GUADALAJARA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares y de protección por el caso de los italianos desaparecidos hace 47 días en Tecalitlán, Jalisco, y solicitó al Gobierno de México que “adopte medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”.
La Comisión urge a las autoridades de seguridad y justica mexicanas a emprender “acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados”.
La Fiscalía General abrió una carpeta de investigación en torno al caso y mantiene detenidos a policías municipales de Tecalitlán a quienes se juzgará por el cargo de desaparición forzada, ya que habrían privado de su libertad a los extranjeros para entregarlos a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Se cuentan 11 víctimas en cuatro casos
En lo que va del presente año se registran al menos once víctimas de desaparición forzada en Jalisco, delito que contempla a autoridades como agresores, y se trata de cuatro casos: el primero, por el que se detuvo al jefe policiaco de Encarnación de Díaz, y los otros tres, contando el caso de los italianos, se verificaron en el sur del estado.
Tecalitlán fue escenario del plagio de dos jóvenes se asustaron por la presencia de Marinos al salir de un bar, y éstos los golpearon para que les informarán de narcotienditas, y casas de seguridad en el municipio; sólo apareció mal herido uno de los muchachos, en un arroyo de aguas negras.
Un hecho más se verificó en Autlán de Navarro, donde se señala a cinco policías por la privación ilegal de la libertad de cuatro comerciantes originarios de Minatitlán Veracruz, quienes fueron detenidos afuera de un bar por elementos de la Policía de Autlán de Navarro. Esta semana se encontraron en una finca en construcción, los restos de cuatro personas que se presume podrían ser los desaparecidos, y se detuvo a un sujeto ligado al Cartel Jalisco; en tanto los agentes policiales se encuentran libres, y enfrentan su juicio en libertad gracias a un amparo por violaciones al debido proceso.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta enero del 2018 hay 34 mil 656 personas desaparecidas, 25 mil 682 hombres y ocho mil 974 mujeres; de los cuales dos mil 600 casos corresponden a Jalisco, y de éste universo 385 son desapariciones forzadas.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, (CEDHJ), investiga 49 casos de desaparición forzada en la entidad.
La desaparición forzada se tipificó como acto delictivo en México, en abril de 2011, pero con una serie de lagunas legales que obstruían una adecuada impartición de justicia; luego en septiembre de 2013, el Congreso de Jalisco modificó las leyes del Sistema de Seguridad Pública, de Justicia Alternativa y los códigos Penal y de Procedimientos Penales para convertirlo en un delito local, y otras entidades adoptaron el modelo.
A finales de 2017, el Gobierno de Jalisco resarció económicamente, por vez primera, a una familia afectada por una desaparición forzada, llevada a cabo por elementos de la Comisaría de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque en el año 2012. La esposa de la víctima fue avisada de una detención por parte de elementos de dicha corporación, por lo que inició su búsqueda en los separos, sin éxito alguno; su cónyuge fue localizado sin vida días después en el Servicio Médico Forense.
El estado es la entidad en la más personas pidieron practicarse una prueba genética durante la Jornada de Toma de Muestras de ADN, celebrada en 11 estados de la República, fueron 726 familiares de alguien desaparecido. A nivel nacional se contabilizaron mil 134
