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La elección en el CGPJ de los magistrados del Constitucional se «complica» por culpa del Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez ha complicado la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras suprimir el delito de sedición y apostar por la reforma de la malversación.

La comisión negociadora del CGPJ integrada por vocales del sector conservador y el sector izquierdista se reúne este miércoles para continuar los contactos para renovar el Constitucional. Esta negociación se retomó tras el último intento frustrado de PSOE y PP para renovar el propio CGPJ y el TC. En esta renovación, el Ejecutivo debe elegir a dos magistrados del Tribunal de Garantías (dos izquierdistas) y el Gobierno de los jueces a otros dos (uno conservador y otro izquierdista). Sin embargo, las últimas decisiones judiciales del Ejecutivo para contentar a su socio ERC han empañado las negociaciones.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital apuntan que «las últimas actuaciones del Ejecutivo no ayudan, ni favorecen la negociación en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a dos magistrados del Tribunal Constitucional».

«Es muy importante el contexto en el que se produce la negociación para elegir a los magistrados del TC y el CGPJ no se puede abstraer de las decisiones que está adoptando al Gobierno en materia de Justicia», añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que «el CGPJ y el Tribunal Constitucional no son compartimentos estancos que van en paralelo. En esta negociación, el CGPJ debe elegir a dos magistrados del Tribunal de Garantías que en el futuro deberán decidir si la supresión de la sedición y la reforma de la malversación que quiere llevar a cabo el Gobierno son constitucionales, después de que se presenten los eventuales recursos».

«Tal y como está el ambiente judicial actualmente y tras las últimas decisiones del Gobierno, está muy complicado que se alcance un acuerdo en el CGPJ para elegir a dos magistrados del TC antes de las navidades», subrayan.

Recordamos que el sector izquierdista del CGPJ ya anunció que su candidato para el TC es el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés. Es considerado el juez favorito del Gobierno de Pedro Sánchez para recalar en el Constitucional y por ello, el sector conservador duda de su idoneidad al sostener que su imagen de imparcialidad está claramente afectada. Bandrés es amigo de la ministra de Defensa, Margarita Robles y del magistrado izquierda que aspira a la presidencia del TC, Cándido Conde-Pumpido. Durante la reunión de este miércoles, previsiblemente se analice la idoneidad como candidato de Bandrés.

Por su parte, los conservadores llevarán previsiblemente este miércoles a la comisión negociadora una lista con 6 posibles candidatos: los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo César Tolosa, y los magistrados de esta misma Sala Inés Huerta y Diego Córdoba. De estos 6 candidatos, los que más suenan con fuerza son Llarena, Sánchez Melgar y Tolosa.

Mientras tanto, el Ejecutivo sigue amenazando veladamente con la posibilidad de elegir a sus dos magistrados para el TC, sin esperar a los dos que debe elegir el CGPJ.

La confesión del presidenciable Conde-Pumpido

El pasado 12 de junio expiró el mandato de 4 de los 12 magistrados del Constitucional y ahora el Ejecutivo debe nombrar a dos magistrados y el CGPJ a otros dos. Esta renovación propiciará irremediablemente el cambio de mayorías en el tribunal y se pasará de 7 magistrados conservadores y 5 izquierdistas a lo contrario. Concretamente, ha finalizado el mandato de los tres magistrados conservadores Pedro González-Trevijano (presidente), Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, y del magistrado izquierdista Juan Antonio Xiol, (vicepresidente).

Tal y como desveló este diario, el magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorito para convertirse en presidente del Tribunal de Garantías, confesó a sus amigos y a sus compañeros del Constitucional lo siguiente: «Fui designado fiscal general del Estado para arreglar el problema del terrorismo y lo arreglé. Voy a ser designado presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña, y lo arreglaré«.

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