Incentivos fiscales y más protagonismo local para combatir el éxodo rural

Frenar la regresión demográfica en el mundo rural y afrontar una estrategia nacional con esa finalidad. Son los ejes del II Congreso Nacional de Despoblación, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha concretado varias medidas para hacer frente a este problema desde las instituciones públicas como los incentivos fiscales, mejor financiación y mayor protagonismo de los Ayuntamientos en la lucha contra la despoblación. Los Ayuntamientos, además, quieren capacidad para hacer una ley específica con dotación económica.

En las seis mesas de debate y tres talleres participativos celebrados durante dos jornadas, en las que han participado más de 40 expertos, la discriminación fiscal positiva y el reforzamiento del papel de las Administraciones locales han sido vistos como instrumentos necesarios para combatir la despoblación en el medio rural, en el que, según se ha destacado, “se han perdido cinco habitantes por hora en el último trienio”.

En ese sentido, los especialistas han apuntado que los Ayuntamientos y las Diputaciones deben liderar las medidas en marcha para luchar contra la despoblación. Han considerado “vital” la coordinación entre instituciones locales, regionales, nacionales y europeas, así como desarrollar una política fiscal propia, de discriminación positiva y proyectar planes específicos para los territorios afectados por la despoblación.

Una de las críticas más unánimes a lo largo del congreso ha sido la que afecta al techo de gasto, que impide a Ayuntamientos y Diputaciones saneadas invertir los fondos a su disposición en sus cuentas corrientes. La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, reiteró la necesidad de derogar la norma.

En la jornada del jueves, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, urgió a entender que la despoblación es una “cuestión de Estado” y, en consecuencia, requiere “buscar soluciones de estado”. Lambán defendió que “las soluciones concretas pasan por convencer a Europa de que los problemas de despoblación no solo afectan a zonas del Báltico, sino también a regiones de España”.

Según explicó, el Gobierno de Aragón tiene sometido a proceso de información pública una directriz sobre despoblación que se aprobará en breve para frenar la despoblación con medidas fiscales positivas que faciliten la implantación industrial en esas zonas. También consideró necesario “a corto plazo” dotar de servicios públicos de calidad a los pueblos para propiciar la revitalización demográfica.

Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, reclamó, como primer paso, la elaboración de un mapa demográfico de España para identificar cuáles son los problemas de cada territorio. También reclamó “un plan de acción que comprometa a todos los poderes públicos”. “Más de la mitad de España está en riesgo de extinción, es hora ya no hablar de despoblación, sino de repoblación”, propuso.

La catedrática de Geografía Humana de Universidad Complutense, Mercedes Molina, realizó un llamamiento a poner el foco en problema para que “Europa tome conciencia”. Ante el modelo de concentración urbana, que ha sido responsable de grandes migraciones, sugirió medidas de discriminación positiva a favor de los territorios de ámbito rural, como la reforma de la Política Agraria Comunitaria.

El papel de la Unión Europea en la lucha contra la despoblación del medio rural ha sido considerado clave por los participantes. El alcalde de Soria y vicepresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), Carlos Martínez, vinculó el problema de la despoblación a “la apuesta política por el desarrollo económico, en el que ha primado la renta per cápita en lugar de la igualdad de oportunidades”. Martínez instó a lograr “la globalización de los derechos territoriales”.

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