La Amnistía Fiscal de Montoro, tumbada por el TC

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido anular el decreto ley que aprobó la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro aprobado en marzo de 2012. El TC recoge que una amnistía debe realizarse por ley, no por decreto ley. Lo argumenta en la importancia de la medida y recuerda que no se puede usar una iniciativa legal de este rango para facilitar la evasión de rentas en contra del principio de justicia social.

De ahí que la resolución no implique que las cantidades pagadas para la regularización de patrimonios –el 3%- no vayan a ser devuelta a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía. De hecho, la decisión no plantea retroactividad alguna, puesto que cuestiona la forma en que se tiró adelante la amnistía, no la amnistía en sí.

Una amnistía rodeada de polémica

La amnistía de Montoro para repatriar el dinero oculto en el extranjero trajo cola en los años posteriores, tras demostrarse que en muchos casos el tipo efectivo que se abonó era menor al planteado en un principio, ese 10%. Finalmente, se pagaron tipos que rondaron el 3%. Esta diferencia desencadenó un choque con Ciudadanos, que exigía al Gobierno revisar el proceso.

A esa amnistía se acogieron 30.000 personas, entre las que se contaban diversas personalidades públicas, entre las que se cuentan el exvicepresidente de Gobierno Rodrigo Rato, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y alguno de los hijos de Jordi Pujol.

Desde Hacienda siempre se ha defendido la legalidad de la medida. A finales de mayo fue el propio Montoro el que defendió en el Congreso que se han dado “inspecciones muy numerosas por parte de la Agencia Tributaria” a raíz de las declaraciones de los amnistiados. En este sentido, a finales de 2016 Hacienda recordó que la investigación a los amnistiados no caduca, ya que los delitos de este tipo suelen prescribir a los cuatro años, que se cumplían a finales del año anterior.

30.000 personas regularizaron su situación

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