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La Fundación de Sánchez vinculada al caso ‘Tito Berni’ tiene como objetivo la inversión en Venezuela, Argentina o Cuba

La investigación nacional del caso Mediador o caso Tito Berni, más allá de las fiestas con prostitutas y droga y comilonas con diputados del PSOE, se ha centrado en un tremendo maná para la contratación pública: una fundación del Gobierno de Pedro Sánchez, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIlAPP).

En su patronato se encuentran la vicepresidenta Nadia Calviño, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, y entre sus vocales, la secretaría de Estado para la Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Se trata de una gigantesca y multimillonaria fundación con 234 millones de euros en activos, 67 millones gastados en proyectos actualmente en ejecución, presencia en 122 países y 64,5 millones de euros adjudicados en nuevos proyectos. Y allí es donde la Guardia Civil investiga toda una serie de contratos públicos de esta fundación por su posible vinculación con el general retirado de la Guardia Civil implicado en la trama y al que el Tito Berni conocía bajo el sobrenombre de Papá.

Según la documentación de la propia fundación, sus «prioridades geográficas» se dividen entre áreas de «acción exterior del Estado» donde «se actúa para atender desafíos globales». «La acción exterior del Estado se enmarca en la acción exterior de la Unión Europea y como parte de un sistema de cooperación para el desarrollo de competencias compartidas» y allí la FIIAPP trabaja «en el eje de la Cooperación Española y Europea, concentrando sus actividades en las siguientes áreas geográficas específicas». Y allí figura, entre otras zonas: «América Latina y el Caribe: la FIIAPP apuesta por fortalecer aún más las alianzas con la región que representa nuestra vecindad más inmediata en todos los sentidos, a excepción del geográfico». Otra de las áreas incluye África y el Sahel. Y allí es donde la Guardia Civil investiga la posible vinculación con el general Espinosa retirado ya de la Guardia Civil y conocido en la trama del Tito Berni como el ‘Papá’.

Inversiones millonarias en dictaduras

Es más, en el año 2022, han sido «especialmente relevantes la XXVIII Cumbre Iberoamericana, la posible Cumbre UE-ALC y la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur. Además, la puesta en marcha del nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y los miembros de la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico», destaca la Fundación Iberoamericana firmante de los contratos que investiga la Guardia Civil.

Así con Venezuela, Argentina o Bolivia se firmó el programa «COPOLAD III: Programa de cooperación birregional UE-LAC sobre políticas de drogas». «El programa COPOLAD lleva ya una década apoyando el diálogo y la cooperación entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe sobre políticas de drogas. En 2021 comenzó la tercera edición liderada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en consorcio con la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA), y en coordinación con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT/EMCDDA)», destaca la fundación. Entre los países implicados se encuentran Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua, Las Granadinas o Venezuela. Para ello se han destinado 15 millones de euros y el financiador final es la Comisión Europea.

Otro de los programas es ecologista: «AL INVEST Verde, alianza para el crecimiento sostenible y el empleo». Allí están países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay o Venezuela. Y cuenta con 6 millones de euros pagados por la Comisión Europea. Otro programa, sólo por poner un ejemplo más es el conocido como «Alianza Digital UE-LAC: Diálogo político UE-LAC sobre política y normativa digital». Apoya a Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, Rep. Dominicana, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia, Honduras, México, Nicaragua, Haiti, El Salvador o Guatemala y está dotado 5,4 millones, que acaba pagando la Comisión Europea.