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La Fiscalía desestima la querella contra el juez García-Castellón por las escuchas de Villar Mir

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha ordenado desestimar la querella por un presunto delito de prevaricación que presentó Carlos Domínguez, abogado del empresario Juan Miguel Villar Mir, contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, e instructor del caso Lezo.

En un informe previo enviado a la Sala de Admisiones del Supremo, encargada de tomar la decisión final, la Fiscalía descarta la imputación del juez Manuel García-Castellón, que fue querellado por presuntos delitos de prevaricación, escuchas ilegales, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. Los magistrados de la Audiencia Nacional están aforados ante el alto tribunal, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El juez del caso Lezo ordenó las escuchas a Villar Mir, investigado en la trama de corrupción desde 2016 por un supuesto soborno por la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero, después de que el empresario alegara estar enfermo para no presentarse a declarar en la Audiencia Nacional el pasado 8 de enero.

Durante el diálogo telefónico que mantuvo el fundador de OHL con su abogado, el magistrado descubrió que aludían a un informe médico falsificado para eludir la declaración. García-Castellón presentó la grabación en los juzgados de Plaza de Castilla para que Villar Mir y Domínguez fueran investigados por falsedad documental. Sin embargo, la titular del Juzgado número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, decidió archivar de plano la investigación.

Por su parte, el empresario y su letrado contra atacaron querellándose contra el juez García-Castellón alegando delitos de intercepción ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administración de justicia e infidelidad en la custodia de documentos.

En la querella, el abogado de Villar Mir estableció un paralelismo con el caso del ex juez Baltasar Garzón, que fue condenado a 11 años de inhabilitación por interceptas las comunicaciones con los imputados del caso Gürtel mientras hablaban con sus abogados sobre la estrategia de defensa.