Desde su ascensión a la presidencia de la república hondureña en 2013, se cuestiona la transparencia de los procesos y las vulnerabilidades del sistema electoral de la nación centroamericana sobre los cuales ha tenido un amplio control.
Juan Orlando Hernández Alvarado, actual presidente en ejercicio de la república de Honduras, llegó al poder por primera vez el 24 de noviembre de 2013 y desde entonces —o tal vez desde antes, pues en las primarias en que fue escogido abanderado del partido oficialista también se acusó fraude— los procesos en los que ha competido como candidato han sido señalados por la supuesta comisión de diversas irregularidades.
La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de proclamar como vencedor a JOH, candidato presidencial del Partido Nacional no fue aceptada por su oponente, Xiomara Castro, quien denunció irregularidades en el proceso y aseguró tener “innumerables pruebas de la asquerosa monstruosidad con la cual están robando a nuestro pueblo la Presidencia de la República”. Quejas similares —y aún más graves— se presentaron durante su reelección en 2017 lo que pone en tela de juicio el sistema electoral hondureño, cuyas autoridades ahora anuncian la contratación de la empresa Smartmatic, ampliamente cuestionada en su incursión en elecciones cuyos resultados están en entredicho en varios países en el mundo.
Ya en el ejercicio de la presidencia, JOH procuró la forma de mantenerse en el poder, un hecho que se presentaba como imposible toda vez que la Constitución de Honduras —promulgada en 1982 por una Asamblea Nacional Constituyente— prohibió expresamente la reelección presidencial. Quería el constituyente hondureño —con base en una larga experiencia de gobiernos militares y dictatoriales— evitar para siempre la repetición del drama que vivió la nación centroamericana a lo largo de los siglos XIX y XX. Pero no se limitó a sólo prohibir la reelección, sino a castigar a quien así lo propusiera.
“El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la Republica” y advierte la Carta Magna y agrega que “quien quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función publica”.
Pero al parecer, Hernández Alvarado no estaba dispuesto a que nada ni nadie —ni siquiera la Constitución— se interpusiera en su camino a mantenerse al frente del poder ejecutivo. En tal sentido, se propuso configurar una plataforma aliada en el seno del poder judicial y dispuso la incorporación de nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, quienes dieron al traste con la letra de la Carta Magna para permitirle quedarse en el cargo.
Así, los jueces afectos a JOH en el seno de la CSJ, procedieron a la revisión de unos recursos interpuestos por 16 diputados oficialistas y por el expresidente Rafael Leonardo Callejas, que solicitaban declarar la “inaplicabilidad” del artículo 239 y, en tal sentido, decidieron conceder la petición. Una decisión que allanó el camino para que Hernández Alvarado se reeligiera a pesar de las protestas levantadas en contra de ello.
Las primeras alarmas sobre el sistema electoral
Con el camino libre de obstáculos, Juan Orlando Hernández buscó la reelección y en los comicios de 2017 obtuvo el triunfo por un estrecho margen en el que se cuestionó la transparencia de los comicios.
El proceso electoral se vio enturbiado por una serie de eventos irregulares, entre ellos cambio progresivo en la tendencia de los resultados tras el primer anuncio del Tribunal Supremo Electoral y la contabilización de los votos por medio de los cuales el TSE declaró ganador a JOH, “en medio de un apagón en la publicación de datos que el órgano electoral calificó de fallos puntuales en el sistema informático, pero que la oposición dice que duró 36 horas durante las que se fraguó el ‘fraude’”.
A esto se sumaba el descontento de los contendientes de JOH con la actuación del árbitro electoral, conformado sin representación plural.
Sobre la transparencia de estos comicios, incluso, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) estimó que “No existen condiciones para afirmar que el ganador es uno u otro, y ello demuestra que este proceso se ha visto afectado por marcadas irregularidades y deficiencias, por la violencia de unos y otros antes, durante y después del acto eleccionario, se ha visto afectado por actores externos e internos que han apostado a la desestabilización, se ha visto afectado por la falta de garantías previas y post acto electoral y se ha visto afectado por la corrupción que rodea al sistema político hondureño”.
Y es que para la MOE-OEA en las elecciones hondureñas habían ocurrido “Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
Ante tal panorama, el secretario general del organismo, Luis Almagro, recomendó la repetición de las elecciones.
Sistema electoral vulnerado
El informe de la MOE-OEA refiere que el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE) presentó fallas durante 13 horas de las cuales en 6 no estuvo disponible y, ante la situación, consideró necesario obtener información propia a partir del trabajo de técnicos contratados por la OEA especialmente para este fin.
La auditoría de la OEA encontró que el “servidor primario de bases de datos en el que se procesaba y almacenaba la información del escrutinio, tras verse afectado por el incidente del 29 de noviembre, no fue preservado siguiendo las buenas prácticas en el tratamiento de incidentes informáticos”. Además de una serie de irregularidades respecto a “los logs (registros) de servidores Windows Server 2012 y las bases de datos SQL Server que procesan y almacenan datos del sistema de cómputo en el cual se originó el incidente (…)”.
Concluyeron los auditores de la OEA que, si bien “no identificó acciones concretas con el propósito de alterar de manera dolosa los resultados del escrutinio o publicación de los resultados, no obstante ello, concluye que el sistema tal como se operó no era lo suficientemente robusto para impedirlo”.
Llama la atención un aparte del Informe Final que dice: “La Misión también pudo documentar el acceso a los servidores mediante escritorio remoto desde las oficinas de la empresa a cargo del escaneo y transcripción. Dicho acceso no controlado por el TSE (sin presencia de testigos al acceder) con privilegios de administrador representó un severo riesgo de seguridad. Se comprobó que es uno de los medios por los cuales la empresa brinda soporte técnico, pero se trata de una violación a las buenas prácticas de seguridad informática durante un proceso de escrutinio”.
La sombra del fraude se había establecido en Honduras y de ello también se hizo eco Human Rights Watch, cuyo director para las Américas, José Miguel Vivanco sentenció que “hay indicios contundentes de fraude electoral en Honduras, y estos señalamientos deben ser investigados y debe respetarse la voluntad de los votantes”.
De TSE a CNE
La cuestionada conformación del Tribunal Supremo Electoral llevó a que la Unión Europea recomendara en su informe de observación de los comicios de 2013, el reforzamiento de la confianza en el organismo como institución neutral.
Apuntó el reporte que la neutralidad se veía comprometida por el hecho de que el TSJ de que sus integrantes eran escogidos por el Congreso con base a criterios de índole político. Detalló que “los órganos descentralizados de la administración electoral están explícitamente integrados por los partidos políticos, lo que compromete su percepción como órganos imparciales e incluso una gestión de carácter neutral.
Una reforma electoral implementada en 2019, dio paso a la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en sustitución del TSE vigente desde 1977. El CNE sólo tiene atribuciones administrativas y logísticas delegándose los asuntos de mayor envergadura en el Tribunal de Justicia Electoral. El CNE lo integran tres consejeros propietarios y dos suplentes, electos por mayoría calificada de al menos dos tercios de los miembros del Congreso.
Smartmatic aparece en escena
El pasado 6 de septiembre de este 2021, las autoridades del CNE informaron la implementación de un sistema biométrico a través de reconocimiento facial y lectores de huellas digitales, habiendo resultado electa la empresa Smartmatic como la que suministre el servicio.
Sobre esta compañía registrada en el estado de la Florida, Estados Unidos y financiada con recursos públicos venezolanos durante el régimen de Hugo Chávez, recaen múltiples denuncias de irregularidades e interferencias en los procesos comiciales de diversos que han contratado sus servicios.
Elecciones en Venezuela, Bolivia y Filipinas, por citar algunos casos, han sido sumamente cuestionadas al haberse establecido un elemento común en todas ellas que generado sombras sobre los resultados que los procesos electorales amparados por Smartmatic han arrojado: la existencia de servidores paralelos y secretos que, se estima, podrían alterar los datos que viajan desde las máquinas de votación hasta el servidor central que emite los resultados.
Tales hechos han sido ampliamente denunciados por el experto en fraudes electorales Guillermo Salas, fundador de la organización de contraloría electoral Esdata.
Salas refiere que el origen de las irregularidades en la que Smartmatic ha tenido protagonismo, tiene su base en Venezuela, específicamente en el año 2004 cuando tuvo lugar el referendo revocatorio contra Hugo Chávez y la empresa fue contratada para encargarse del proceso, pese a carecer de la experticia y la capacidad para hacerlo.
De ser una pequeña compañía que funcionaba en una habitación de la casa de los padres de uno de sus fundadores, pasó a comprar grandes empresas en EE.UU. y a manejar elecciones en todo el mundo con su cuestionado sistema electrónico de votación que, sostiene, presenta innumerables vulnerabilidades.
