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La fiscalía rechaza la recusación de Marchena para presidir el tribunal del ‘procés’

La fiscalia ha solicitado que se rechace la recusación del magistrado Manuel Marchena para presidir el tribunal encargado de juzgar a los dirigentes independensitas por el presunto delito de rebelión, tal y como solicitaron algunos de los procesados. La petición se basaba por la supuesta vinculación de este juez con el PP al haber sido propuesto por este partido para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, sobre todo, por los mensajes enviados por el diputado conservador Ignacio Cosido en un chat de whatsap en el que se jactaba de que a partir de ese buen acuerdo podían influir en los magistrados del Tribunal Supermo que dictarán la sentencia contra los exmiembros del cesado gobierno de Carles Puigdemont. Marchena declinó, al final, presidir el CGPJ.

El escrito de la fiscalía sostiene que “no se trata de primar los deseos o preferencias del justiciable respecto a la composición personal del órgano de enjuiciamiento, ni tampoco de atender sus dudas basadas en meras apreicaciones o impresiones personales, sino que para que pueda afirmarse que un tribunal puede no ser imparcial es preciso que las dudas sobre la imparcialidad estén objetivamente justificadas”. Agrega que aunque “las apariencias son importantes, pues pueden afectar a la confiaza que los tribunales de a una sociedad democrática deben inspirar en los ciudadanos en general”, esas sospechas no se puden argumentas solo por “meras impresiones”.

La acusación pública sostiene que las sospechas en el caso de Marchena se han producido mucho después que este magistrado fuera designado uno de los siete miembros (además es ponente de la sentencia) tribunal que juzgara a los dirigentes independentistas, sino que también están fuera “de toda acreditación real que las evidencien como ciertas, y constituyen “puras y gratuiras especulaciones” de un tercero (Cosido) que “realiza un juicio de inferencia sobre el eventual comportamiento personal de quienes sus propios actos ha dejado patento no solo su propia y personal independencia intelectual, sino su defensa de la independencia judicial en general”.

Confianza en los tribunales

Al entender de la fiscalía, “la denuncia de parcialidad” de Marchena es “inasumible” en tanto “no viene referida a ninguna acción, expresión o prununciamiento del mismo en el ámbito público de sus funciones, ni en privado de su vida personal, que le aleje de la absoluta imparcialidad y ajenidad respecto al objeto del proceso y las personas que en el mismo están afectadas o de algún modo interviene”. Y no solo eso, destaca el ministerio público, sino que el procedimiento usado para expresar la vinculación del juez con “determinada ideología” es “constitucionalmente ilegítimo”, “más allá de especular al margen del cauce procesal y sus reglas, se obvió el debate reglado y la debida contradicción de sus argumentos, poniendo así en peligro (sin fundamento objetivo) la confianza de los ciudanos en sus tribunales”.