La Audiencia Nacional absuelve al expresidente y al ex consejero delegado de Abengoa

La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente y al ex consejero delegado de Abengoa, Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, de un delito de administración desleal por cobrar una indemnización de 11,4 millones de euros y 4,4 millones de euros respectivamente a pesar de la situación crítica de la compañía.

La Sección Cuarta de lo Penal, presidida por Ángela Murillo, así lo ha acordado en una sentencia notificada hoy a las partes en la sede de la Audiencia Nacional. El fiscal del caso solicitaba cinco años para el expresidente de la firma sevillana y una multa de 180.000 euros. Además, pedía para Sánchez Ortega cuatro años de cárcel y tres meses, y una multa de 140.000 euros.

Benjumea, en el centro, y Sánchez Ortega, a su izquierda, durante el estreno de la compañía en el Nasdaq, en Nueva York, en 2013
Benjumea, en el centro, y Sánchez Ortega, a su izquierda, durante el estreno de la compañía en el Nasdaq, en Nueva York, en 2013 (EFE)

A ambos se les acusaba de delitos de administración desleal por las respectivas indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones de euros que percibieron en 2015 tras dejar la gestión pocos meses antes de del preconcurso de acreedores. El Tribunal les absuelve al entender que no ha quedado acreditada la administración desleal de los bienes de Abengoa y que esas indemnizaciones se adecuaban a la normativa legal y contractual exstente.

Los hechos juzgados se remontan a 2015, cuando se formalizó la salida de la entidad del presidente Felipe Benjumea y del consejero delegado Sánchez Ortega. Las cláusulas de los contratos firmados contenían indemnizaciones por cese anticipado de 11,4 millones de euros en el caso del primero y 4,5 en el del segundo, a las que, según el fiscal, no tenían derecho y no se correspondían con el estado por el que atravesaba la empresa, que tuvo que acogerse al preconcurso de acreedores.

En una sentencia de 252 páginas, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal consideran que no ha quedado acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de 2015 fueran concebidos y elaborados para favorecer “improcedentemente” al entonces presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, ni al entonces consejero delegado, Sánchez Ortega, puesto que venían impuestos por la reforma, por Ley 31/2014 de 3 de diciembre, del Real Decreto Legislativo 1/2010 de julio por la que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Debido asesoramiento

Esos contratos, según explica el Tribunal, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que aparezca, dicen, que los acusados intervinieran en la redacción de sus cláusulas, cláusulas que en su aspecto económico recogían estipulaciones ya establecidas o bien imperantes en la mayoría de las sociedades mercantiles de similares perfiles.

Para la expresidenta de la comisión, Mercedes Gracia, y los exconsejeros Alicia Velarde y Antonio Fornieles solicitaba cuatro años, y también han quedado todos absueltos. En relación con estos tres miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, la Sala entiende que tampoco ha quedado acreditado que actuaran “torticeramente en el proceso de proposición de los acuerdos relativos a la elaboración de los mencionados contratos mercantiles”.

Los jueces recuerdan que contaron con el correspondiente asesoramiento técnico a efectos de “posterior aprobación por el Consejo de Administración, se adecuaban a lo establecido en la normativa legal y contractual aplicable”.

La caída de Abengoa

Abengoa entró en barrena a finales del 2015, cuando la empresa energética fracasó en su intento desesperado de ampliar capital y se vio abocada a presentar preconcurso de acreedores. Fue el mayor de la historia de España, ya que el grupo tenía deudas de 25.000 millones de euros.

A partir de ese momento, la compañía llevó a cabo una reestructuración durísima que culminó en noviembre del año siguiente, cuando la junta de accionistas aprobó la capitalización de deudas y la entrada de nuevos fondos que diluyeron hasta el 5% del capital a los antiguos accionistas. Abengoa pasó así a estar controlada por la banca y los fondos.

Reinvención con causas pendientes

Desde entonces, la empresa, cuyo valor en bolsa ronda los 300 millones de euros –llegó a valer 4.000 millones-, se ha centrado en el cumplimiento de su plan de viabilidad, que le obliga a vender activos para devolver el dinero a los fondos.

En paralelo, los juzgados interfieren en la realidad del grupo que ahora preside Gonzalo Urquijo. A finales del año pasado, el juez mercantil de Sevilla aceptó buena parte de las impugnaciones del acuerdo de refinanciación, lo que implica un aumento de la deuda aún no definido. Y en la Audiencia Nacional, al margen del caso de las indemnizaciones, hay otro procedimiento abierto contra los antiguos gestores por presuntos delitos relativos a la forma en que llevaron la contabilidad del grupo.

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