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La Fiscalía se inclina por no personarse en los recursos sobre hipotecas pendientes en el Supremo

La Fiscalía se inclina por no personarse en los recursos del impuesto hipotecario pendientes de resolverse en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal celebrará el 5 de noviembre el pleno donde se decidirá si se confirma el cambio de doctrina iniciado tras las 3 sentencias en las que se concluye que la banca debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y no el cliente.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentaba un escrito en la Fiscalía General del Estado hace 10 días solicitando al Ministerio Público que se personara ante el Supremo para defender a la ciudadanía y a los consumidores “en los recursos que vayan a resolverse en las próximas semanas”, sobre “los abusos bancarios cometidos durante décadas por las entidades responsables de la mayor crisis económica de la historia reciente”.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la Fiscalía estudia el escrito presentado por dicha plataforma, pero “es muy improbable que se plantee irrumpir ahora en este asunto y personarse en los recursos pendientes de resolverse” por dos razones principales: todavía “no está claro” que el Ministerio Fiscal tenga “legitimación procesal” para hacerlo y en segundo lugar, “resultaría muy perturbador desde el punto de vista de la seguridad jurídica”, que es precisamente lo que se intenta restablecer cuanto antes.

Cabe destacar que si la Fiscalía accediera a revisar los recursos pendientes sobre los abusos hipotecarios en el Supremo, se requeriría un “estudio a fondo del tema” que obviamente resultaría absolutamente contraproducente. Se tendría que paralizar la resolución del Supremo y se prolongaría la situación de inseguridad jurídica.

En este contexto, el pleno del próximo lunes 5 de noviembre es capital para el futuro de las hipotecas y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. De hecho, tal y como avanzaba este diario, la Sala Civil del Supremo podrá revisar las sentencias que eximieron a la banca de pagar el citado impuesto si la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma el cambio de jurisprudencia.

El Supremo estudia aplicar una “voladura controlada” para dar solución al escándalo mediático y jurídico suscitado en la últimas semanas. “Lo más probable”, apuntan, es que se mantenga el criterio fijado con las 3 últimas sentencias y por tanto, la banca pague el impuesto y no el cliente.

Sin embargo, hay otro elemento clave, la retroactividad. Aunque el Supremo es partidario de que pague la banca y se fije la “irretroactividad”, es decir, que se rechace el efecto retroactivo de esta decisión, lo cierto es que la posible revisión de las sentencias de la Sala Civil (Primera) del Supremo provocaría que las reclamaciones de los clientes a los bancos no prescribiesen. También se estudia fijar una retroactividad de 4 años.

Carlos Lesmes, preisdente del Tribunal Supremo y del CGPJ (Foto: Efe).

El pasado 22 de octubre, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes; se reunía con el vicepresidente del Tribunal, Ángel Juanes; el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo y los magistrados Nicolás Maurandi, Ángel Aguallo, José Diaz, Francisco José Navarro, Jesús Cudero y Dimitry Berberoff.

Tras dicho encuentro, Lesmes apuntaba en un comunicado que las 3 sentencias que obligan a pagar a la banca son “firmes” y no son susceptibles de revisión por la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) en el pleno del 5 de noviembre.

El documento remitido a Fiscalía

En el escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca destacaba “la decisión ‘sin precedentes` adoptada por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en contra de la sentencia acordada por la Sección Segunda de dicha Sala y dos sentencias más por las que se establece la obligación de los prestamistas a hacer frente al pago del impuesto de actos en relación con los créditos hipotecarios”.

“Ante la enorme alarma social que genera esta decisión”, añadía, “que cuestiona y erosiona gravemente la apariencia de independencia e imparcialidad de la que deben estar imbuidas las decisiones judiciales”, la misión que tiene el Ministerio Fiscal es “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio a a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales”.