La Audiencia da por acreditada la financiación ilegal del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008

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La Audiencia Nacional da por acreditada la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008 y condena a 18 de los veinte acusados del juicio a la trama Gürtel en dicha comunidad autónoma a penas entre cuatro meses y seis años y nueve meses de cárcel por delitos electorales, falsedad documental y delitos tributarios. Entre ellos, al ex secretario general del PP en Valencia Ricardo Costa, a quien el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, impone una pena de cuatro años de prisión -al aplicarle la atenuante de confesión-, y al líder de la red corrupta, Francisco Correa, sobre quien ha recaído una condena a cinco años y tres meses de prisión. El magistrado, sin embargo, absuelve al ex vicepresidente de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba seis años y tres meses de cárcel. A los nueve empresarios que, tras cerrar un pacto con la Fiscalía, confesaron haber financiado ilegalmente al PP valenciano con más de 1,2 millones de euros, la Audiencia les condena a penas inferiores a dos años de cárcel, pero conmutables con el pago de multas que alcanzan los 154.500 euros. En total, estos empresarios ya han abonado más de un millón de euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias.

La mano derecha de Correa, Pablo Crespo, ha sido condenado a cinco años de cárcel; Álvaro Pérez “el Bigotes”, a seis años y nueve meses; Cristina Ibáñez, ex gerente del PP valenciano, a tres años y cuatro meses; la ex tesorera Yolanda García, a cuatro meses y el ex vicesecretario de la formación en la comunidad autónoma, David Serra, a tres años y ocho meses de cárcel. Al igual que a Correa, la Audiencia ha aplicado la atenuante de confesión tanto a Crespo como a “el Bigotes”.

En la sentencia se acredita que “con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008”, los acusados integrados en el PP valenciano contrataron a la mercantil Orange Market, buque insignia de la trama Gürtel en Valencia, cuyos servicios “abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros”.

Para organizar las campañas de 2007 y 2008 el PP de la Comunidad Valenciana contrató a la mercantil del Grupo Correa para desarrollar el plan de campaña. Los acusados “no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista por la ley y recurrieron a empresarios, infringiendo la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas”. Por tener contratos con las Administraciones Públicas “no podían hacer donaciones al Partido Popular”. Por ese motivo, los pagos a Orange Market por su trabajo en Valencia “se materializaron como pagos por supuestos servicios” que no había prestado a estos empresarios.

Respecto a los delitos electorales cometidos por los acusados, la Audiencia asegura que se trata de un delito de riesgo, pues “en síntesis se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos”. El juez concluye que afecta a los intereses generales que los financiadores sean o vayan a ser adjudicatarios de obras o servicios públicos, algo que empaña de una manera “absoluta” la requerida neutralidad y objetividad.

La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por Orange Market SL y por el PP de Valencia por la organización de actos con motivo de los procesos electorales de 2007 y 2008. “Sin embargo -señala el juez- fue muy superior el servicio que encargó y recibió”. En concreto, la sentencia cifra en 1.155.231 euros el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización en relación con los actos ejecutados para las elecciones autonómicas de 2007, así como 78.878 euros por las autonómicas de ese año. Con motivo de las elecciones de 2008, el juez cifra en 801.810 euros por los servicios prestados por Orange Market SL y que tampoco fueron objeto de facturación y contabilización.

A Correa le ha beneficiado su confesión y la transferencia desde Suiza de dos millones de euros, el pasado 3 de mayo, para hacer frente a las multas por fraude fiscal.

Más de la mitad de los 19 procesados reconocieron los hechos durante el juicio, incluido el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa aunque en su caso la Fiscalía Anticorrupción no le aplicó la atenuante de confesión. Eso sí, pasó de pedir para él una condena a siete años y nueve meses de prisión a una de cuatro años y tres meses.

Tanto en el caso de Costa como el de Correa, el juez reconoce que sus confesiones han sido tardías y provocadas por las de los empresarios. Pero no por ello dejan de ser relevantes para confirmar los indicios que existían y para contribuir a esclarecer otros procedimientos aún pendientes en relación con la “trama Gürtel”.

Respecto a la responsabilidad de los políticos, la sentencia sitúa a Costa como “el hombre que está atrás”, pues tuvo el dominio funcional del hecho delictivo respecto a la financiación ilegal de las sucesivas contiendas electorales. Sin embargo, precisa que “ni se acredita indiciariamente ni se contempla ni se acusa de ninguna clase de enriquecimiento personal” por esos actos, que se cometieron “por pura ambición política de alcanzar y permanecer en el Poder”.

Respecto a las imputaciones realizadas por otros acusados a Francisco Camps, el juez recuerda que comparecieron como testigos aunque su declaración fue totalmente infructuosa porque en relación con los hechos “nada saben, nada recuerdan, nada reconocen” y que aun considerando que han sido designados como artífices del mecanismo defraudatorio, tienen derecho a no declarar contra sí mismos y a no declararse culpables.