Iceta, el indulto y ruido de togas

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“Seguid trabajando, que ya nos pasaremos la sentencia del Tribunal Supremo por la entrepierna”. Esta es la interpretación literal de un magistrado de la Sala Segunda de la propuesta de Miquel Iceta según la cual él pedirá el indulto si se producen condenas contra los dirigentes secesionistas que ahora están imputados por delitos de rebeliónsedición y malversación de fondos. La pregunta retórica en el Supremo es esta: “¿Cómo es posible plantear indultos cuando ni siquiera hay procesamientos?”. Estas fuentes consideran que la oferta de Iceta es “frívola e irresponsable” aunque se haya realizado en el contexto de una campaña electoral a cara de perro. “Sobre todo –dicen- porque se transmite la idea de que lo que se ha hecho quedará, al final, impune.”

La salida dialéctica del primer secretario del PSC se ha producido además en un “momento sensible” de las investigaciones de la policía judicial. Solo 48 horas después de la providencia del magistrado Pablo Llarena que ha ordenado una investigación exhaustiva que afecta a personas que no están incluidas en las querellas del ministerio fiscal y alcanzan a los integrantes del comité estratégico del proceso soberanista. También, al mismo tiempo que se conocen las anotaciones en la moleskine de Josep Maria Jové que desvelarían la participación de responsables de ERCPDECat y CUP (Marta RoviraArtur Mas Anna Gabriel, entre otros) en la fase preparatoria de la declaración unilateral de independencia. Inoportunidad.

“Iceta, además, levanta falsas expectativas porque no basta pedir el indulto, porque el tribunal sentenciador –si hay condenas- tiene que informar la petición antes de que delibere el Consejo de Ministros y el Rey firme el real decreto correspondiente. Indultar no es tan sencillo, además, cuando se trata de delitos especialmente graves como los que manejan los instructores Llarena y Carmen Lamela“. Estos criterios manifestados por magistrados del Supremo coinciden con los del Gobierno. “Iceta ha puesto el carro delante de los bueyes, se ha confundido y ha contribuido a banalizar la responsabilidad criminal en la que hayan podido incurrir los dirigentes independentistas imputados y de los que puedan serlo en las próximas semanas”. El Ejecutivo ni se ha planteado la posibilidad formulada por Iceta. Mucho más en unos tiempos en los que la opinión pública es reacia a medidas de gracia hacia los políticos sancionados.

Equidad y utilidad pública

Por otra parte, el indulto (la Constitución prohíbe los generales y la amnistía) requiere unas condiciones previas, es decir, debe tener un “racional no exclusivamente político” sino responder a criterios de equidad y de utilidad pública. Además, el indulto no cancela ni la responsabilidad civil ni los antecedentes penales. “Todos estos aspectos, Miquel Iceta –que seguramente los desconoce- parece no tenerlos en cuenta provocando un innecesario malestar en el poder judicial al que se le sugiere que su labor puede quedar diluida en una posterior decisión de marcado carácter político”. El indulto, además, requiere “indicios de arrepentimiento”, o en otras palabras, “significaría, de concederse, que el sentenciado se retracta”, insisten fuentes judiciales que además remiten a las normas del derecho de gracia para subrayar que su concesión requiere de un procedimiento largo y que no es discrecional enteramente por el Gobierno.

Con todo, la sorpresa que ha causado en Madrid la propuesta de Iceta no es la mayor. Ha llamado más aún la atención que el PSOE, tras un cierto distanciamiento del criterio del primer secretario del PSC, (“respetamos su criterio” declaró Adriana Lastra), no lo haya desautorizado. Los socialistas están vinculaos a un pacto implícito con el Gobierno y Ciudadanos que consiste en mantener unidad de acción en la aplicación del 155 y en el respaldo a las decisiones de jueces y tribunales. La falta de contundencia de Ferraz apuntaría a una estrategia puramente electoral pero que, siendo entendida como tal por la magistratura, la considera “precipitada, poco informada, lesiva para la imagen y reputación del Tribunal Supremo y nada edificante para los ciudadanos”. De lo que se deduce que Iceta puede sacar réditos de su iniciativa, pero sin que los haya obtenido el Estado de derecho porque “adelantar planteamientos de indultos antes de que haya condenas es una banalización desastrosa”. Ruido de togas.