El ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias ha tachado de «miserables» y «cobardes» a los compañeros de su espacio político que «se ponen de perfil» cuando, a su juicio, «machacan» a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a raíz de las rebajas de penas por la aplicación de la ley del solo sí es sí.
Las declaraciones de Iglesias, que no mencionan a ningún compañero en concreto, se producen después de que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eludiera dar su apoyo explícito a Montero y pidiera «prudencia» y dejar trabajar al Tribunal Supremo.
En un mensaje en redes sociales, Iglesias denuncia que la «cacería» contra Montero confirma la «degradación creciente de buena parte del periodismo» y «que la derecha judicial es un actor político». Por último, considera que esta situación también pone de manifiesto que «ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido».
Díaz, ha roto su silencio este viernes tras la polémica de la rebaja de penas tras la aprobación de la ley del sólo sí es sí y ha pedido «prudencia» y dejar trabajar al Tribunal Supremo al ser preguntada por la revisión de sentencias tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, es decir, la mismas declaraciones tibias que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Indonesia.
Al ser repreguntada por si algún miembro del Gobierno debería asumir alguna responsabilidad o por si considera que el texto legislativo debería ser modificado, Díaz ha eludido responder al tiempo que tampoco ha hecho mención a los ataques recibidos por los jueces por parte del miembro minoritario de la coalición.
Su silencio había despertado ampollas en Podemos por no salir al paso de los ataques que, según la formación morada, ha recibido la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras afirmar que los jueces son «machistas».
Antes de asistir, en Valencia, al Foro Técnico Internacional de Altos Responsables de Inspecciones de Trabajo, Díaz ha destacado que la «vocación» de esa ley es la protección de las víctimas, y ha insistido en la necesidad de «no generar alarma social».
Preguntada por si le preocupa la rebaja de penas a agresores sexuales y por si comparte las acusaciones dirigidas a los jueces por parte de algunos dirigentes de Podemos, Díaz ha explicado que «esta ley es de extraordinaria importancia y tiene el objetivo de garantizar la protección de las víctimas y la defensa de su libertad sexual».
«Pido prudencia, no generemos alarma social; la finalidad es la que he citado y con ese objetivo se ha hecho», ha subrayado. «No soy especialista en la materia, pero es importante que dejemos trabajar al Supremo -según la vicepresidenta-. En breves días tendremos respuestas a estas cuestiones; desde luego, la vocación del Gobierno es la protección de las víctimas».
Las palabras sosegadas de Díaz contrastan con el tono de otros miembros de la formación morada como la ministra Ione Belarra, que considera que «no hay laguna en la ley sólo sí es sí, sólo el mismo sesgo machista de siempre entre algunos jueces». Lo mismo piensa la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez ‘Pam’, que llegó a invitar a los jueces a «formarse» durante una comparecencia en el Congreso.
Pero no han sido las únicas voces de Podemos en respaldar a Montero. Pablo Iglesias ha argumentado que «lo que vuelve a haber es una derecha judicial golpista, que un día secuestra un sello por llevar la hoz y el martillo y al siguiente defiende a los violadores» mientras que Pablo Echenique ha afirmado que «no sólo hay jueces machistas rebajando ilegalmente la pena a violadores para montar —junto a los poderes mediáticos reaccionarios— una campaña nauseabunda contra los avances feministas, es que hay voces «progresistas» siguiéndoles el juego porque es también contra Podemos».
Si bien, Montero solo cuenta con el apoyo de los suyos. Tanto el ala socialista del Gobierno como los socios de investidura ya piden revisar el texto legislativo, que ha sido cuestionado por asociaciones judiciales y de fiscales.
Consciente del desgaste que ha tenido la polémica, las declaraciones de la ministra ‘morada’ y la defensa de Igualdad de la ley basada en el ataque han ido moderándose con el paso de las horas. Igualdad mantiene que ha habido «errores» en la aplicación «precipitada» y «sin reflexión» de la ley, pero que no corresponde al Gobierno corregirlos sino que hay que esperar a la Fiscalía y al Tribunal Supremo.
