La escuela pública ha reabierto las aulas. Y lo ha hecho con un déficit de 50.000 docentes y una interinidad del 27,46%, según los datos del sindicato CSIF. La educación es una competencia autonómica. Pero la coordinación y exigencia de niveles mínimos depende del Gobierno central. Las arcas autonómicas, bajo Gobiernos regionales de uno y otro signo político, han pedido ya una revisión del sistema de financiación para poder abordar las nuevas exigencias escolares, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha preferido desoír sus alertas pese a saber de primera mano que el sistema educativo se encuentra desbordado tras los gastos extra provocados por el covid.
Las comunidades autónomas han dicho adiós, de media, al 75% de los refuerzos contratados en la etapa del covid. Y las clases vuelven sin refuerzos, con ratios de alumnos elevadas, improvisación en los currículos, falta de recursos, incremento de precios y exceso de burocracia. Y, para colmo, con el Gobierno central centrado en el cambio de asignaturas y libros para introducir sus nuevos planteamientos ideológicos en los colegios.
El sindicato CSIF ha reclamado ya una convocatoria de 179.564 plazas en los próximos dos años para reforzar las plantillas y reducir la temporalidad al 8%, como exige Europa. La escuela pública ha vuelto a abrir sus aulas. Pero lo ha hecho más preocupada por la aplicación precipitada de la LOMLOE (improvisación de currículos, aumento de burocracia, etc), que por la mejora de medios en el sistema educativo.
Según los datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, la educación pública padece un déficit de más de 50.000 docentes desde los recortes llevados a cabo en 2010.
El sindicato critica igualmente los altos niveles de interinidad: superiores al 27% de media. Una interinidad que resta calidad a la educación y se centra especialmente en la Enseñanza Secundaria y de Régimen Especial, con tasas que ascienden al 43,34 y el 39,36%, en los casos de Navarra y Canarias, respectivamente. Ambas gobernadas por el PSOE.
«La tasa medida es muy elevada, teniendo en cuenta que no podrá superar el 8% a partir del 1 de enero de 2025, según recoge la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público», destaca el sindicato. CSIF exige la convocatoria urgente de 100.000 plazas para reducir la temporalidad y 50.000 adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años. Y es que, «según los datos recabados del propio Ministerio de Educación, en la actualidad hay un déficit de 6.930 millones de euros, en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación», aclara CSIF.
Hay que recordar que CSIF ha convocado el próximo 24 de septiembre una manifestación en Madrid «contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y la calidad de los servicios públicos».
