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La exdirigente de la CUP Anna Gabriel ya ha declarado ante Llarena en el Supremo

La exdiputada catalana de la CUP Anna Gabriel, portavoz de este partido en el Parlament en la legislatura del 1-O y huida en Suiza durante más de cuatro años, ha declarado este miércoles ante el juez Pablo Llarena tras ponerse a disposición del Tribunal Supremo el pasado 19 de julio.

Después de entregarse, Llarena acordó su libertad provisional sin medidas cautelares y la citó para este miércoles con el fin de tomarle declaración indagatoria, en la que se le comunicará formalmente su procesamiento por un delito de desobediencia, que no conlleva pena de prisión, sino de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.

Como es habitual con las citaciones de políticos independentistas, la exdiputada será acompañada hasta las puertas del alto tribunal por simpatizantes y dirigentes soberanistas, entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los portavoces de ese partido en el Congreso y en el Senado, Gabriel Rufián y Mirella Cortès; el vicepresidente de Junts, Josep Rius, o la portavoz del secretariado nacional de la CUP Maria Sirvent.

La vuelta de Gabriel, símbolo de la izquierda independentista por su papel protagonista como cara visible de la CUP en el Parlament en la legislatura del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, cogió por sorpresa a las fuerzas políticas catalanas, incluido al propio Govern, que desconocía sus planes de regreso.

Gabriel, que huyó a Suiza en 2018 poco antes de ser procesada, se presentó en julio ante el Supremo para regularizar su situación acompañada de su abogado Iñigo Iruin, el mismo que defiende a la exconsellera Meritxell Serret, que hace un año se convirtió en la primera procesada en el caso que regresaba a España para ponerse a disposición del tribunal después de huir a Bélgica en 2018.

Anna Gabriel está procesada por un delito de desobediencia por su participación en el proceso de independencia de Cataluña en 2017 y era la única líder independentista catalana huida en el extranjero contra la que no pesaban ninguna orden internacional o europea de detención dado que el delito no lleva aparejada pena de prisión. Llarena sí que dictó contra ella una orden nacional de búsqueda y detención, que dejó sin efecto, junto a la declaración de rebeldía que pesaba sobre ella.

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