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Irene Montero se atrinchera en el cargo pese a la alarma social y el clamor que exige su dimisión

Irene Montero afronta sus horas más difíciles desde que fue nombrada ministra. A pesar de estar siempre rodeada de polémica, nunca hasta ahora tantos sectores de la sociedad habían pedido su dimisión. A pesar de ello, Montero se niega a abandonar su cargo y opta por la huida hacia adelante para no asumir que la ley del sólo sí es sí está sacando a violadores a la calle.

En un alarde de soberbia, la titular de Igualdad no se achantaba ayer ante la cúpula judicial y abroncaba de nuevo a los representantes de la Justicia por carecer de «formación en perspectiva de género» para aplicar «correctamente» sus leyes, a pesar del duro comunicado emitido el día anterior por el CGPJ en el que manifestaban su «repulsa» por sus «intolerables ataques» después de que les hubiera llamado «machistas«.

La respuesta de jueces y fiscales

Las palabras de Montero fueron escuchadas con resignación por el Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por el presidente del CGPJ, Rafael Mozo, que defendieron la «formación» de jueces y fiscales en perspectiva de género, sin entrar en las causas por las que la nueva ley favorece a los presos condenados por violencia sexual, al incluir penas más bajas para los delitos que cometieron, lo que provoca que salgan de prisión por tener que aplicarles la legislación más beneficiosa.

A las habituales críticas de la oposición contra Montero, se han sumado esta vez las de algunos compañeros de filas, ministros socialistas del Gobierno y asociaciones de jueces, incluidas aquellas de tintes progresistas y la que tuvo entre sus miembros a la exjuez Victoria Rosell, muy cercana a Podemos. Todas salieron en tromba a criticar sus palabras por considerarlas «intolerables», «inadmisibles», «injustas», «pueriles», «desafortunadas» o «inapropiadas», llegando a pedir su «dimisión» dos de ellas, la APM y la Francisco de Vitoria.

Malestar en Podemos y PSOE

El vicepresidente de Baleares, de Podemos y exjuez, Juan Pedro Yllanes, calificó como «desafortunadas» las palabras de Montero y defendió que los jueces «sólo están haciendo su trabajo» al «tener obligación de aplicar la ley más favorable» para los presos. Declaraciones que se suman al estruendoso silencio de Yolanda Díaz, que sigue sin decir una sola palabra sobre la polémica, hasta el punto de que Pablo Echenique pidió ayer «cierre de filas» para apoyar a una «camarada» ante el «fusilamiento».

Tampoco en el PSOE ocultan su incomodidad con las declaraciones de Montero. «Mi absoluto respeto a todos los jueces en su trabajo y desempeño. No olvidemos nunca la separación de poderes», decía ayer la portavoz, Isabel Rodríguez, más contundente aún que la ministra, Margarita Robles, que admitía que no le habían gustado las palabras de la ministra de Igualdad.

La huida hacia delante

El Gobierno deja sola a Montero en sus ataques a los jueces pero el presidente, Pedro Sánchez, respaldó el contenido de la ley, de la que es también responsable, cuando dijo desde Bali que es una «gran conquista del movimiento feminista» del país y una «ley de vanguardia».

En las primeras horas desde que saltara la polémica, se evidenciaba el desconcierto del propio Ejecutivo cuando la ministra María Jesús Montero abogaba por una contrarreforma, al igual que el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López. Sin embargo, Sánchez marcaba la línea a seguir al derivar la cuestión hacia el Supremo pidiéndole que siente jurisprudencia y unifique criterios.

Desde el PP han exigido las dimisiones de la ministra de Igualdad y de Justicia, Pilar Llop, a la que hacen también responsable por el contenido de la norma. Desde Vox han registrado una petición para reprobar a Montero, además de reclamar que deje el cargo o sea cesada.

La polvareda política que se ha levantado, sumado a la alarma social que ha generado la salida a la calle de peligrosos violadores, colocan a la ministra en la cuerda floja más que nunca, a pesar de haber estado siempre en entredicho desde el primer momento de su nombramiento. A su favor cuenta con la debilidad de un presidente que necesita los votos de Podemos para sacar adelante los PGE, lo que hace difícil que acabe cesándola.

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