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La Fiscalía pide que se mantenga la prohibición de las manifestaciones del 8M ante “el riesgo de la pandemia”

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha expuesto este sábado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sus motivos para justificar que se mantenga la suspensión de todas las manifestaciones previstas con motivo del 8M, porque suponen «un riesgo» para la salud pública.

En su exposición, a la que ha tenido acceso EFE, la representante del Ministerio Público ha sostenido también que, además de las «imperiosas necesidades» derivadas de la actual situación sanitaria, la razón que llevó a la Delegación del Gobierno a prohibir las concentraciones se basan, asimismo, en la normativa propia del estado de alarma.

En su opinión, a la hora de autorizar este tipo de manifestaciones durante el estado de alarma existe una «situación de conflicto» entre el derecho a la vida (art. 15 CE) y a la salud (art. 43 CE) frente al derecho de reunión (art. 21 CE).

Para la fiscal resulta «procedente» realizar un ejercicio de ponderación con el fin de otorgar «prevalencia» al derecho a la vida, “dado que el propio texto constitucional prevé la posibilidad de limitar el derecho de reunión en los supuestos que exista una puesta en peligro para las personas y bienes».

Sostuvo también que las concentraciones previstas para el 8 de Marzo (8-M) carecen de las medidas se seguridad que permitan garantizar la salud pública «que se ve comprometidas en la situación actual».

Así, asegura que la previsión de un cordón de seguridad compuesto por un «reducido» número de integrantes «es, a todas luces, insuficiente para el control basado en el porte de la mascarilla y el mantenimiento de la distancias interpersonal de un número de personas como el indicado por el promotor».

Por tanto, ha consideró que la prohibición de las concentraciones es «proporcionada» y «ponderada» ante la situación actual de riesgo sanitario sin que queda cuestionar la motivación del acto, «que es suficiente y adecuada» y sin que tampoco quepa apreciar un trato discriminatorio hacia las concentraciones convocadas.

Calvo justifica la prohibición del 8M a la espera de que se pronuncie el TSJM

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha destacado este sábado que la decisión de prohibir las manifestaciones del 8M en Madrid tiene como objetivo «no agravar más» la situación sanitaria de la Comunidad, que tiene «las peores cifras de la pandemia».

«No poner en riesgo ahora mismo la salud y las vidas es lo primero. (…) No hay una dicotomía entre un Gobierno progresista y feminista que está volcado con el 8 de marzo y los derechos fundamentales de manifestación, lo que hay es una preocupación legítima de que en Madrid, con unas cifras pandémicas tan graves, no agravemos más la situación», ha explicado Calvo en declaraciones a los periodistas en Alcalá de Henares (Madrid).

La vicepresidenta ha sostenido que el Gobierno ha tenido que tomar en Madrid «decisiones ponderadas y complicadas» y que el hecho de que sólo se hayan prohibido las concentraciones y manifestaciones en esta comunidad responde a que «tiene las peores cifras de la pandemia».

Calvo ha insistido en que existe preocupación de que «Madrid vuelva a retroceder en un asunto en que sencillamente cada día que nos levantamos muere alguien».

Ahora bien, ha asegurado que el Ejecutivo acatará «absolutamente» lo que decidan los tribunales la tarde del sábado sobre los recursos interpuestos por sindicatos y colectivos feministas contra la prohibición de las manifestaciones del Día de la Mujer.

A la espera del TSJM

La secretaria de Organización de CCOO en Madrid, Paloma Vega, se ha asegurado este sábado que espera que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falle a favor de la demanda interpuesta por los sindicatos por la decisión de la Delegación del Gobierno de prohibir todas las manifestaciones y concentraciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer por motivos sanitarios.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TJSM tiene previsto reunirse a partir de las cinco de esta tarde para decidir sobre las siete demandas interpuestas contra la prohibición de las manifestaciones, entre las que se encuentran las de los sindicatos UGT y CCOO.