La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha urgido a evitar que «se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas y la persecución a opositores y medios de comunicación» en el país, tras la reciente oleada de detenciones a opositores de la tiranía de Daniel Ortega.
A través de un comunicado emitido este viernes, los obispos nicaragüenses han recordado que «es de gran importancia la validez del principio de la división de poderes en el Estado» y han insistido en que quieren para Nicaragua «un sistema democrático, donde la autoridad política es responsable ante el pueblo y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social».
Este control por parte del cuerpo social «es posible ante todo mediante elecciones libres, creíbles, observadas nacional e internacionalmente que permiten a su vez, la elección y también la sustitución de los representantes», han indicado.
Los obispos han precisado, asimismo, que «la obligación» por parte de los cargos electos de rendir cuentas «garantizado por el respeto de los plazos electorales» es un «elemento constitutivo» de la representación democrática.
Además, también han criticado «la persistente situación de injusticia» y la promulgación de «leyes en detrimento de los Derechos Humanos, asedio y hostigamientos políticos«.
«Todos debemos exigir con los medios disponibles el respeto al voto del pueblo para que, como resultado de elecciones libres y transparentes, surja un Gobierno elegido por el pueblo soberano», ha pedido la Conferencia Episcopal, que ha apelado a la «conciencia» para elegir representantes que «respeten la dignidad de la persona, los Derechos Humanos y la libertad», unos principios que para la Iglesia Católica son «imprescindibles, impostergables e indiscutibles».
En las últimas dos semanas, las autoridades han detenido a cuatro precandidatos opositores. La primera en ser arrestada, acusada de un supuesto delito de blanqueo de capitales, fue Cristiana Chamorro, seguida de Arturo Cruz, por «atentado contra la sociedad y los derechos del pueblo», así como Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro, ante la preocupación de la comunidad internacional a tan solo unos meses de la elecciones previstas para noviembre.
