La CUP antepone el referéndum a la fiscalidad y aprobará los Presupuestos

Esta vez sí. La CUP permitirá aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2017 e insuflará aire al “referéndum o referéndum” de Carles Puigdemont. En una votación dividida, el consejo político de la formación y su grupo de acción parlamentaria han decidido este sábado asumir la oferta del Gobierno catalán y evitar poner a prueba la amenaza del president de convocar elecciones si no era capaz de poder gestionar su día a día con unos recursos actualizados. Los anticapitalistas apuestan por afianzar la cadena de confianzas con Junts pel Sí pese a no haber logrado su demanda más ambiciosa: la modificación al alza de los impuestos de la renta (IRPF), de Sucesiones y de Patrimonio.

El resultado de la votación celebrada este mediodía –39 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones— confirma el creciente optimismo del Ejecutivo catalán durante esta semana, después de que el lunes entregara su última oferta a la CUP para que iniciara su debate interno y que el miércoles el Departamento de Enseñanza cerrara un preacuerdo con los sindicatos en el que se comprometía a aumentar este año en 5.500 plazas el cuerpo de docentes en las escuelas e institutos públicos (3.500 más que su oferta inicial).

Conseguir negociaciones extraparlamentarias se había convertido en una de las pretensiones de los anticapitalistas cuando permitieron tramitar los Presupuestos. Entonces afirmaron que su objetivo era abrir “el debate social” de las cuentas, lo que han conseguido las centrales sindicales tras convocar dos huelegas de docentes. Otra propuesta que ha superado los muros de la Cámara catalana es la partida de 45 millones de euros que el Gobierno catalán ha ofrecido para poner en marcha la renta garantizada de ciudadanía, cuya creación está pendiente de la aprobación de una iniciativa legislativa popular.

La de hoy es la mayor victoria de Puigdemont desde que hace poco más de un año asumió el primer cargo institucional catalán. Sus amenazas de adelantar elecciones han surtido efecto, aunque la votación de hoy no presupone una mayor estabilidad para su Ejecutivo, que tendrá que gestionar su titubeante relación con la CUP a diario. Pero sí evita el ridículo que hubiera supuesto, por segunda vez consecutiva en un plazo de siete meses, ver que no podía aprobar los Presupuestos. Además lo consigue sin haber tenido que ceder en la principal demanda ideológica de la CUP: una modificación sustancial en los principales tributos cedidos por el Estado que fuera en línea con una mayor progresividad fiscal. El partido del presidente catalán, PDECat, se niega a asumir esos cambios, pese a ser una demanda que entra en la lógica de ERC, sus socios en el Gobierno. En plenas negociaciones presupuestarias, el Gobierno catalán también ha sido capaz de desarrollar el proyecto de BCN World, el recinto con macrocasinos en Tarragona que la CUP rechaza frontalmente.

Finalmente, en la decisión de las bases anticapitalistas han pesado más otras cosas. Especialmente la confianza en que Puigdemont, una vez aprobados los Presupuestos, no se echará atrás en su compromiso de convocar el referéndum independentista el próximo mes de septiembre. Con la votación de hoy, la CUP marca todavía más las roderas del camino que ha de seguir el Gobierno catalán para convocar la consulta, que tendrá partidas asignadas en las Cuentas. Y puede reclamar con más fuerza que se inicie ya el denominado proceso constituyente, punto de origen de la redacción de una ley básica catalana en el caso de que el se impusiera en la consulta independentista.

Más allá de los acuerdos en materia de profesorado y renta garantizada, la CUP se puede apuntar la aprobación de algunos impuestos, sobre todo el que gravará a bienes de lujo a nombre de empresas pero que utilizan particulares, y otros tributos verdes. La última concesión fiscal ha sido la creación de un tributo a los vehículos más contaminantes que el Gobierno catalán ya tenía previsto y que ahora avanzará un año. Y el compromiso de que la Aguas Ter-Llobregat vuelva a ser pública en el caso de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia que anula la mayor privatización (1.000 millones) realizada por la Generalitat, ejecutada por el Gobierno de Artur Mas.

El resultado de la votación también es un aviso para el Gobierno central: Pese a la zozobra constante en la que vive el Ejecutivo autonómico, la mayoría independentista sigue sin colapsarse. Y si quiere abrir otra vía que la del referéndum unilateral tendrá que esforzarse en una operación diálogo que vive sus horas más bajas desde la reunión entre la reunión de Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras. Aquel encuentro constató que ambos gobiernos no solo siguen alejados, sino que caminan en direcciones contrarias. Y Puigdemont lo volvió a decir el martes en Bruselas: no se mueve del referéndum. Y ha empezado a mover ficha para convencer a los comunes, partidarios de convocar el referéndum siempre y cuando sea efectivo, de que hace todo lo posible para conseguir el aval internacional a la consulta.

El calendario de los Presupuestos previsto por el Gobierno sigue su curso. Y ahora más que nunca da por hecho que Ciudadanos y el Partido Popular los recurrirán ante el Consejo de Garantías Estatutarias, retrasando un mes su aprobación definitiva. Si no hay imprevistos, será en marzo cuando Puigdemont se pueda hacer la fotografía de su mayor éxito.

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