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La cúpula chavista se enriquece con sobornos españoles a costa de la crisis eléctrica

Gabriela Moreno.- Los apagones no son casualidad en Venezuela. La crisis eléctrica representa un negocio de alto voltaje para la cúpula chavista que ingresó a sus bolsillos de 2,7 millones de euros, un equivalente a 3,2 de millones de dólares, como parte de sobornos de la empresa española Ingelec, fabricante de generadores de energía, a cambio de beneficios contractuales.

Los exviceministros de energía del régimen Nervis Villalobos y Javier Alvarado son los protagonistas de la trama de corrupción que recibieron millonarias sumas del empresario Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo de Venezuela entre 2002 y 2014 y expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) quien sirvió de intermediario revela El País.

Actuaron en forma de red. Ingelec abonó los fondos a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) a una sociedad panameña de “maletín” registrada como Pessons Mountains de otro empresario venezolano llamado Roberto Javier Cobucci.

Con la transferencia efectiva, el dinero se desvió a cuentas de Salazar que registraron gastos de alojamiento por más de un millón de euros en el hotel de lujo Four Seasons de París y el envió 834.000 euros a Estados Unidos para la compra de un inmueble divulga el medio español.

El fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, reaccionó. Anunció una investigación contra los exfuncionarios que «desviaron sus caminos y no cumplieron con código de ética y lamentablemente se comprometieron de forma írrita» divulgó en Twitter el canal estatal.

Una firma sevillana con ambiciones

Desde Sevilla, Ingelec sedujo al chavismo. Esta firma de 22 empleados que en 2014 —último ejercicio reflejado en el registro mercantil, época de los negocios con Salazar— declaró unas ventas de 4,2 millones de euros asegura El País.

Con su línea de productos que abarca grupos electrógenos alimentados por diesel o gas, con potencias que van desde los 10 KVA hasta los 3000 KVA, cuadros de conmutación automático o manual desde 40 Amp hasta 3000 Amp y sistemas de paralelismo aspiró a entrar en las licitaciones del chavismo del sector eléctrico.

La empresa nació con ambiciones, una de ellas ser “fabricante líder” de generadores de energía proporcionando al mercado productos y soluciones que contribuyan significativamente con el bienestar social y sean ambientalmente responsables; con el propósito de “ofrecer a crecimiento integral y así pueda influir positivamente sobre muchos seres humanos” declaran en su sitio web.

De esa manera Ingelec apetecía convertirse en “un grupo corporativo ejemplar basado en el éxito de su modelo empresarial, con influencia significativa sobre la región Iberoamericana”. Pero todo ello quedó en palabras. Su relación con el régimen bolivariano la llevó a los radares de la justicia de Andorra y ahora está imputada por legitimación de capitales.

Sin nexos comerciales

Empresas con la misma denominación en Chile y Argentina se desmarcan del grupo. Niegan vínculos con la empresa sevillana aunque comparten el mismo nombre y rubro de servicio. Desde Córdoba, en Argentina, el director de Ingelec, Alejandro Miranda, declaró a PanAm Post que su compañía nacional es “pequeña” y se dedica a la “venta de equipos que funcionan con energía solar». Asegura que no tiene nexos de ningún tipo con esa empresa.

En Santiago, Ingelec Chile S.A. también respondió al llamado de PanAm Post y desde la gerencia comercial afirmaron que esta compañía se dedica a soluciones globales de ingeniería, equipamiento, construcción, operación y mantenimiento de proyectos eléctricos y tampoco mantiene relaciones comerciales ni sirve de filial a la española.

Una red mercantil

Salazar tejió su telaraña mercantil socialista entre 2004 y 2016 con 100 compañías fantasma en Venezuela que sirvieron para ocultar la adquisición de propiedades. Entre los inmuebles figuró un apartamento junto a la paradisíaca playa de Tucacas, en el estado de Falcón, destaca El País.

Sabía mover las finanzas. Todo le salía a pedir de boca porque además de servir de intermediario con Ingelec cobraba comisiones de más del 10 % a empresas, especialmente chinas para otorgar contratos de PDVSA indica el medio español.

En 2012 recurrió a sus fondos en la BPA —donde manejó siete cuentas que movieron 21,2 millones de euros— para liderar un “tren de excesos” junto a su primo Luis Mariano Rodríguez y el exviceministro Villalobos. Adquirieron bienes de lujo en una espiral de gastos de 10 millones de euros que incluyó joyas, obras de arte, vinos y el alquiler de helicópteros.

El caudal de Salazar se extendió. Su entramado financiero se enquistó en las Islas Vírgenes Británicas, Belice y Panamá. Sin embargo, cuando intentó enviar 40 millones de euros —obtenidos por esta vía— de Suiza a Francia, para la adquisición de una propiedad, un juez de Andorra bloqueó esta operación que pretendía gestionar a través de la Banca Privada d’Andorr tras relacionar a la entidad con el blanqueo de fondos de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América, difunde El País.

Versiones contradictorias

Los compañeros de negocios de Salazar se desligan. Cobucci ha sido el primero. Justificó ante la BPA que el dinero de Ingelec correspondía a un contrato para la instalación, montaje y mantenimiento de maquinaria para la compañía pública Electricidad de Caracas.

Pero los investigadores de Andorra cuestionan esta versión porque “no se ha tenido acceso al encargo de Electricidad de Caracas”, indican en un informe citado por El País. Ante la falta de pruebas y argumentos, Cobucci está acusado de blanqueo de capitales por parte de la jueza andorrana Stéphanie García y Salazar está fichado por el principado pirineo como uno de los 28 procesados de una red chavista que ocultó su botín en la banca blindada por el secreto bancario hasta 2017.

Negocios en medio de la emergencia

El escenario para el negocio de Salazar se gestó con condiciones a favor. Cuando a sus cuentas de Andorra ingresaban los fondos de Ingelec, Venezuela daba sus primeros pasos al colapso del sistema eléctrico y Hugo Chávez emitía un decreto de emergencia eléctrica que permitiría “agilizar la compra de equipos y repuestos, así como desarrollar planes para mejorar el funcionamiento del sistema” analiza BBC.

En ese contexto, “algunos grupos” allegados al régimen “aprovecharon de adquirir un conjunto de plantas termoeléctricas que fueron compradas a gobiernos de países amigos que ya estaban usadas, las repotenciaron y se las vendieron a Venezuela como nuevas” apunta la cadena británica.

El mejor ejemplo de ello sería la central de Tocoma, una construcción que se inició hace más de una década. Dicho costo de la eventual edificación escaló desde 3000 dólares inicialmente a unos 9365 millones para 2015 según el régimen chavista, sin que hasta ahora haya aportado ni uno solo de los 2100 megavatios prometidos.

De los planes de desarrollo eólico en la península de Paraguaná y en la Guajira venezolana, al noroeste del país, que deberían estar aportando cerda de 300 megavatios tampoco hay buenos resultados: “Se pagaron, se cobraron y no generaron nada».

La realidad está servida: en Venezuela hay entre 16000 y 17000 megavatios instalados de energía hidroeléctrica y una cifra similar de fuente termoeléctrica, para un total aproximado de unos 34800 megavatios. «El drama de este país es que hoy, con la crisis sólo hay disponibles entre 12000 y 13000 megavatios», revela BBC.