Seis meses después de ingresar en prisión preventiva por la concentración frente a la Conselleria de Economia los días 20 y 21 de septiembre del 2017, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, comparecieron ante el juez Pablo Llarena y defendieron el derecho a la autodeterminación, e hicieron hincapié en que siempre lo hicieron pacíficamente. Además, según los audios que este lunes ha sacado a la luz Catalunya Ràdio, Sànchez reprochó al juez que en ningún momento recibieron ningún requerimiento judicial o de la fiscalía advirtiéndoles de que lo que estaban haciendo era un delito y las consecuencias que se podían derivar de él.
«Hace seis meses que estoy separado de mi familia y de mi país y estoy ingresado en Soto del Real. ¿Por qué motivo? ¿Por qué lo que hasta el 1-O no era considerado delito, a partir del 1-O era un delito que me llevó a mí a compartir prisión con Cuixart en Soto del Real? Es una pregunta que me he hecho muchas veces y no he encontrado respuesta. Nunca , nunca, nunca nos llegó ningúna advertencia ni ninguna prohibición de ningún juzgado ni de ninguna fiscalía«, declaró Sànchez en el Supremo.
El expresidente de la ANC y diputado de JxCat se reafirmó también en su independentismo: «Cuando nací no lo era, no es genético, pero probablemente lo seguiré siendo hasta que me muera porque creo en la libertad y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación». Asimismo, opinó que únicamente la «vía dialogada» hallará una solución al conflicto político.
Por último, Sànchez rechazó que la ANC haya hecho crecer el independentismo y consideró absurdo creer que «unos pocos» tienen la capacidad «para abducir a una mayoría«. «Es no aceptar la existencia de un problema, o intentarlo esconder o simplemente tener un desconocimiento de cómo funcionan hoy las sociedades democráticas; Catalunya no es Corea del Norte«, añadió.
Cuixart y la «no violencia»
Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural destacó su apuesta por la no violencia y el pacifismo y consideró que, «dado el arraigo social» de su entidad, estos mensajes calaron en el conjunto de la ciudadanía. Asimismo, defendió su derecho a reivindicar el derecho a la autodeterminación amparándose en la libertad de expresión, de manifestación, así como el derecho a la protesta y a la disidencia.
«Siempre todas mis actuaciones han sido en el marco de mi legítimo derecho a defender el derecho a la autodeterminación de Catalunya, y lo he hecho siempre tal y como se recoge en este pacto internacional de derechos civiles y políticos ratificado por España. Siempre he llevado a cabo mis actividades en el ejercicio de ese derecho y libertad que nos ampara a todos , libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad ideológica, el derecho a reunión, el derecho a asociación y de participación política, y que esto incluye de forma esencial el derecho a la protesta, el derecho a la disidencia, y a la movilización y a la presión social», afirmó.
Cuixart rechazó también la competencia del tribunal para juzgarle y denunció indefensión, así como que la causa atenta directamente contra su «libertad ideológica y de expresión«.
