La comisión antipederastia del Papa lleva un año en el limbo

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Nicole Winfield, periodista que ha cubierto tres Papas, le preguntaba esta semana a Francisco por qué la comisión antipederastia del Vaticano, que lideraba Sean O’ Malley (el cardenal que criticó al Pontífice por su defensa del obispo chileno Juan Barros, acusado de encubridor), todavía no ha sido renovada. “Hay personas que se preguntan si esto es una señal de que la protección de los menores no es una prioridad”, le dijo la cronista al Papa. “No crean que no la vamos a hacer… son los tiempos normales”, respondió él, en el vuelo de regreso del viaje por Chile y Perú.

Desde su elección en 2013 como jefe máximo de la Iglesia católica, Francisco se ha resistido a que la institución se hundiese por el escándalo de los abusos sexuales de sacerdotes y anunció “tolerancia cero” con este asunto. Expresión de ello fue, entre otras medidas adoptadas, la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, creada por Francisco el 22 de marzo de 2014 y cuyos trabajos, destinados a poner al día las normas antipederastia dictadas en su momento por Benedicto XVI, empezaron al año siguiente. 

No obstante, el mandato de la comisión caducó en diciembre y desde entonces sus trabajos están paralizados, algo que ha suscitado preocupación entre los defensores de las víctimas de abusos de sacerdotes. Más aún que la polémica sobre Barros- que ha empañado el final de la gira papal por América Latina-, el problema es que ha ocurrido precisamente ahora, cuando el camino del organismo ya no discurría con facilidad. 

El primer traspié se produjo ya en febrero de 2016, cuando Peter Sanders, activista antipederastia y él mismo una víctima de un cura abusador, fue apartado del organismo, después de lanzar un duro ataque contra el cardenal australiano George Pell. Según Sanders, Pell, que entonces ostentaba el cargo de prefecto de la Secretaría de Economía, había presentado una serie de certificados médicos para evitar acudir a hablar ante la comisión. 

“Está engañando a la comisión, al Papa y a las víctimas”, dijo Sanders de Pell. A pesar de ello, el activista siguió en el cargo, aunque solo por unos meses. En junio de ese mismo año, en otra rueda de prensa pública, el Vaticano anunció que el Papa había decidido que el australiano abandonaba su puesto de prefecto vaticano, para volver a su país y defenderse allí de la acusación de haber cometido abusos sexuales. 

Falta de colaboración

Pero la renovada calma duró poco más de un año. En marzo de 2017, Marie Collins, la otra víctima miembro del organismo, anunció que también renunciaba a su puesto. En su mensaje de despedida, Collins explicó que su decisión se debía a la falta de colaboración que ella y sus colegas experimentaban por parte de los dicasterios de la Curia y en especial del “mayormente involucrado al tratar los casos de abusos”, afirmó, en referencia a la Congregación de la Doctrina de la Fe

El caso disparó las alarmas sobre la comisión, cuya labor, de acuerdo con un integrante de la misma consultado por este diario, “siempre ha sido muy complicada”. “Prueba que todavía hay cinco conferencias episcopales de África que no han presentado las líneas guías”, añadió la misma fuente, refiriéndose a los protocolos antipederastia que el Vaticano pidió a las iglesias locales durante el papado de Benedicto XVI.

Además de ello, la Comisión,que es un órgano de carácter consultivo, pero cuyos trabajos sirven para que otras instancias adopten eventuales medidas jurídicas, todavía no ha encontrado una solución definitiva a la cuestión de los consagrados (no religiosos) y laicos que trabajan en instituciones católicas y también cometen abusos.

Apartados de sus puestos

No todo, sin embargo, han sido derrotas para la Comisión para la Tutela de los Menores. En junio de 2016, Francisco aprobó, a través del motu propio ‘Como una madre amorosa’, una propuesta hecha un año antes por el organismo. Según la misma, todo obispo, eparca o superior gravemente negligente en el cumplimiento de su deber, puede ser apartado legítimamente de su puesto. La medida, de acuerdo con fuentes internas al organismo, ya ha sido aplicada contra algunos obispos de África y Asia que se habían negado a denunciar casos de abusos de clérigos.