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La Fundación Franco contraataca: recurrirá al Constitucional el cierre por ley de la cripta de la Almudena

El Gobierno ha optado por responder con todo un alarde de prohibiciones legales a la frustración de no haber podido exhumar a Franco a estas alturas y a la negativa de la Iglesia a respaldar un acuerdo para impedir el traslado de los restos mortales del dictador a la Almudena. Y la Fundación Francisco Franco, consciente de que uno de los objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez es prohibir su propia asociación, prepara ya el contraataque: llevará las prohibiciones al Tribunal Constitucional por vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión.

La Fundación Francisco Franco está llevando, junto con la familia, buena parte de la estrategia legal de defensa del mantenimiento de los restos mortales del dictador en la Basílica del Valle de los Caídos. El Gobierno de Sánchez lo sabe perfectamente. Y ha optado por intentar borrarlos de la escena asociativa prohibiendo su existencia. Lo ha intentado ante el Parlamento Europeo, con nulo éxito. Y lo ha intentado buscando la mediación de la Iglesia para convencer a la familia Franco dude que deben avenirse a la exhumación, también con escaso éxito.

Y el Gobierno ha pasado a la fase dos: prohibir todo lo que suene a Franco. Así, el Ejecutivo pretende prohibir por ley el entierro del dictador en la Almudena. Quiere imponer sanciones a todos los espacios abiertos al público en los que haya episodios de enaltecimiento del franquismo. Plantea acabar con la Fundación Franco. Y, además, crear el organismo de la “verdad” que prohiba y castigue los comentarios de cualquier persona que al PSOE le parezcan favorables a Franco.

La primer entrega de esas leyes será la de prohibición de entierro en la cripta de la Almudena. Según el Ejecutivo, se trata de un lugar de acceso e interés turístico, con libre presencia de todo tipo de personas, y, por lo tanto, el Gobierno considera que, por mucho que sea religioso, no pierde su jurisdicción sobre este lugar.

La norma regulará, de este modo, la prohibición de exaltación del franquismo contrario al espíritu de la ley de memoria histórica. Y, con ese pretexto, pretende impedir que la tumba de Franco se encuentre en un sitio tan turístico y transitado.

La Fundación Franco contestará a estas medidas legales con acciones judiciales: llevar todas estas prohibiciones al Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho de la familia a elegir el lugar de sepultura, por por violar la libertad de expresión y por utilizar medios públicos para coartar, por ejemplo, la libertad de cátedra o de investigación de la historia.