La trama Azud se apoyó en una compañía del sector de residencias y servicios sociales para pagar favores. El nombre de esta sociedad es Imedes-Gemed. Allí se enchufó a la exmujer de Ximo Puig. La empresa en cuestión se vio claramente respaldada y empezó a soñar con una implantación nacional, eso sí, en territorios gobernados por el PSOE. Y fraguó en esa época un plan de expansión por la Extremadura y la Andalucía socialistas. Y es que el apoyo político era tan fuerte que logró en la Comunidad Valenciana 11 de los 14 contratos a residencias concedidos.
Primero obtuvo las adjudicaciones. Y después siguió operando incluso con el contrato caducado. Por esa vía, Imedes-Gesmed logró nada menos que 51 millones de euros. Una vía denominada de forma muy descriptiva como «enriquecimiento injusto».
Operó con este mecanismo de enriquecimiento injusto –es decir, manteniendo la actividad pública porque el Gobierno de Ximo Puig no convocaba los correspondientes concursos para volver a adjudicar el servicio en cuestión– en áreas de gestión integral en las siguientes plazas: «RPMD (Residencia Pública Mayores y Dependientes) y/o Centro de Día de: Paterna-La Cañada, Velluters, Chelva, Chiva, Orihuela, Benaguasil, Buñol, Manises, Onil, Massamagrell, Puçol, L’Alcudia de Crespins, Palacio de Raga Valencia, Moncada», según los archivos oficiales que recogen las adjudicaciones.
Imedes-Gesmed llegó, de este modo, al convencimiento de que era una empresa con amplio respaldo político. De hecho, llegó a abrir delegaciones en Andalucía y Extremadura, eso sí, aprovechando las etapas de los Gobiernos del POSE, de Chaves y Rodríguez Ibarra, respectivamente. Así lo delata un contrato con la empresa Imedes Andalucía, que se encontró en casa del extesorero del Partido Socialista valenciano, José María Cataluña. Esta sucursal de Imedes está a día de hoy disuelta, pero en ella se sentó como consejero delegado Emèrit Bono, el director general de Gesmed e hijo del que fuera consejero socialista del mismo nombre en la etapa del Gobierno socialista valenciano de Joan Lerma.
51 millones en un lustro
Y es que la trama Azud no deja de incorporar nuevas ramificaciones. La red de presunta financiación ilegal del PSOE pagó favores a través de esta gestora de residencias: Imedes-Gesmed. Así, mientras la trama B del PSOE se hacía cargo de gastos de campaña de Ximo Puig en las primarias de 2008, Gesmed enchufaba a su exmujer. La colocación aparece retratada, de hecho, en las notas encontradas en las agenda del extesorero del Partido Socialista Valenciano –José María Cataluña, cabecilla de la trama Azud–. Y a la empresa en cuestión no le ha ido mal: gracias al concepto de enriquecimiento injusto, Gesmed obtuvo entre 2016 y 2021 nada menos que 51 millones de euros. En concreto, la empresa Gestión sociosanitaria del Mediterraneo (Gesmed), que colocó a la ex de Ximo Puig y a otros históricos socialistas, cobró entre 2016 y 2021 un total de 298 pagos por valor de 51.143.450,42 euros.
El desglose es el siguiente. En 2016, 27 contratos por 4.943.351,01 euros. En 2017, 65 contratos por 11.972.407,72 euros. En 2018, 10 contratos por 1.691.001,51 euros. En 2019, 26 contratos por 3.171.752,55 euros. En 2020, 59 contratos por 9.926.200,71 euros. Y en 2021, 99 contratos por 17.485.503,32 euros.
Refugio de socialistas
La empresa Gesmed es una de las compañías más conocidas del sector y se ha convertido en un refugio de históricos cargos procedentes del PSOE. El director general de esta firma es Emèrit Bono, hijo del histórico socialista y ex conseller con Joan Lerma –cuando Ximo Puig era Jefe de Gabinete–. Además, en la compañía también ha encontrado acomodo otro histórico socialista, el ex secretario general de PSPV, Joan Ignasi Pla, al cual también ayudo la trama Azud con sus campañas electorales.
Por otra parte, el despacho de José Luis Vera –considerado por la UCO como parte del tándem director, junto con Cataluña, de Azud– compartía domicilio con el de Virgilio Latorre, otro abogado igualmente cercano al socialismo valenciano. Y con su empresa, Na Jordana Iuris, el exlíder del PSPV, Joan Ignasi Pla, firmó un contrato en 2004 que también ha pasado ya a formar parte de la amplia documentación judicial del caso Azud.
Latorre fue, además, cliente de Vera –como demuestran las facturas de 2008 a 2011 que figuran en el sumario judicial–. Y también es el letrado del socialista Rafael Rubio, igualmente retratada en el sumario.
Por su parte, Pla, que no está imputado, era el secretario general del PSPV en 2007. Y la juez señala que «teniendo en cuenta que en el año 2007 tuvieron lugar las elecciones municipales y a las Cortes Valencianas, el Grupo Axis –implicado en la trama– procedió a través de las mercantiles interpuestas a ingresar las cantidades de dinero a las empresas de publicidad que figuran como perceptoras de fondos provenientes del PSOE».
