención en el banco”, afirma Richard East, del despacho estadounidense Quinn Emanuel.

Los fondos, entre los que se encuentran Anchorage Capital, Algebris y Ronit Caital personalizan esa falta de prudencia en las intervenciones públicas de la presidenta del JUR, Elke König, quien confirmó a Bloomberg TV el pasado 23 de mayo que “por supuesto, Banco Popular es también uno de los casos que estamos siguiendo de cerca”. En su relato de los despropósitos que aceleraron la liquidación, los abogados señalan que ocho días después un funcionario filtró a la agencia Reuters que se había puesto bajo “alerta temprana” al Popular. Precisamente el BCE reconoció el fiasco que supusieron esas declaraciones en un informe publicado esta semana, en el que decía: “los depósitos perdidos desde el 31 de mayo son particularmente relevantes, una vez se reveló en los medios que el banco podría enfrentarse a un cierre si el proceso en marcha de venta no fructificaba en el corto plazo”.

Los defensores de los fondos critican que ni la JUR ni Bruselas han realizado una investigación independiente y transparente sobre esas filtraciones, y estiman que basaron su decisión “en una información incompleta, en parte basada en un precipitado informe de evaluación elaborado por Deloitte”. Dicho documento sigue sin ser publicado pese a que el Gobierno español y algunos eurodiputados solicitaron que vea la luz.