La Fiscalía acusa a Carme Forcadell de imponer ideas “por la fuerza de los hechos”

La Fiscalía considera que la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, desobedeció de una forma intencionada y plenamente consciente al Tribunal Constitucional (TC) para imponer sus ideas políticas soberanistas “por la fuerza de los hechos”. Ésta es la tesis que mantienen los fiscales en la querella presentada contra Forcadell por los supuestos
delitos de desobediencia y prevaricación.

La presentación de la querella, que ha sido formalizada este miércoles, fue ordenada por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, el pasado lunes, y ha quedado formalmente interpuesta hoy en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) –en el que Forcadell es aforada- por el fiscal jefe de esta instancia judicial, José María Romero de Tejada. El fiscal jefe del TSJ de Catalunya mantuvo dos reuniones de trabajo con la fiscal general, el lunes y el martes, y una vez que ha regresado a Barcelona ha formalizado la querella.

El texto presentado –del que ofrecemos un amplio resumen- afirma que la presidenta del Parlament de Catalunya se valió de una “tergiversación” de sus funciones para alterar “arbitrariamente” el “sentido del mandato electoral” que recibió el 27 de septiembre del año pasado, interpretado por
Carme Forcadell
como un aval a su ideario soberanista. La querella añade que al decidir que se procediera a la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del Procés Constituent, la presidenta de la cámara catalana actuó con “desprecio” a la Constitución española y con el objetivo de “desvincular” a Catalunya de España y con la pretensión esencial de “dinamitar” la distribución territorial de competencias en el Estado.


Detalles de la querella


“La querellada –afirma el texto presentado- acordó someter a votación la inclusión en el orden del día y la aprobación de unas conclusiones con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaba un trámite constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia dentro de la ordenación territorial del Estado”. El texto añade que dicho pronunciamiento era ajeno o “extravagante de las genuinas funciones parlamentarias de la que estaban investidos (los parlamentarios) conforme a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Catalunya y lesivo por demás del derecho fundamental al ejercicio de la función parlamentaria de los miembros de la Cámara que no estaban dispuestos aceptar tan extrema tergiversación de sus atribuciones y del derecho de los propios ciudadanos a participar en los asuntos públicos, al haber sido arbitrariamente alterado el sentido del mandato electoral otorgado en las elecciones autonómicas del día 27 de septiembre”.

Más adelante, la querella sostiene que “la Sra. Presidenta del Parlmento de Catalunya, Carme Forcadell i Lluís, manifestando una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución de 1978, del ordenamiento emanado de la misma, y de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional de 2 diciembre de 2015 y de 19 de julio de 2016, procedió a dar impulso al proceso constituyente preordenado en la resolución 1/XI (de la cámara catalana), resolución de imposible encaje en el ámbito competencial del Parlament de Catalunya, en la ordenación territorial del Estado y en los procedimientos establecidos de reforma constitucional y estatutaria, integrando una pura vía de hecho”.

El Govern catalán ha mostrado públicamente su apoyo a la presidenta del Parlament
El Govern catalán ha mostrado públicamente su apoyo a la presidenta del Parlament (Andreu Dalmau / EFE)

En otro punto del texto se sostiene que “la querellada posibilitó la aprobación de una resolución que de manera expresa trata de desvincular a las instituciones de la Comunidad Autónoma de Catalunya del sistema constitucional, dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado del Título VIII de la Constitución española”. Dichas iniciativas –prosigue la querella de la Fiscalía– “no encarnan una mera infracción del ordenamiento constitucional, susceptible de ser resuelta por los mecanismos ordinarios de la jurisdicción contencioso-administrativa constitucional, sino que pretende su abierta y deliberada derogación”. Y concluye que “en este sentido, nos hallamos ante un prevaricación asentada en el arbitrario ejercicio de unas potestades administrativas para las que el Parlament carece de competencia”.

La querella también sostiene que las resoluciones del Tribunal Constitucional “suspendiendo el proceso constituyente dejan expuesta la ausencia de cobertura legal y, inconsecuencia, la intrínseca arbitrariedad de la conducta desarrollada por la querellada cuando mediante un ejercicio desviado de las funciones públicas que ostenta como presidenta del Parlament, adoptó decisiones y tomó medidas que posibilitaron la votación de las conclusiones de la Comisión pese a su contradicción flagrante con la Constitución ”.

Por otra parte, la querella argumenta que las conclusiones que se votaron en el Parlament no pueden considerarse como una legítima iniciativa política porque pretenden atacar la Constitución. En este sentido, el texto afirma que “las decisiones de la Presidenta del Parlament acordando someter al Pleno las conclusiones de la Comisión pese a encaminarse a la derogación por la vía de hecho de la Constitución no pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación administrativa”. Y ello porque “se trata de decisiones que afectan al funcionamiento del Parlament y que potencialmente pueden generar una grave quiebra del ordenamiento constitucional”.

Forcadell arremete contra el Estado

La presidenta del Parlament ha reaccionado ante la presentación de la querella con varios mensajes en Twitter, el primero para denunciar que “lo que dinamita el Estado es la corrupción, que se anulen leyes contra la pobreza energética y que no se respecte la libertad de expresión”. Además, la dirigente ha advertido de que “estos embates no nos harán perder ni un segundo de trabajar por el beneficio de la ciudadanía” porque “tenemos mucho trabajo por hacer”, y “es el Estado quien sigue sin respetar la separación de poderes y quien coarta el derecho de participación de los diputados elegidos democráticamente”.

En declaraciones a los periodistas, Forcadell ha señalado que su inhabilitación sería “un ataque tan grande a la democracia” que no lo contempla “de ninguna manera”, por lo que está “tranquila” y además hoy “contenta”, porque la Cámara ha dado luz verde a la tramitación de la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo.

Preguntada por si acudirá a declarar si la cita el juez, la presidenta ha respondido que defenderá “donde haga falta” que obró en la defensa de la libertad de expresión de los diputados y su derecho de iniciativa para debatir asuntos en sede parlamentaria. Ha remarcado que solo contempla dejar la presidencia del Parlament si así lo decidieran, en otras elecciones, los mismos ciudadanos catalanes que la escogieron como diputada.