La Autoridad Fiscal advierte del riesgo financiero de nueve Ayuntamientos

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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el órgano encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha alertado este martes sobre la delicada situación financiera de nueve ayuntamientos: Jérez de la Frontera, Alcorcón, Parla, Jaén, Gandía, La Línea de la Concepción, San Andrés de Rabanero, Totana (Murcia) y Navalcarnero. “El grado de cumplimiento anual de las reglas fiscales reviste una importancia secundaria frente a un problema estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas”, apunta la institución presidida por José Luis Escrivá. La Autoridad Fiscal recomienda al Gobierno que convoque una comisión de expertos que analizar las causas y soluciones de la alarmante situación de estas corporaciones.

La Airef ha presentado este martes el informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de 2018 de los Ayuntamientos. En el documento recalca que el conjunto del sector local registrará un superávit de en torno al 0,6% del PIB, en línea de los ejercicios precedentes. Las corporaciones municipales registran ahorros desde 2012, cuando entró en funcionamiento la ley de estabilidad que les obliga a cuadrar sus cuentas.

El organismo recuerda que la ley de reforma local, aprobada en 2012, también introduce medidas para garantizar la sostenibilidad a medio plazo. En este contexto, los Ayuntamientos han podido sanear sus finanzas gracias al cumplimiento de la regla de gasto –un instrumento de la ley de estabilidad que impide a los alcaldes disparar el gasto–. Pero la institución avisa de que ocho Ayuntamientos incumplirán la regla de gasto en 2017. Entre estos figura Madrid, Valencia, Las Palmas, Bilbao; Córdoba, Gijón, el cabildo de Tenerife y el consejo insular de Mallorca.

Precisamente el Ayuntamiento de Madrid ha mantenido un duro pulso con el Ministerio de Hacienda a cuenta del cumplimiento de la regla de gasto. El ministerio llegó a aplicar algunas de las medidas coercitivas más contundentes que recoge la ley de estabilidad y obliga a la administración que dirige Manuela Carmena a informar semanalmente de sus compromisos financieros y de la evolución presupuestaria.