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La Fiscalía se opone a que el comisario Castaño declare sobre los secretos oficiales de Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, tome declaración al comisario Enrique García Castaño, más conocido como ‘El Gordo’, en relación a las actividades de su socio, el también comisario y ahora en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, que afectarían a secretos oficiales del Estado, según han informado fuentes jurídicas.

De Egea, instructor del caso ‘Tandem’, había solicitado informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre esta posibilidad atendiendo a las peticiones de García Castaño, quien viene solicitando al juez que recabe permiso del Consejo de Ministros para que él pueda declarar abiertamente sobre asuntos como el uso de fondos reservados sin incurrir en delitos por vulneración de secretos oficiales.

Anticorrupción, tras recibir el escrito del juez, ha decidido oponerse a esta solicitud porque entiende que aún hay diligencias por practicar antes de llegar a tomar declaración a García Castaño, de acuerdo a las fuentes consultadas.

El pasado mes de julio, De Egea tomó declaración a García Castaño y lo dejó en libertad con medidas contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que defendía la necesidad de mantener en prisión al comisario investigado por facilitar documentación y datos personales a Villarejo sobre las personas a las que éste hacía seguimiento por encargo de sus clientes.

Secretos de fondos reservados

A la luz de las filtraciones de conversaciones grabadas en su día por Villarejo que se han venido sucediendo en los últimos meses, García Castaño había solicitado al juez que volviera a tomarle declaración, pero esta vez, con permiso del Consejo de Ministros para que pudiera hacer uso de información que pueda estar clasificada como secreto oficial.

Tal y como trasladaron sus abogados al juez de la Audiencia Nacional la semana pasada, el comisario sostiene que sólo así puede desplegar su derecho de defensa frente a “filtraciones interesadas” de “conversaciones que son malinterpretadas y retorcidas para presentar unos hechos que no se corresponden con la realidad”.

En concreto, pedía permiso para poder vulnerar en sede judicial la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y la Ley de Gastos Reservados de 1995, una demanda que según avanzaba lainformación.com, habría atendido De Egea, al poner en marcha el mecanismo para recabar autorización del Consejo de Ministros. No obstante, Anticorrupción se opone a esta iniciativa.