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La Fiscalía pide un año de inhabilitación para la huida Serret por desobediencia

La Fiscalía de Cataluña pide un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros para la exconsejera de Agricultura y diputada de ERC Meritxell Serret por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, por facilitar la celebración del referéndum del 1-O.

Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la DUI, regresó a España en marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que la había procesado por los delitos de malversación y desobediencia, igual que a los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, quienes tuvieron un papel similar en el 1-O.

La exconsellera de Agricultura se entregó al Supremo al ver despejado su horizonte procesal después de que Mundó, Borràs y Vila fueran condenados solo por desobediencia y no por malversación -que sí conlleva penas de cárcel-, por no estar acreditado que sus consellerías autorizaran pagos para organizar el 1-O. En concreto, el Supremo condenó a Mundó y Borràs -que estuvieron un mes en prisión preventiva por el caso del procés- y a Vila a una pena de 20 meses de inhabilitación, ocho meses más de lo que ahora la Fiscalía pide para Serret.

En su escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ante el que Serret es aforada, la Fiscalía sostiene que «intervino en la adopción de algunas de las decisiones ejecutivas necesarias para garantizar» el referéndum del 1-O, como miembro del Govern de Carles Puigdemont. Según sostiene el ministerio público, desde finales de enero de 2016, la acusada se implicó en la «ejecución del plan acordado» por el Govern de Puigdemont para convocar un referéndum de independencia, «plenamente consciente de la notoria ilegalidad de su proceder». Y ello lo hizo, añade el escrito de acusación, pese a las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional, que le instaban a su «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa» destinada a facilitar el referéndum ilegal del 1-O.

«Esta advertencia», subraya la Fiscalía, «le había sido, y le fue formulada en idénticos términos en varias ocasiones con motivo de la suspensión y declaración de inconstitucionalidad de diferentes leyes, decretos y resoluciones parlamentarias». Entre algunas de las acciones concretas en las que participó Serret, el escrito de acusación señala que el 6 de septiembre de 2017 la totalidad de los miembros del Govern, incluida la acusada, firmaron el decreto de convocatoria del referéndum, «desatendiendo nuevamente los requerimientos del Tribunal Constitucional y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la iniciativa».

También, esgrime el ministerio público, era conocedora de que los Presupuestos de marzo de 2017 incluían partidas destinadas a garantizar los recursos necesarios para la celebración del referéndum, que un mes después serían suspendidas por el Constitucional en una providencia notificada a cada uno de los miembros del Govern. Así, para la Fiscalía, la exconsellera «conocía perfectamente la ilegalidad de las decisiones que se estaban tomando, que las mismas ignoraban por completo los mandatos del Tribunal Constitucional, y que se estaban destinando fondos públicos a unos fines manifiestamente delictivos«.

Serret -una de los cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que huyó del país tras la Declaración Unilateral de la Independencia (DUI) en octubre de 2017 junto al propio president y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí -ahora en Escocia- y Lluís Puig- fue la primera procesada por el caso del procés que regresó a España para entregarse a la justicia.

Siguió sus pasos la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que el pasado mes de julio regresó de Suiza para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que también la ha procesado por un delito de desobediencia por el 1-O.

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