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Jueces y fiscales, indignados con el Gobierno por suprimir la sedición: «Están desarmando el Estado de Derecho»

Fuentes judiciales y fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez «está desarmando el Estado de Derecho» con la eliminación del delito de sedición. «España como bien jurídico se queda más desprotegida ante posibles amenazas contra su integridad», añaden.

«La eliminación de la sedición deja un vacío en el Código Penal y un escenario de desprotección del orden constitucional frente a amenazas futuras. Lo más grave de todo es la motivación del Ejecutivo por la que se elimina este tipo penal, que es beneficiar a los condenados por el 1-O. El Gobierno deja al Poder Judicial a los pies de los caballos», apuntan.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que con «la desaparición de la sedición, se elimina el efecto disuasorio para cometer estos hechos delictivos. Beneficia a los reos del 1-O que podrán volver a la actividad política pronto y además allana el camino para que episodios similares pueden repetirse al quedar prácticamente impunes».

Cuando la supresión de la sedición se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Tribunal Supremo dictará una providencia para que las partes personadas en la causa del 1-O, incluida la Fiscalía o la acusación popular que ejerce Vox, se pronuncien sobre la revisión de las penas a los condenados. Posteriormente, la Sala Penal del Supremo tomará la decisión final sobre la pena impuesta a los golpistas.

Cabe destacar que los magistrados tendrán que estudiar detenidamente si los hechos sentenciados por el Supremo sobre el golpe del 1-O pueden encajar en el nuevo delito de «desórdenes públicos agravados» acuñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez

Mientras tanto, los 8 vocales izquierdistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dos vocales conservadores han evitado que salga adelante la iniciativa de 8 vocales para solicitar al Ejecutivo ser escuchados en relación a la supresión de la sedición.

En su voto particular, los 8 vocales conservadores promotores de la iniciativa afirmaban que «llama la atención que en reiteradas ocasiones nos encontramos con importantes reformas que afectan al Poder Judicial y que, en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso de los Diputados como proposiciones de ley, obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma».

«Desórdenes públicos agravados» por sedición

La proposición de Ley orgánica que deroga el artículo 544 del Código Penal sobre el delito de sedición y modifica el artículo 557 para crear lo que el propio Sánchez denominaba «desórdenes públicos agravados». Una reforma que supone una «amnistía encubierta» para todos los golpistas que organizaron y participaron activamente en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El texto del Gobierno para definir el delito de desórdenes públicos agravados tras suprimir la sedición señala que «serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios».

Además, la proposición de Ley añade que «los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años».

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