Nueva vuelta de tuerca de la Generalidad catalana en su propósito de convertir el idioma español en una lengua extranjera. Tras haber logrado incumplir el fallo judicial del 25% de español en la enseñanza obligatoria e impartir órdenes tajantes de que no se apliquen porcentajes en los planes lingüísticos de cada centro, acaba de remitir un catálogo de instrucciones que refuerza la inmersión lingüística y erradica el español de todas las actividades y espacios de los centros educativos.
Con el título Documentos para la organización y gestión de los centros. Proyecto educativo del centro. Curso 2022-2023, la consejería de Educación, en manos del republicano Josep González Cambray, imparte instrucciones para asentar el modelo educativo separatista. Así, recuerda a los docentes «el papel de la lengua catalana, y del occitano en el Valle de Arán, como eje vertebrador del proyecto educativo del centro». Y a mayor abundamiento, recalca que «los centros deben velar para que el catalán en toda Cataluña, salvo en el Valle de Arán, y el occitano (denominado aranés) en el Valle de Arán, como lenguas propias, sean las lenguas normalmente empleadas como lenguas vehiculares y de aprendizaje del sistema educativo, y que la lengua de signos catalana sea la lengua de referencia cuando proceda».
Lengua de aprendizaje y más
Para ello, el parte de la consejería insiste en que «de acuerdo con la legislación educativa, la lengua catalana debe ser el vehículo de expresión y de comunicación normalmente empleado tanto en las actividades internas del centro como en las de proyección externa». Y añade: «La lengua catalana no es únicamente una lengua objeto de aprendizaje. Es la lengua de la institución y, por tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general».
Las órdenes especifican, por ejemplo, que todas las «actividades internas de los centros, tanto orales como escritas (reuniones, actos, informes y comunicaciones), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y evaluación, la interacción entre docentes y con los alumnos, y las actividades de formación del profesorado» se deben llevar a cabo «normalmente» en catalán, a excepción del Valle de Arán, en el que la norma «bendice» el uso del aranés.
El español, ni en el comedor
La obsesión reguladora para erradicar el español de las escuelas llega al punto de indicar que se debe informar a los profesionales encargados del comedor escolar y las actividades extraescolares «de los usos lingüísticos de la escuela acordados en el proyecto lingüístico» para que actúen en consecuencia. También señala que la rotulación de todos los espacios escolares se debe hacer sólo en catalán.
Además, da por sentado que «los equipos docentes son conscientes del uso profesional que hacen de la lengua y del hecho de que son un modelo lingüístico de referencia para el alumnado».
En cuanto al español, al que el documento de la Generalidad se refiere en las escasas ocasiones que cita la lengua como «castellano», la consejería de Educación recurre a la jerga habitual para reseñar que los alumnos «tengan un dominio pleno de las lenguas oficiales catalana y castellana». En otro apartado menciona «la enseñanza y uso curricular y educativo del catalán y el castellano».
Una lengua extranjera
Sin embargo, no es que el tratamiento de la lengua española no tenga la consideración de vehicular que le otorgaba la sentencia del 25%, elevada al Tribunal Constitucional por las maniobras legislativas de socialistas y separatistas, sino que es tratada como una lengua extranjera. Así, las instrucciones indican que «cuando una familia lo solicite, los equipos directivos o los titulares de los centros deben adoptar las medidas organizativas pertinentes para prestar la atención individualizada en castellano en la primera enseñanza, de manera que se haga compatible la pertenencia al grupo de clase con la especificidad del aprendizaje de estos alumnos».
A continuación, la orden expone que «el director o directora del centro debe comunicar a los servicios territoriales o, en la ciudad de Barcelona al Consorcio de Educación, las necesidades derivadas de la organización de la atención individualizada en castellano en la primera enseñanza que no puedan ser atendidas con los recursos del centro».
Comisarios de «cohesión social»
Para que nadie se desmande, la Generalidad ordena que cada centro disponga de la figura del «coordinador de lengua, interculturalidad y cohesión social» que tendrá que velar por el cumplimiento de todas las disposiciones y promover (aún más) el uso del catalán en las actividades no lectivas y extraescolares. También se le reclama «recopilar información sobre las lenguas en que se imparten las áreas, materias o asignaturas no lingüísticas y sobre los proyectos plurilingües que se desarrollen en los centros». En la práctica, un comisario político cuyo nombramiento será, en principio, potestad de los directores.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha anunciado que recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) las instrucciones impartidas por la Generalidad en la circular con fecha de 19 de julio porque vulneran derechos y preceptos constitucionales.
Recurso constitucionalista
La impugnación se sustenta, sostiene la AEB, «en la vulneración de los derechos fundamentales a la no discriminación (art. 14 de la Constitución) y a la educación (art. 27 de la Constitución)». Además pide como medida cautelarísima que : «Se ordene al Departamento de Educación que en el curso 2022-2023 se incluya en los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y privados sostenidos con fondos públicos el castellano como lengua vehicular de enseñanza y de referencia (además del catalán, el aranés en el Valle de Arán y la lengua de signos catalana)».
