El castro-comunismo lleva años penetrando a Colombia. El uso de la herramienta del sistema judicial como arma contra sus oponentes políticos es uno de los ingredientes de la “receta” implementada por Hugo Chávez en Venezuela. “Chávez y las FARC fueron los autores intelectuales y la Corte Suprema de Justicia fue el autor material, de la forma de lucha política más exitosa que el comunismo narcotraficante colombiano haya efectuado en Colombia: la batalla judicial”. La frase es del entonces senador Álvaro Araújo Castro (2002-2006-2010) quien desde hace 14 años ha sido una de las víctimas políticas, de la “receta”.
— ¿Le están pasando al presidente Álvaro Uribe la “factura” por haber derrotado la guerrilla que azotó a Colombia?
—El 29 de octubre de 2006, me atreví a lanzar en el Senado de Colombia una expresión que fue infaustamente profética: “Si la Corte Suprema viene por mí, es porque soy un peldaño para llegar a Uribe. Van por él”.
Acababa de detonar la última lucha feroz que Chávez y la guerrilla colombiana dieron contra Álvaro Uribe: “La Parapolítica”. Amparándose bajo el hecho cierto y lamentable de que, los paramilitares eligieron un grupo considerable de congresistas en 2002, Hugo Chávez aprovechó un desacertado enfrentamiento del presidente Álvaro Uribe con los magistrados de la Corte Suprema para extender la infección paramilitar más allá de la verdad, a su conveniencia. Colombia estaba hastiada del horror del paramilitarismo, de su barbarie antiguerrillera. Chávez y las FARC fueron los autores intelectuales y la Corte Suprema de Justicia fue el autor material, de la forma de lucha política más exitosa que el comunismo narcotraficante colombiano haya efectuado en Colombia: la batalla judicial. Pocos años después se probó en los tribunales norteamericanos que los pulquérrimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia no eran más que unos vulgares felones que fueron bautizados como “el cartel de la Toga”, quienes cobraban dinero por condenar inocentes o absolver culpables. Esa fue la Corte Suprema que en 2007 me propuso que mediante una declaración mendaz le entregara la cabeza del presidente Álvaro Uribe, como condición para no implicarme en un proceso del que salí condenado sin tener derecho a la defensa. Lo sospechoso es que a pesar de que los magistrados hayan sido renovados, después de 14 años sigo padeciendo la persecución, por haberme negado a prevaricar. La extrema izquierda colombiana y sus aliados, más que muerto, quieren ver a Uribe condenado y humillado.
—El senador Iván Cepeda Castro es el rostro visible en la acusación contra el presidente Uribe. ¿Cómo lo describiría usted?
—La historia de la guerrilla de las FARC está muy bien documentada. ¿Cómo una decisión política que en su momento fue una solución de corto plazo, incubó un problema mayor en el largo plazo? ¿Cómo un puñado de sobrevivientes de ese modelo no incluyente fueron incorporando catedráticos, sindicalistas, estudiantes, campesinos? ¿Cómo fueron tejiendo lazos con fuertes intereses internacionales hasta lograr urdir un sistema de diplomacia internacional muy eficiente? ¿Cómo valoraron los territorios y las poblaciones desdeñados de las prioridades nacionales convirtiendo debilidades en fortalezas, convirtiendo el agua en vino? ¿Cómo fueron simultáneamente haciendo campos de entrenamiento rural y centros de adoctrinamiento urbano? ¿Cómo cuando lograron sobrevivir la embestida de la fuerza pública fueron aplicando el despiadado puño de hierro contra el ejército y la policía? pero también, contra la población civil de cualquier estrato, edad o sexo demostrando predilección por generar temor sobre empatía. ¿Cómo cuando el estado colombiano y los USA aplastaron a los carteles de la droga en los años 90, de manera perspicaz coparon el negocio del narcotráfico con su capacidad armada en la ruralidad colombiana y su aparato diplomático internacional, articulando producción, transporte, comercialización y manejo financiero? ¿Cómo al recibir la oportunidad que ofreció Hugo Chávez, abandonaron el estatus de una banda criminal y se abrogaron un estatus de beligerancia como si fueran un estado disidente dentro de otro?
Juan Manuel Santos terminó la tarea, convirtió una actividad terrorista criminal en una guerra civil.
Todo lo anterior es el panorama vital de Iván Cepeda, en eso fue concebido, en eso creció, todo eso lo aprendió con maestría, cada pieza de ese engranaje la maneja. Es un hombre inteligente, formado y entrenado para un propósito claro, una especie de príncipe satánico de la guerra, del narcotráfico y del terrorismo en Colombia, empacado en un aspecto de monje de clausura muy bien diseñado.
—Luego de firmada la pacificación, ¿Colombia sigue en la mira de la izquierda comunista aliada con el régimen cubano madurista?
—Colombia está en la mira porque estorba en su camino. El enunciado maoísta de “La guerra popular prolongada” y el enunciado marxista de “la combinación de todas las formas de lucha” lo explican. Dicho de una manera coloquial la referencia maoísta apunta a que toda guerra que no se pierda se va ganando y la marxista apunta a que, a favor de ellos todo se vale. Dicho lo anterior se entiende que el propósito es sostenerse a cualquier precio, no hay una ruta, no hay un plan que vaya mas allá de sostenerse. Colombia no es un objetivo pensando en construir nada, la Colombia actual es un obstáculo para el régimen cubano madurista que solo tiene el propósito de permanecer a cualquier precio.
—¿Cómo definiría la situación actual y el futuro de Colombia con relación a las amenazas de muerte a personas como el expresidente Álvaro Uribe, después de haberse firmado un proceso de paz?
—Los sucesos en Colombia hay que valorarlos con la balanza sabia de la historia. En el pasado hemos tenido homicidios de personalidades, hemos tenido dinero del narcotráfico financiando ejércitos ilegales, hemos tenido el encubrimiento de actividades criminales en activismo político, hemos tenido pactos firmados por delincuentes y violados a su capricho. La fuerza de la izquierda comunista colombiana la encuentra en sus espléndidos ejércitos irrespetuosos de la ley y el derecho de la guerra. Estos ejércitos existen gracias al control de la actividad narcotraficante que las guerrillas ejercen. Mientras el estado colombiano no controle la fuente de financiación narcotraficante de los ejércitos ilegales de la izquierda, estaremos condenados a que la historia se repita. Los que firmaron la paz son el mayor cartel de droga que ha existido en Colombia.
—¿Es una guerra intestina entre poder judicial y poder ejecutivo?
—No lo diría de esa manera. No es una lucha motivada por objetivos del poder judicial contra objetivos del poder ejecutivo. Es mucho más simple que eso, es vulgar y espúreo. Un país con sesenta años de guerra civil encubierta y con cincuenta años de narcotráfico galopante llega a un nivel de inmoralidad celular y generalizada. El narcotráfico sembró en Colombia la cultura del homicidio, ante lo cual la calumnia y la injuria es un delito menor. Sembró en Colombia la corrupción de jueces y agentes de la fuerza pública, con lo cual en años llegó a fabricar magistrados, empresarios y periodistas. Es una lucha frenética de bandas criminales que tienen narcotráfico, operadores judiciales, comunicadores, diplomáticos, ejércitos ilegales y desorientan a la sociedad. Solamente podremos superarlo con una verdadera actitud ejemplar de respeto al estado de derecho, sin hacer uso de la justicia ni la calumnia mediática como arma de guerra.
—¿Más allá del caso Uribe, cómo calificaría el estado de derecho en Colombia?
—Moribundo. Colombia es un estado agonizante. El narcotráfico campea. La justicia desde sus más altos funcionarios ejerce coerción política. La opinión pública se convirtió en un atajo para ascender personas incendiarias e irresponsables a altos cargos de elección popular, quienes con el aspaviento de supuestas denuncias practican un catálogo de deshonestidades. Los objetivos de corto, mediano y largo plazo sucumben a la imposición frenética de la inmediatez virtual.
—Usted sostiene que el chavismo permeó el sistema judicial colombiano. En Venezuela el sistema judicial es el arma del régimen contra sus enemigos políticos.
—La universalización de los DDHH y el robustecimiento del bloque de constitucionalidad forzan a estados como Venezuela y Colombia a aparentar la existencia de un estado de derecho. Para hacerlo requieren prevaricadores que ocupen los cargos desde los cuales se estructura la conculcación de los derechos. Para llegar a esto se requiere una estructura política con participación significativa en el estado, dinero corruptor y estructuras criminales que cuando no persuadan con el soborno lo hagan con la intimidación armada. El régimen venezolano desarrolló esa tarea completamente, en Colombia eso se ha logrado parcialmente, pero no de manera insignificante.
—En Venezuela se inició con una constituyente, luego la reforma del poder judicial. En Chile se sepulta la constitución y en España el presidente Pedro Sánchez propone reformar el sistema judicial.
—El constitucionalismo prevé las reformas. Cada sistema tiene mecanismos más o menos laxos, pero hay signos de alarma que indican el camino hacia el estado criminal, que es aquel que va mucho más allá del estado que NO es de derecho. El primer signo es la tolerancia al delito, esto se hace con justificaciones como que la consecución de la paz lo amerita o la transitoriedad. El segundo signo es la intervención de intereses internacionales o transnacionales. Ese postulado de “la combinación de las formas de lucha” es el preludio del caos. Sin duda Venezuela consolidó su modelo anárquico y destructivo cuando puso la rama jurisdiccional al servicio del comunismo castro-chavista. En Colombia hay sectores de la rama jurisdiccional a su servicio. Muy probablemente en Nicaragua, Ecuador, Argentina ese proceso se haya dado en alguna medida. Es importante tener claro que ningún país, por europeo que sea, está exento de esta peste. Son personas entrenadas hace muchos años con apoyo de una red internacional, la sociedad en Chile y España debe advertirlo.
—Sistemas judiciales al servicio de causas políticas por encima de la justicia.
—Paradójicamente un daño superlativo que se le hizo a nuestro país provino del presidente Álvaro Uribe quien ha luchado por la paz, porque sin su mentoría y su impulso, Juan Manuel Santos jamás habría sido presidente. Santos puso el estado colombiano al servicio de causas “para-democráticas”, al desequilibrar los poderes en búsqueda de un deseo personal. Utilizando los métodos Castro-Chavistas de la “Guerra popular prolongada” y “La combinación de todas las formas de lucha” una vez en la jefatura del estado, armó una liga internacional al servicio del loable encomio de instituir la paz en Colombia. Con esta campaña exitosa de marketing utilizó los instrumentos de la rama jurisdiccional para construirse un monumento en la historia como el pacificador del siglo XX. Un proceso de paz firmado al amparo de una reforma constitucional aparentemente es el crimen perfecto.
—¿Cuáles son para usted las señales de alarma en un sistema democrático?
—Coexistencia de los dignatarios de las ramas del poder público con actividades criminales o tolerancia al delito, falta de transparencia en la aplicación de las normas y procedimientos establecidos en el estado de derecho, promiscuidad funcional de dignatarios en las tres ramas de poder e hipertrofia de órganos públicos. Todas las anteriores socavan el contrato social que mantiene equilibrada la democracia constitucional.
—Y volviendo a Colombia. En marzo la fiscalía va a tomar una decisión determinante en este caso contra el presidente Uribe: o erradica la acusación o la precluye. Por toda la experiencia que a usted le ha tocado vivir, ¿cómo avizora esa decisión?
—En el caso del presidente Uribe y en todos los demás casos yo siento que, desafortunadamente la justicia y no la Fiscalía, sino, las Cortes y todos los operadores judiciales fueron permeados por intereses políticos.
—Pero me han hablado de que el Fiscal General y el Fiscal de la causa son personas apegados a derecho.
—Lo que pasa es que tú puedes tener un funcionario óptimo, un funcionario idóneo, pero, no es suficiente si el grueso del sistema ha caído en la trampa de utilizar la función judicial como instrumento de presión política.
