La Asociación Profesional de la Magistratura, la organización más representativa de la carrera judicial (el 25% de ella, con 1.355 afiliados), no se sumará a las organizaciones de jueces y fiscales que el próximo martes firmarán con los Ministerios de Justicia y de Hacienda una subida salarial que, para la APM, es «indignante, humillante, un insulto».
En un largo comunicado dirigido este viernes a los jueces, la APM despeja la incógnita sobre su postura final tras la reunión de la mesa de retribuciones de ayer, en la que el Gobierno logró un acuerdo para la subida de 447 euros brutos mensuales de promedio con las otras tres asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y con todas las de la carrera fiscal (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).
«El Gobierno mantiene el deseo de que finalmente la propuesta sea suscrita también por la única asociación que no se ha pronunciado», indicaba un comunicado distribuido por el Ministerio de Justicia tras la reunión de ayer. Ya tiene la respuesta: la APM «no va a firmarlo».
Una vez acabado el proceso negociador «por la capitulación de otros«, afirma en el comunicado de hoy, la APM recuerda que las cuatro asociaciones judiciales concretaron en un congreso interasociativo celebrado hace más de dos años en Albacete cuáles iban a ser sus reclamaciones económicas.
En febrero de 2021 todas las asociaciones judiciales solicitaron la convocatoria de la mesa de retribuciones, petición que fue ignorada por el Gobierno hasta el punto de que se llegó a interponer una demanda para forzarle a realizar una convocatoria que, de acuerdo con la Ley de Retribuciones de 2003, era obligada.
La APM está convencida de que el Gobierno no hubiera convocado la mesa de retribuciones el pasado 3 de mayo si no hubiera estado anunciada una huelga indefinida de jueces y fiscales para el día 16 siguiente.
En la reunión del 3 de mayo los Ministerios de Justicia y Hacienda ofrecieron una subida del complemento de destino de 44 millones de euros, equivalente al 6% de la masa retributiva total y muy lejos del 22% de pérdida del poder adquisitivo cuantificada por los jueces desde 2010.
Ruptura de la unidad
Según el relato de la APM, el domingo 7 de mayo, en el grupo de Whatsapp que compartían los jueces y fiscales negociadores, la asociación Francisco de Vitoria anunció que en la reunión de la mesa convocada para el día siguiente iba a pedir unos 67 millones, «cantidad que no representa siquiera el 9% de subida lineal».
«En ese momento», afirma la APM, «ya supimos que cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo digno se había esfumado porque, no nos engañemos, en un chat donde hay representantes de todas las asociaciones -siete- todos sabemos que puede haber filtraciones y que en el Ministerio de Justicia conocerían en poco tiempo que nos conformábamos con esa cantidad (…), en el Ministerio de Justicia ya sabían que alguno cedía pronto«.
Pese a que todas las asociaciones aceptaron la petición del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, de suspender la huelga para seguir negociando, en las reuniones del 16 y 18 de mayo el Gobierno no se ha movido de la cantidad ofrecida el 8 de mayo, 46,7 millones, equivalentes a una subida lineal del 6,5%.
«No ha habido voluntad alguna por parte del Ministerio de Justicia de elevar esa cantidad», señala la APM.
A su parecer, ese acuerdo «supone la renuncia a recuperar la pérdida de poder adquisitivo que hemos padecido durante todos estos años, que ya no la podremos reclamar ni a este Gobierno ni a los sucesivos al aceptarse por algunos el 6,5%, es decir, la diferencia hasta el 22%, o sea, un 15,5%».
Esta pérdida «se trasladará también a las ulteriores actualizaciones del IPC y a todas las hipotéticas subidas futuras, que se calculan sobre el total de nuestro salario. Y lo peor, no sabemos cuándo se producirá una nueva revisión de nuestras retribuciones y nos condenamos así durante mucho a tiempo a aceptar esta subida mínima«, añade.
«Por 30 monedas de plata»
Según los cálculos de la Asociación Profesional de la Magistratura, la subida neta mensual que la propuesta del Gobierno representa para la nómina de los jueces de entrada -los más jóvenes y los que menos cobran- será de 64,96 euros a cobrar en la primera fase (el próximo octubre), 162,13 euros entre enero y junio del año que viene y 210,24 euros en la tercera fase, a partir de julio de 2024. «Estos 210 euros son las 30 monedas de plata», manifiesta.
«Éstas son las razones que impiden a la Asociación Profesional de la Magistratura firmar este acuerdo», concluye. «Después de 20 años esperando la convocatoria de la mesa de retribuciones, la mera convocatoria no puede satisfacernos» y «la raquítica subida del 6,5% nos parece indignante, humillante y un insulto».
El comunicado no menciona qué hará la APM respecto a la huelga, medida que dejó en suspenso el pasado día 11. Fuentes de la asociación indicaron que, al estar suspendida, no hay premura, pero en todo caso lo decidirán en breve.
