La Fiscalía persigue a Cifuentes: “¿No había más personas para que ella estuviera en dos mesas? Nos llama la atención”

La Fiscalía Anticorrupción está intentando confirmar si la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pudo adjudicar de manera arbitraria dos contratos al empresario Arturo Fernández en la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011. Así lo dejó reflejado en el interrogatorio a la ex jefa de la asesoría jurídica de la Asamblea, Tatiana Sonsoles Recoder, en calidad de investigada el pasado 30 de noviembre.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló a Cifuentes por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro de cohecho por la contratación a dedo a Fernández a cambio de donaciones al PP. Este informe lo presentó en mayo en la Audiencia Nacional en el marco de la ‘Operación Púnica’ y todavía está pendiente de que la Fiscalía y juez le den una respuesta. El instructor ha iniciado una ronda de interrogatorios para delimitar la presunta responsabilidad de la actual presidenta madrileña antes de decidir si debe estar como investigada.

En la declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, la ex letrada jefe de los servicios jurídicos de la Asamblea explicó que el contrato para el servicio de cafetería en el año 2009 se decidió que se valorara no sólo el precio si no la calidad. Para eso, se tuvo que designar un comité de expertos para proceder a una valoración subjetiva de la mejor oferta.

Recoder reconoció que del comité de expertos formó parte ella misma y la propia Cifuentes, aunque ninguna era experta en restauración. Además, Cifuentes también formaba parte de la mesa de contratación, extremo que la letrada desconocía. “¿No formuló ninguna reserva de que Cifuentes formara parte también del comité de expertos, además de la mesa de contratación?”, le preguntó la fiscal Carmen García Cerdá.

”Yo no participo en la mesa de contratación. Son departamentos muy estancos”, subrayó la letrada, investigada por una presunta adjudicación a dedo al empresario del grupo Cantoblanco y quien a su vez habría donado dinero al Partido Popular a través de la fundación Fundescam.

Cifuentes pudo abstenerse

Recoder insistió en varias ocasiones que ella desconocía que Cifuentes, con quien compartió presencia en el comité de expertos, también formara parte de la mesa de contratación. El primero debía valorar las ofertas y el segundo proceder a la adjudicación. “Por las causas de abstención, tenía que ser la propia Cifuentes la que se abstuviera, yo no podía intervenir. Y para recusarla, tendría que ser parte interesada en el procedimiento, y yo no lo era”.

”¿No había más gente para que estuviera ella en las dos mesas? Nos llama un poco la atención”, apunta la representante del Ministerio Público a la investigada, sobre el papel de Cifuentes en esta adjudicación. “Desconozco el procedimiento de contratación. No pertenezco a la mesa de contratación”, contestó Recoder.

”¿Era experta en restauración?”

La fiscal siguió insistiendo: “Como comité de expertos, ¿qué valoraban; eran expertas para poder valorar?”. “Yo no soy experta en restauración”, contestó la ex jeja de los servicios jurídicos. “¿Alguien era experto en restauración?”, repreguntó, después de recordar que la ley dice que el comité de expertos será compuesto por miembros de cualificación adecuada. “No”, confesó.

“¿Estaba en disposición de valorar?”, insistió. “En términos generales sí. En términos profesionales como un experto en restauración no. Pero por sentido común, sí”, contestó la investigada. “En términos generales…”, repitió la fiscal.

”Jamás lo hubiese permitido”

Respecto de cómo el comité de expertos valoró que la mejor oferta era la del grupo Cantoblanco, el Ministerio Fiscal quiso saber dónde se reunieron, a lo que contestó que en el despacho de la propia Cifuentes; cuánto duró la reunión; o si fueron analizando punto por punto. Además, pidió explicaciones a la investigada de porqué razón se valoró con más puntos que la adjudicataria hubiese tenido más experiencia en el sector público que en el privado.

”Es un poco contradictorio porque decíais que no estabais de acuerdo con la contratación pública de los años anteriores. ¿Cómo es que ahora se valoraba con más puntuación la contratación pública?”. Recoder aseguró que la intención de la adjudicación no fue beneficiar a Fernández porque de ser así “jamás lo hubiera permitido”.

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