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«Hemos llegado al límite de los disparates de Podemos»: clamor en la cúpula del PSOE

«Hemos llegado al límite de tolerancia de los disparates de Podemos. Que vuelva pronto Pedro Sánchez a España y que tome medidas políticas urgentes, empezando por explicar y hacer pedagogía a los ciudadanos». Este es el sentimiento entre diputados, dirigentes y ministros socialistas al finalizar la semana más convulsa para el Gobierno de coalición, que el presidente siguió desde Bali y Corea del Sur.

La aplicación de la llamada ley del sí es sí y las reducciones en cadena de condenas a delincuentes sexuales ha provocado una notable alarma social y han llevado al Gobierno de coalición a su mayor crisis desde que se constituyó enero de 2020. En todo caso, aunque se anulen algunas rebajas de penas en el Tribunal Supremo queda claro que la ley estrella del Gobierno supondrá una reducción de penas para el futuro.

Así lo admiten diferentes fuentes del Gobierno, del PSOE y de Unidas Podemos que entienden que la crisis provoca un enorme desgaste por lo que supone y porque arruina el uso electoral y político de las leyes simbólicas del Ejecutivo.

Además, explican que ha servido para poner de manifiesto graves carencias del funcionamiento del Gobierno. Primero porque ha mostrado que la forma en la que se elaboró el proyecto de ley y el modelo de negociación interna no ha funcionado.

Segundo, ha evidenciado errores estructurales, como la ausencia de una vicepresidencia política capaz de coordinar a varios ministerios y con opciones de poder frenar o cuestionar contenidos de iniciativas. También para hacer de filtro o burladero para proteger al presidente del Gobierno.

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La anterior vicepresidenta primera, Carmen Calvo, fue cesada por Sánchez después de graves enfrentamientos con Irene Montero sobre leyes concretas y después de que el presidente diera reiteradamente la razón a la ministra de Unidas Podemos. Porque Sánchez siempre ha dado la razón a su ministra de Igualdad.

Ahora las tres vicepresidentas son económicas y lo más parecido a la función de Carmen Calvo es el papel de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, pero sin capacidad para coordinar distintos ministerios.

Otro de los problemas que advierten esas fuentes es que, en la práctica, el Gobierno de coalición lo forman ya tres partidos y no dos: PSOE, Unidas Podemos y Yolanda Díaz.

Salida a la crisis

La vicepresidenta y ministra de Trabajo encabeza en teoría a los ministros de Unidas Podemos, pero en la práctica tiene pésima relación con Ione Belarra e Irene Montero.  Son públicas y notorias sus graves diferencias.

Estos días se ha comprobado con el silencio de Yolanda Díaz y la dura crítica hacia ella del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. El propio Pablo Iglesias aseguró este viernes que «ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido», en clara referencia a Díaz.

De hecho, según los socialistas, la intervención en esas tensiones del exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos agudiza aún más la crisis y afecta al futuro electoral de la izquierda para sumar frente al PP y Vox.

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Estos días, según fuentes de Moncloa, Díaz ha pedido opinión a destacados juristas para buscar salidas a la crisis y negocia con la parte socialista una salida a la crisis.

Obviamente, comparte con Moncloa el rechazo radical a la estrategia de Unidas Podemos de descalificar a los jueces.

Tanta discrepancia hay, que desde hace tiempo en el Gobierno se cree probable que antes de las elecciones se rompa ese bloque de la coalición, que Podemos no esté en el proyecto de Sumar en las generales y que antes terminen abandonando el Ejecutivo. Con la polémica sobre la ley todo se ha acelerado y agravado.

En julio hubo un momento especialmente tenso por el aumento de los gastos militares, la mayor crisis interna hasta ahora, pero entonces Díaz estaba alienada con la posición de Unidas Podemos. Se recondujo con la conversación entre Sánchez y Díaz, pero ahora la interlocución es más difícil porque la vicepresidenta no representa la posición de Montero.

En esos problemas estructurales y de funcionamiento hay otro detalle que en el PSOE se pone de manifiesto: el silencio de Pilar Llop, jueza y ministra de Justicia. Esta semana ha tenido Covid, pero eso no le impide pronunciarse de alguna forma o través de algún colaborador como el secretario de Estado. La ministra no tiene nada en su agenda pública desde el viernes 11 de noviembre.

Ya fue marginada de la negociación del CGPJ y ahora es evidente su silencio. Es curioso que quien habló primero de este asunto en el Gobierno y dijo que debía estudiarse cambiar la ley haya sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

¿Y la malversación?

A todo esto hay que sumar la tensión provocada por la posibilidad de que se cambie también la regulación de la malversación. Critican que desde el Gobierno, empezando por el presidente, hayan hinchado este globo que presenta gravísimas contraindicaciones. Así se lo han hecho saber barones del partido y aunque extraoficialmente se asegura que no se aprobará, oficial y públicamente aún se mantiene la duda.

«Lo que faltaba es que nos pudieran decir que sacamos violadores y corruptos de la cárcel», explica un diputado del PSOE.

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Algunos hasta lamentan que no se hayan prorrogado los Presupuestos y se haya optado por ceder ante ERC y atarse con Unidas Podemos para los próximos meses.

Alguno barones lamentan desde hace tiempo posiciones de Unidas Podemos. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha hecho público y expreso ese rechazo a los socios del PSOE.

El Gobierno explica que espera la decisión del Tribunal Supremo y que confía en que sus resoluciones aplaquen la alarma. Sin embargo, este órgano judicial no tiene previsto una decisión que unifique doctrina. Lo que hará es ver caso por caso, si se aplicó adecuadamente la nueva ley y, con toda seguridad, se mantendrán reducciones de condena.

Hay una disposición transitoria del Código Penal que limita la adecuación de penas a que la condena previa entre dentro del baremo nuevo, aunque se haya reducido el mínimo. Sin embargo, la jurisprudencia obliga a ver cada caso para garantizar la proporcionalidad.

Una resolución del ahora magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido y antes del Supremo de abril de 2013 establece que esa disposición no debe aplicarse de forma automática, sino según la proporcionalidad de la pena y siempre individualizando y con criterio del juez.

«La revisión de sentencias firmes por aplicación retroactiva de la ley penal más favorable cuando la pena impuesta en la sentencia revisada también es imponible en el nuevo marco legal no debe dar lugar a un nuevo ejercicio de individualización caso por caso, ni tampoco a una mecánica adaptación de las penas anteriormente impuestas en proporción aritmética al nuevo marco punitivo, pero debe introducir las prevenciones necesarias para evitar que la aplicación literal de la disposición transitoria segunda de la LO 5/2010 provoque resultados contrarios al principio de proporcionalidad«, aseguraba el Supremo en 2013.

Esa resolución habla reiteradamente del «ejercicio del arbitrio judicial«, es decir, de la capacidad de cada juez o tribunal para valorar todos los factores al aplicar el derecho transitorio y siempre caso por caso.

Por el momento, Sánchez ha apoyado como siempre a su ministra de Igualdad, ha alabado la ley y ha dejado en manos del Supremo la salida, obviando las peticiones para enmendar la ley para arreglar la situación creada. Y como mínimo hasta la aprobación de los Presupuestos a finales de diciembre está atado a sus acuerdos con Unidas Podemos.

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