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La doble vara de medir del cardenal Omella

Por Yanet Cobo Medina. – El cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella acudió en la mañana del 12 de julio de 2019 al juzgado de instrucción número diez de Barcelona para ser interrogado por presuntos delitos relacionados con fraude documental continuado con malicia. La vista duró unos 15 minutos, en los que el cardenal contestó a las preguntas de la juez y a las del abogado Vladimir Lamsdorff-Galagne, representante del sacerdote querellante Miguel Ángel Barco. Al salir de la sala de vistas, el cardenal Omella comentó a las preguntas espontáneas de la prensa allí presente que había dicho “toda la verdad y solamente la verdad” y que “confiaba en la justicia” y en que “se esclarecerá la verdad”.

Grandes contradicciones del cardenal Omella

Sin embargo es muy grande la contradicción en la que ha caído el cardenal Omella en su gestión de esta crisis, pues los cargos que leyó el 15 de noviembre de 2017 al representante legal de Miguel Ángel Barco, Vladimir Lamsdorff-Galagne, pretendían reducirle por el acto de esa misma lectura al estado laical por haber tenido una hija y por otros pormenores relacionados con desórdenes anteriores al momento en que la mujer presuntamente hubiera quedado embarazada, cosa que nunca había sucedido.

Tal como informaba el portal Periodista Digital en edición de 21 de junio de 2019 y contrariamente a lo que defendió el cardenal Omella en conversación con el abogado de Miguel Ángel Barco ese 15 de noviembre de 2017, “la prensa española se hace eco de que se condenó al sacerdote Barco a perder su condición pública de sacerdote por tener un hijo. Sin embargo, en la reunión del abogado Vladimir Lamsdorff-Galagne con Omella y el vicario judicial de la diócesis de Barcelona el 15 de noviembre de 2017, el cardenal Omella quitó importancia al hecho de que un cura tenga un hijo”. Así, en esa conversación Omella le dice al Dr. Vladimir Lamsdorff-Galagne: «por tener un hijo, no lo secularizan a uno. Yo creo que no… Normalmente no. Tiene que haber otras cosas. Esas otras cosas me imagino que deben estar, porque si no, no hacen esto por un hijo. Cuantos… perdón, algunos sacerdotes, pues han tenido esa debilidad, tienen un hijo, hemos conocido, yo conozco alguno. Y siguen ejerciendo el ministerio. Y ellos han resuelto el tema ese. Yo creo que por eso no tiene que ser».

Un sacerdote de Madrid con dos hijos recibe un premio junto al delegado para la Juventud del cardenal Omella

Pintada contra Omella

16 días después de que el cardenal Omella leyera “la cartilla” al representante legal de Miguel Ángel Barco, el secretario del arzobispo emérito de Zaragoza monseñor Ureña del año 2008 hasta el año 2011 reverendo Gonzalo Ruipérez Aranda fue premiado en la arquidiócesis de Madrid, el 1 de diciembre de 2017. Se da el caso que engendró dos hijos carnales, y no por ello fue secularizado.

Pintada contra Omella

Explica el sitio web de la Arquidiócesis de Madrid en edición de 1 de diciembre de 2017 que el párroco de san Juan de Dios en la UVA de Vallecas, el anterior capellán del monasterio de la Encarnación en Ávila, el responsable de juventud en la diócesis de Barcelona y el de pastoral familiar en Toledo iban a recibir los galardones Alter Christus que otorga Regnum Christi, ente indivisiblemente unido al ala más conservadora de la iglesia católica, los Legionarios de Cristo, y con un historial de abusos sexuales por parte de su fundador el Padre Maciel, que hizo temblar al pontificado de Juan Pablo II. Estos premios “están dedicados a reconocer y poner en valor el trabajo de los sacerdotes”, rezaba el texto de justificación del acto. La entrega de la IV edición de estos galardones tuvo lugar en la Universidad Francisco de Vitoria el lunes 4 de diciembre de 2017 y el delegado del área de Juventud del cardenal Omella dio su discurso y su cardenal se congratuló por ello. Sin embargo el mismo cardenal que aplaude este premio en la persona de un sacerdote con dos hijos seculariza a otro sacerdote por presuntamente ser padre de una hija, cuando disponía antes de leerle el escrito condenatorio y de la elaboración de este por parte del Vaticano de una prueba científica del ADN del padre verdadero. Esta prueba había sido admitida por la diócesis de Alcalá de Henares, de la que dependía en ese momento Miguel Ángel Barco y se hizo llegar a Omella para que este la llevase a Roma.

Gonzalo Ruipérez Aranda, en su día secretario del arzobispo emérito de Zaragoza, “se ordenó sacerdote con 27 años. (…) y su pasión por evangelizar le ha llevado a desempeñar diferentes funciones en la Santa Sede, en la diócesis de Zaragoza, en la cárcel de Meco” explicaba el portal de la arquidiócesis de Madrid.

Los méritos omiten citar que es padre de al menos dos hijos reconocidos, cosa que ciertamente es un don de Dios pero que omiten los que conceden el premio. Da charlas a colegios de niñas sobre las virtudes de un buen cristiano en ocasiones, que nadie duda que lo es.

Gonzalo Ruipérez y su imprudencia temeraria de la diócesis de Zaragoza

También Gonzalo Ruipérez cometió torpezas de gran magnitud en la arquidiócesis de Zaragoza siendo secretario de Monseñor Ureña: en esa época, y junto al promotor de justicia de la diócesis de Zaragoza Óscar Ignacio Avilez Bolívar, se juntaban en sesiones de trabajo en una habitación prestada para tal objetivo en un hotel de la ciudad de Zaragoza y reclutaban candidatos al sacerdocio para el seminario de Zaragoza entre hombres que vivían en Colombia. Óscar Ignacio Avilez Bolívar, colombiano él mismo, viajó varias veces a su país de origen para traerse a candidatos, entre ellos era sabido que había hombres sin oficio ni beneficio que pasaban hambre y buscaban seguridades. Esto hizo que Benedicto XVI aconsejara a monseñor Ureña, en ese momento arzobispo de Zaragoza, a traerse en todo caso sacerdotes, no candidatos al sacerdocio.

Óscar Ignacio Avilez Bolívar promotor de Justicia de la diócesis de Zaragoza no tenía permiso para ejercer el sacerdocio

El arzobispo Omella conversa con el golpista Puigdemont

A Óscar Ignacio Avilez Bolívar se le habían retirado los permisos para ejercer el sacerdocio desde 2010 en Colombia y fuera y lo sabía, por lo que toda su actuación en la diócesis de Zaragoza a partir de esa fecha era fraudulenta. Este sacerdote con los permisos revocados actuaba de promotor de justicia de la diócesis a la vez que compaginaba su tiempo con acciones comerciales para beneficio propio y se anunciaba para ello en Internet como agente de una empresa piramidal norteamericana. La referencia ciber comercial del sacerdote vende productos de belleza (contorno de ojos y desmaquillante de ojos y labios), nutrición (hasta cinco complejos vitamínicos) y hogar (limpiador multiusos) y ofrecía como teléfono y como email de contacto los mismos que aparecen junto a su nombre en la Guía Diocesana.

Fue cesado por el actual arzobispo de Zaragoza Don Vicente Jiménez el 20 de febrero de 2015, dos años y medio después del 8 de junio de 2012 que concluyera la comisión de servicios por la que fue trasladado de la diócesis colombiana de Girardot a la de Zaragoza. Desde esa fecha de 2012 “quedan anulados sus nombramientos” como promotor de Justicia del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia y como capellán del hospital Provincial. Había accedido al primer cargo en 2011 y al segundo en 2012.

Alerta Digital ha sabido que su nombre figuraba en la lista del directorio de la diócesis de Bogotá de fecha uno de enero de 2010 en la página 253 (ver aquí) con la revocación de los permisos sacerdotales. Gonzalo Ruipérez trabajaba mano a mano con él, formando un grupo de seminaristas, algunos de los cuales se ordenaron, y entre los cuales hubo conductas laxas y en alguna ocasión delictiva, y también de homosexualidad activa. Ninguna de estas circunstancias probadas fue suficiente para castigar a Gonzalo Ruipérez, pero la mera suposición infundada de otras circunstancias lo ha sido para castigar a Miguel Ángel Barco con la mayor pena que se puede imponer a un sacerdote.

Círculos eclesiásticos críticos consideran a este colectivo procedente de Colombia como un «lobby». Destacan, entre otras circunstancias, que algunos de ellos dirigen varias de las principales parroquias de la diócesis, continuaba Diario.es., y como ha investigado extensamente Periodista Digital está en el centro de la llamada “trama maña” y posterior defenestración de Ureña y procesamiento del cardenal Omella por presuntos delitos de ocultación.

La ahora probada falsa acusación, que Omella leyó al ahora querellante

Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.

Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.

El texto leído al representante legal de Miguel Ángel Barco por el cardenal Omella para reducirle al estado laical decía: «1.- El 18 de diciembre de 2015, un eclesiástico del que consta su credibilidad, declara que el sacerdote acusado le dijo: “Que desde hacía un año aproximadamente o algo más, estaba teniendo una relación afectiva con una chica de su parroquia, mayor de edad, 19 años, y que había tenido varias relaciones íntimas con ella, y fruto de una de ellas, la chica estaba embarazada”.

2.- Con fecha 30 de octubre de 2016, otro clérigo del que se ha comprobado su credibilidad declaró: “El 7 de septiembre de 2016, hablé con Don Miguel Ángel Barco López, quien me comunicó que había tenido relación con Doña X Y Z, y como consecuencia, ésta había quedado embarazada (…). “Esta información la conocían también el vicario general de la diócesis, Monseñor Florentino Rueda Recuero y el Reverendo Pablo Ormazábal Albístur, amigo personal de Don Miguel Ángel”.

3.- Con fecha 5 de noviembre de 2016, otro clérigo de cuya credibilidad no se duda, declara: “Monseñor Manuel Ureña me dijo: ‘No entiendo cómo acusan a Miguel Ángel Barco de ser homosexual, siendo que es padre de una niña’”.

”4.- Además de estas declaraciones en este expediente constan dos hechos significativos ocurridos en el mes de octubre de 2006, poco tiempo después de que Doña X Y Z quedara embarazada: a.- El asalto de la casa del sacerdote y los maltratos que este sufrió cuando los familiares de Doña X Y Z tuvieron noticia del embarazo de esta. En estos hechos intervino la policía y los servicios sanitarios del lugar. b. – a denuncia del sacerdote ante autoridades civiles por parte de un familiar de la madre de la niña».