La negociación y el acuerdo para sacar adelante una ley de amnistía para los independentistas catalanes a cambio de la investidura de Pedro Sánchez no ha sentado nada bien en el seno de las Fuerzas de Seguridad. Muestra de ello han sido los numerosos comunicados de rechazo que han hecho públicos en las últimas semanas tanto sindicatos de la Policía Nacional como las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
La diferencia entre ambos cuerpos es que, mientras la Policía Nacional es un cuerpo civil, el Instituto Armado lo es de naturaleza militar, y eso provoca severas diferencias en cuanto a los derechos que tienen los representantes laborales de unos y otros. El régimen militar conlleva una serie de limitaciones en el libre ejercicio de los derechos políticos que todos los miembros conocen al entrar en el cuerpo.
La Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil dice en su artículo 18, denominado «Neutralidad e imparcialidad«, que los agentes «no podrán fundar ni afiliarse a partidos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales», y que «deberán actuar con absoluta neutralidad política y sindical, respetando los principios de imparcialidad y no discriminación (…)».
A este artículo se ha agarrado la Dirección General de la Guardia Civil en la última semana para abrir tres expedientes contra representantes asociativos. Uno de ellos es contra el responsable de comunicación de JUCIL, la asociación mayoritaria dentro del cuerpo, Agustín Leal. Los otros dos son contra miembros de la cúpula directiva de APROGC, la asociación que recordó el viernes que los agentes han jurado derramar su sangre en defensa de la Constitución.
JUCIL ha considerado que la apertura de estos expedientes «tiene el ánimo de unos políticos que buscan acallar la voz de los miles de guardias civiles que nos votaron para representarlos como la entidad que defiende sus intereses laborales y sociales». «Nos quieren callados y para ello, recurren a argumentos que recuerdan trasnochadas purgas políticas que parecían afortunadamente superadas en la España democrática», ha continuado.
«Criticar y opinar es también discernir, exponer e intentar que aflore lo positivo de lo negativo. La asociación muestra su preocupación por lo que pueda ocurrir a corto plazo, pero al mismo tiempo tiene consciencia de que el anuncio de este expediente a nuestro compañero Agustín Leal no es más que retórica, destinada a justificar y a intentar silenciar el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que JUCIL ha demostrado desde su nacimiento», han añadido.
Por último, ha afirmado que «sus servicios jurídicos trabajan en la defensa de nuestro compañero Agustín Leal de las acusaciones que se han dirigido contra él. En este sentido, esta asociación quiere dejar claro que la iniciativa muestra cómo paga esta Dirección General los muchos años de servicio de un profesional en la defensa de los derechos y libertades de los españoles, con grave riesgo de su vida en numerosas ocasiones, sobre todo durante su labor en el País Vasco».
También están trabajando a pleno rendimiento los servicios jurídicos de APROGC, según han explicado desde la asociación a Libertad Digital, para poder defender a los dos agentes que han sido expedientados una vez que se abra el turno de aportar alegaciones de defensa. Desde la asociación también han estimado en un periodo de 2 ó 3 meses el que podría pasar hasta que haya una resolución final del expediente.
