Inicio Actualidad La Abogacía del Estado pide para Junqueras la mitad que la fiscalía

La Abogacía del Estado pide para Junqueras la mitad que la fiscalía

La Abogacía del Estado considera que lo ocurrido en Catalunya hasta declarar la independencia unilateralmente fue consitutivo de los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave, por los que pide penas que oscilan entre los 12 años de prisión y la multa para los 18 procesados.

La pena superior corresponde a los antiguos miembros del Govern, que jugaron “el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias” para realizar el referéndum ilegal del 1-O. A seis de ellos -el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el de Presidencia Jordi Turull, Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Josep Rull (Territorio) y Dolors Bassa (Trabajo)- se les acusa de sedición y malversación. Para Junqueras solicita 12 de cárcel y para el resto 11 años y medio por su estatus de “autoridad” y haber “inducido, sostenido y dirigido la sedición” como miembros dle Govern.

Según el abogado del Estado, la malversación fue el medio necesario para cometer la sedición, consistente en alzarse “pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes” o el cumplimiento de “resoluciones administrativas o judiciales”. 

“Es una obviedad decir que el proceso descrito (…) es imposible que se realizara sin la realización del correspondiente gasto público. Gastos tales como los relativos a publicidad institucional, organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales, aplicaciones informáticas, locales para el recuento, etcétera”, relata el escrito.

En el caso de los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados –Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santiago Vila (Empresa)- la Abogacía del Estado aprecia los delitos de malversación y desobediencia grave por autoridad pública. El primero, por adoptar “los acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos”. El segundo, por desoír sistemáticamente los acuerdos del Tribunal Constitucional. Por ambas infracciones pide para ellos siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa.

Líderes sociales

A los líderes de Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el escrito los señala como autores de un delito de sedición que también habrían “inducido, sostenido y dirigido”, aunque sin contar con la condición de “autoridad”, por lo que pide para ellos ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta. 

Su papel, según el escrito, habría sido el de liderar la movilización social “como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales” que exige el delito de sedición. Gracias a su acción se produjeron “actos contra decisiones judiciales legítimas y contra la actuación de autoridades o funcionarios públicos que pretendían dar cumplimiento a esas resoluciones judiciales”. 

Por último, el tercer polo de esta actuación presuntamente delictiva, estuvo formado por los antiguos cargos del Parlament. Para su expresidenta Carme Forcadell se solicitan 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta como presunta autora de un delito de sedición. Forcadell, al igual que los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat acusados, tenía condición de “autoridad” al ejecutarse los hechos. 

El exvicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, se enfrentarán a peticiones de multa de 10 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de un año y ocho meses por presunta desobediencia grave. 

El mismo delito se achaca al exsecretario tercero de ese órgano, Joan Josep Nuet, y a la expresidenta del grupo de la CUP Mireia Boya. Sin embargo, en estos dos últimos casos, las condenas reclamadas se reducen a multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.