El Govern de la Generalidad está exultante tras la derogación del delito de sedición acometida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ya está haciendo sus gestiones para que suceda algo parecido con la malversación. Todo con el objetivo de que los condenados por el 1-O vean reducidas sus penas e inhabilitaciones al máximo para regresar al ruedo político lo antes posible.
Así lo ha avanzado este miércoles, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, quien ha considerado «necesario» reformar el delito de malversación, pero se impone discreción en la negociación, y ha avanzado que el president Pere Aragonès comparecerá en el Parlament para explicar el acuerdo suscrito con Sánchez para derogar la sedición.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, Plaja ha recordado que el Govern ha mantenido «silencio» y «escrupulosa discreción» en las últimas semanas respecto a la derogación de la sedición, una premisa que se marca también para avanzar en próximos días la reforma de la malversación. La portavoz ha admitido que mantienen conversaciones con el Gobierno de Sánchez y ha llamado a la prudencia «mientras duren las negociaciones». La Generalidad ha avisado de que esta reforma es «necesaria», ya que «es necesario hacer todos los cambios posibles en el Código Penal que sirvan para limitar al máximo la judicialización de la política por parte del Estado».
La representante del Govern ha celebrado la derogación del delito de sedición, partiendo de la base de que «no es el objetivo final» del gobierno de Pere Aragonès, que trabaja para lograr una «amnistía». «Pero se ha conseguido un avance importante». «Objetivamente es una mejora, un paso adelante y es fruto de la negociación. ¿Alguien piensa que el Estado, inmovilista y represivo contra el independentismo por naturaleza, hubiera hecho este paso voluntariamente? Ya lo digo yo: no», ha señalado.
Según la Generalidad, con el acuerdo para derogar la sedición, «los supuestos para aplicar el agravante son más restrictivos», motivo por el que ha respondido a las críticas desde el independentismo, que son «respetables», pero les ha retado a que pongan sobre la mesa «propuestas concretas para avanzar hacia la independencia«.
Pero sí ha querido dejar claro que reformar ese delito «nada tiene que ver con los que ponen la mano en la caja para buscar un beneficio propio», sino que busca que «no se pueda condenar a nadie por un supuesto gasto que no se ha cometido«. Sin querer entrar en casos concretos que se puedan ver afectados por esta reforma, ha afirmado que el Govern estará siempre en contra de la «corrupción» o de aquellas personas que hayan buscado un «beneficio personal», y en ningún caso quiere «blanquear» esos supuestos.
La Generalidad centra así la posible reforma en el ámbito «político» de este delito, con un matiz que puede ser clave en la estrategia del gobierno catalán: «Una reforma para que nunca más se pueda condenar a alguien por un supuesto gasto de dinero que no se ha ejecutado, como pasó por ejemplo en el caso del Tribunal Supremo», ha aseverado en relación al juicio del proceso independentista.
