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La Corte Constitucional impone la creación de 16 escaños adicionales en el Congreso de Colombia para las víctimas del conflicto armado – La Gaceta de la Iberosfera

Sigue haciendo estragos en la política colombiana la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –mismo que fue sometido a plebiscito y rechazado por la mayoría de los votantes–. 

En julio de 2016 fue aprobado un acto legislativo (reforma constitucional) “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Este mecanismo incluía la posibilidad de aprobar leyes y reformas a la carta política de manera “exprés”.

Ahora la Corte Constitucional impone la creación de 16 escaños en la Cámara de Representantes para territorios y comunidades afectados gravemente por el conflicto armado, adoptada en diciembre de 2017. Con esta decisión tira por la borda el dictamen en primera instancia del Juzgado 16 Administrativo de Bogotá y en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había negado la tutela (recurso de amparo) presentado en aquel año por el senador Roy Barreras, quien promovía la creación de dichas curules.

Es decir, a pesar de que dicho proyecto no obtuvo la mayoría absoluta de los votos en el Senado, conformado en ese entonces por 102 senadores –razón suficiente para ser negado, tal como lo expuso en su momento el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia–; cuatro años después la justicia hace una interpretación particular y le exige al Congreso de la República, hoy presidido por el senador conservador Juan Diego Gómez, hacer los ajustes que requiera el proyecto y firmarlo para que sea promulgado por el Presidente de la República

No es un secreto que el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC ha sido punto de discordia en Colombia, no solo por haber sido rechazado en las urnas y aprobado después en un acto insólito por el Congreso de la República; sino porque el legislativo ha tenido que bajar la cabeza ante el “derecho de los jueces”. El fallo que exige la creación de estas 16 curules para las víctimas es una muestra adicional de esta coyuntura. 

La Corte justifica su dictamen en los siguientes puntos: 1) La validez de una acción de tutela en contra de la decisión de las mesas directivas del Congreso de la República; 2) El debido proceso en los procedimientos legislativos; 3) El procedimiento legislativo especial consagrado en el acto legislativo 01 de 2016; 4) El quórum o mayoría que requiere la aprobación de un proyecto por parte del Congreso; 5) La instancia para la debida conciliación; 6) La garantía del derecho a la reparación de las víctimas por la vía de la creación de circunscripciones especiales con representación en la Cámara de Representantes.

 La votación en el alto tribunal fue de 5 votos a favor y 3 en contra. 

Llama la atención que el accionante, senador Roy Barreras, interpuso la acción de tutela un año después del hecho, por lo cual no se trató de una reacción inmediata, y que los tres magistrados que se oponen a la decisión insisten en que la Corte invadió la competencia del legislativo, hecho que violaría el principio de separación de poderes. 

Esto último no es inusual en Colombia. El llamado “choque de trenes” ya cuenta con un historial de interferencias entre las ramas del poder público e incluso entre las altas cortes, surgiendo la Corte Constitucional como un representante casi único del constituyente primario, definiendo una y otra vez asuntos que en cualquier Estado de derecho corresponden al legislativo, reconocido como constituyente delegado. 

A partir de 2022, el Congreso de la República tendrá 16 representantes a la Cámara adicionales, que se suman a los cinco senadores y cinco representantes que tendrán las FARC hasta 2026. Los partidos políticos no podrán presentar candidatos en dichas circunscripciones, por lo cual los sectores cercanos al expresidente Uribe y conservadores han expresado su preocupación por el control territorial y político que puedan hoy mantener grupos cercanos a las disidencias de las FARC y a otros grupos armados, pues podrían hacerse a la representación política que en teoría sería para víctimas del conflicto. 

2022 será un año crucial para el sistema político y económico colombiano. La Corte Constitucional parece haber tomado partido y le ofrece hoy un camino aventajado a los defensores del acuerdo de paz, rechazado una y otra vez en las urnas y en el legislativo. 


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