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Illa busca imponer por ‘decretazo’ el confinamiento de Madrid y Ayuso se rebela

La tregua no ha durado ni 24 horas. La Comunidad de Madrid y el Gobierno han protagonizado este miércoles un nuevo capítulo televisado en esa desasosegante escalada de tensión de rumbo incierto, con la pandemia como telón de fondo. Minutos después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciase la inminente entrada en vigor de las nuevas restricciones, su homólogo madrileño, Ignacio Ruiz Escudero, ha descartado aplicarlas en su región asegurando que carecen de «validez jurídica»; y ha anunciado acciones legales en caso de que se publiquen en el BOE.

Según Ruiz Escudero (que ha citado el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial) las decisiones votadas en este órgano deben aprobarse por consenso y no por mayoría, como ha ocurrido hoy. En el Consejo de este miércoles, además, de Madrid, han votado en contra del plan de Sanidad Cataluña, Galicia, Andalucía y Ceuta. Antes Illa había explicado todo lo contrario: que el acuerdo ha sido aprobado de forma «colegiada y con una amplia mayoría».

14. 1. Los acuerdos del Consejo en relación a las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso

En opinión del Ejecutivo madrileño, se trata de «decisiones que atañen a todo el Sistema Nacional de Salud, a derechos fundamentales y a la libertad de millones de personas». «El ministro Illa ha utilizado el Consejo Interterritorial para imponer medidas contra la voluntad de millones de españoles allí expresada. No entendemos la imposición. No ha habido lealtad por parte del Gobierno», ha denunciado el consejero. «El Gobierno tiene prisa por intervenir Madrid», ha añadido.

Ruiz Escudero ha criticado a Illa por ofrecer un mensaje de «crispación y alarma» sobre Madrid cuando, según ha revelado, «todos los indicadores muestran lo contrario», que «la situación es favorable y empieza a estar controlada». El máximo responsable de la Salud de Madrid ha vuelto a tender la mano al Ejecutivo central, pese a que no haya mostrado «ni la más mínima actitud de ayuda»: «Seguimos ofreciendo diálogo a pesar de no haber sido escuchados».

El plan de Sanidad obligaría a aquellos municipios de más de 100.000 habitantes, (con una incidencia de más de 500 casos, una tasa de positividad superior al 10 % y una ocupación de camas en UCI por pacientes COVID que exceda el 35 %) a restringir las entradas y salidas, cerrar los parques infantiles y limitar aforos. En la Comunidad de Madrid, la nueva normativa afectaría a todos sus grandes municipios: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y Madrid.

El ‘no’ de las demás comunidades

Además, de Madrid, las comunidades de Andalucía, Galicia, Cataluña han votado en contra de la resolución de Sanidad, mientras que Murcia se ha abstenido.

Andalucía ha justificado su rechazo al considerar que los criterios son «totalmente arbitrarios» y ha reclamado que haya unos comunes para toda España, pero basados en indicadores clínicos objetivos y contemplando factores determinantes como la densidad de población o la transmisión epidemiológica.

Galicia también ha rechazado el documento porque no cuenta con avales técnicos suficientes y «obvia muchos» parámetros como la vulnerabilidad, el porcentaje de positivos sobre cuarentenados, la presión hospitalaria o la situación de las urgencias.

Además, ha estimado necesarios más requisitos técnicos la Región de Murcia, que ha criticado que se haya presentado el documento por la mañana para votarlo a las 16.00 horas, mientras que el gobierno ceutí insiste también en que son criterios «arbitrarios».

Desde la Generalidad de Cataluña han votado negativamente porque consideran que las medidas planteadas son más laxas que las que ya aplican, lo que podría generar «confusión» y una falsa sensación de seguridad en la ciudadanía.