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La causa del 1-O en peligro: se archivará si los hechos sentenciados no encajan como «desórdenes públicos agravados»

La causa del 1-O se encuentra en grave peligro después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya propuesto la supresión del delito de sedición. Este viernes, PSOE y Podemos presentaban su proposición de Ley orgánica que plantea derogar el artículo 544 del Código Penal sobre el delito de sedición y modifica el artículo 557 para crear lo que el propio Sánchez denominaba «desórdenes públicos agravados». Una reforma que supone una «amnistía encubierta» para todos los golpistas que organizaron y participaron activamente en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que «la causa sobre el 1-O se archivará si los hechos probados recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019 no encajan en el nuevo tipo delictivo de desórdenes públicos agravados. Obviamente, el Ejecutivo ha redactado el nuevo tipo penal para que no encaje. Los hechos recogidos en la sentencia no se pueden modificar para adaptarlos a otro delito después de que se haya eliminado la sedición. Los mismos hechos por los que se juzgó y condenó a Oriol Junqueras, serán los mismos hechos por los que se tenga que juzgar a Carles Puigdemont«.

Las mismas fuentes consultadas por LD explican que «cuando la proposición de Ley del Gobierno sea aprobada y publicada en el BOE, el Supremo deberá dictar una providencia para que las partes personadas en la causa informen sobre la revisión de la sentencia, es decir, sobre cómo afecta a los condenados la supresión de la sedición».

«Posteriormente, la Sala Penal del Supremo deberá decidir si los hechos probados en la sentencia se corresponden con el delito de desórdenes públicos agravados. También si la malversación se ha visto afectada por la supresión de la sedición, o si cabe una posible administración desleal o similar. Si los magistrados consideran que los hechos de la sentencia no caben en el nuevo delito acuñado por el Gobierno, tendrán que decretar la extinción de la responsabilidad penal. Por último, el instructor del 1-O, el magistrado Pablo Llarena, en función de lo resuelto por la Sala deberá decidir si archiva la causa«, concluyen.

Recordamos que el texto del Gobierno para definir el delito de desórdenes públicos agravados tras suprimir la sedición señala que «serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios».

Además, la proposición de Ley añade que «los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años».

La Fiscalía se plantea acusar por tentativa de rebelión

Tal y como publicó LD, la Fiscalía se plantea acusar por tentativa de rebelión al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont para esquivar la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez con los golpistas del 1-O tras suprimir el delito de sedición.

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, procesó en marzo del año 2018 por un delito de rebelión al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont; los exconsejeros Clara Ponsatí y Antoni Comín; y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Por tanto, existe la posibilidad de que el Ministerio Público intente llevar a juicio a Puigdemont y al resto de fugados por un delito de tentativa de rebelión.

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