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La declaración de bienes obligaba a Celaá a consignar el valor real de su casa y no el catastral

Moncloa ha defendido el ocultismo del chalé de más de 1,5 millones de euros llevado a cabo por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en su declaración oficial de bienes publicada hace una semana. El Gobierno asegura que es correcta la valoración en 195.000 euros de un chalé en Berango -una de las zonas residenciales más lujosas y caras junto a Bilbao y Guecho- de una mansión que dispone de 700 metros cuadrados habitables, parcela de 4.500 metros cuadrados, diez dormitorios, dos cocinas, bodega, txoko, salón, sala comedor, seis baños, garaje, tenis, frontón y piscina, todo ello, a tiro de metro de Bilbao. Y según el Gobierno, esa valoración es válida porque Celaá habría cogido la valoración catastral, cuando en realidad tendría que haber consignado el valor real-

La afirmación del Gobierno se complementa con una afirmación que no es real: la de que la mecánica de esta declaración de bienes exige poner el valor catastral. Pero la realidad es que ni la ley, ni el reglamento, ni el modelo exigido de declaración de bienes y publicado en el BOE hacen alusión alguna a que esa valoración sea la catastral. Todo lo contrario, el preámbulo de la norma exige que la valoración e información plasmada sea “transparente” y “comprensible” por cualquier ciudadano. Y el valor catastral, por exigencia legal, no puede superar la mitad del valor de mercado.

La pompa con la que el Gobierno de Pedro Sánchez vendió la publicación de las declaraciones de bienes de los altos cargos, en tanto ejercicio de transparencia, no es tal.

Esas declaraciones omiten a los ciudadanos información clave para interpretar las posesiones reales de ministros, secretarios de Estado, embajadores y otros miembros de la Administración General del Estado. Como, por ejemplo, el valor real de sus bienes inmuebles. Ni la ley –‘Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado’– ni la orden que la desarrolla –‘Orden HAP/1176/2015, de 15 de junio’– ni el modelo de ‘ficha’ por el que se hace pública esa información -plasmado en el BOE- indican que la cifra que se registra como ‘bienes inmuebles’ corresponda a su valor catastral, como así se defiende desde el Ejecutivo.

La Moncloa ha tratado de rebatir así la exclusiva de OKDIARIO sobre el chalé de lujo de su portavoz, Isabel Celáa, una espectacular mansión en un paraje idílico y con un tamaño similar a ocho VPO. Pero la argumentación de Moncloa, además, permite maquillar los bienes de sus altos cargos a los que, de cara a  la opinión pública, beneficia enormemente reducir las cuantías lo más posible o juntar partidas, como los planes de pensiones, camuflados como seguros de vida.

La vivienda de Celaá fue tasada en la escritura firmada junto a su marido en 2010 en 1,08 millones de euros, en plena crisis 

Celáa asegura en el BOE tener propiedades por valor de 195.408,34 euros. Sin embargo, disfruta en gananciales de una vivienda que fue tasada en 1,08 millones al escriturarla en 2010. Un inmueble de 4.500 metros cuadrados de finca y 700 metros cuadrados de vivienda en una de las mejores zonas residenciales próximas a Bilbao.

La ley de altos cargos, de 2015, no especifica en ningún momento que los bienes tengan que ser registrados por su valor catastral. Es más, el artículo 21.5 obliga a publicar una “declaración comprensiva de la situación patrimonial” del alto cargo. Es decir, una fotografía fiel de su patrimonio, con la única omisión de los datos referentes a su localización para salvaguardar su seguridad.

Y  el artículo 17 solo indica que los altos cargos tendrán la obligación de presentar su declaración de bienes y derechos al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, en el plazo “improrrogable” de tres meses desde su toma de posesión y cese, además del certificado de su última declaración anual del impuesto sobre el patrimonio, una copia de su declaración del IRPF y una certificación de la Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones.

Un modelo engañoso

De ahí que el valor catastral no puede ser considerado un indicador de referencia a efectos de la transparencia. Es más, la propia ley, en su preámbulo, deja claro que los ciudadanos tienen derecho “a una información transparente, clara y comprensible” sobre sus altos cargos.

El modelo aprobado para trasladar los datos en el BOE (modelo 7) no especifica en ningún momento que esos bienes se consignen por valor catastral, como se muestra en la imagen.

Se trata de un modelo muy simplificado, que tergiversa por completo la información que se traslada al ciudadano, incapaz de conocer realmente el valor real del inmueble (valor de tasación).

Ese modelo tampoco indica, por ejemplo, si se trata de una propiedad compartida con el cónyuge. Otro dato clave para entender la situación real del alto cargo. Según la nota del Registro de la Propiedad a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el inmueble de Celáa es propiedad de la ministra y de su marido –José Ignacio Aspichueta– en régimen de gananciales. Celáa registró únicamente la mitad del valor catastral, pero en ningún lugar-ni en la ley ni en el modelo-se explica si la cifra corresponde al valor total o solo a la parte que corresponde al cargo en cuestión.

Isabel CelaáLa ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vino a confirmar involuntariamente que el valor catastral no es un indicador de referencia a efectos de transparencia. “No se corresponde con el precio del mercado“, afirmó, tras conocerse la polémica sobre la portavoz del Gobierno.

El preámbulo de la norma que regula los deberes de los altos cargos aporta más luz. Esta ley señala en su arranque que los principios inspiradores de los deberes de comunicación son la “transparencia” y la “comprensibilidad” por los ciudadanos. Algo que difícilmente se puede defender al incluir valores catastrales que en absoluto reflejan la realidad de los patrimonios de los políticos.

El caso de Celaá es aún más llamativo. Y es que en su propia escritura se recoge una tasación de la casa a efectos de subasta y provocada por el crédito hipotecario que incorpora el chalé. Esa valoración marca que el precio más bajo al que se debería vender sería de 1,08 millones de euros. Esa valoración fue incluida en abril de 2010. Y Celaá, evidentemente, era totalmente conocedora de esa tasación.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Moncloa para pedir que se aportara el texto legal que fija que la valoración debe ser la catastral. Tras una larga conversación, Moncloa ha aportado otros impresos de comunicaciones diferentes, pero no el correspondiente al registro de bienes de los altos cargos que, como se puede observar en la noticia, no incluye alusión alguna al valor catastral.