La Guardia Civil ve «altamente improbable, inimaginable y prácticamente fuera» de lógica que el secuestro y asesinato del concejal de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco se llevase a cabo sin «órdenes específicas» de la dirección de Eta y apunta a que fue una decisión fruto del «consenso» y adoptada de forma colegiada por su comité ejecutivo.
El instituto armado responsabiliza a los integrantes de dicho comité o «zuba» de haber «decidido, planificado y ordenado» el secuestro del edil dada la «evidente» «capacidad de acción y dominio» que tenían sobre las acciones de la organización terrorista, según plasma en un informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso a Efe este viernes.
Recuerda la Guardia Civil que aquellos días de julio de 1997 integraban el comité ejecutivo de Eta José Javier Arizkuren, Kantauri; Mikel Albisu, Antza; Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; y Soledad Iparaguirre, Anboto.
Contra ellos, y contra cinco más, se querelló la asociación de víctimas Dignidad y Justicia en la Audiencia Nacional, que investiga si tuvieron responsabilidad en el atentado por omisión porque pudieron evitar aquel crimen tras 48 horas de secuestro.
Precisamente, este es uno de los argumentos que incluye la Guardia Civil en su informe, donde señala que los miembros del Comité Ejecutivo «no solo no llevaron a cabo ningún acto» para terminar con el secuestro, teniendo capacidad para ello, sino que tampoco «intentaron evitar o impedir su asesinato final«.
Esta acción terrorista, dice el informe, no la pudo cometer el comando Donosti «‘motu propio’, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización» del Comité Ejecutivo.
Y no fue tampoco una decisión de un miembro aislado de ese comité, sino que «requirió el consenso»; fue una decisión «adoptada de forma colegiada por todos los integrantes de la Zuba». «El alcance , la repercusión y las consecuencias de una acción terrorista como la cometida contra Miguel Ángel Blanco Garrido así lo requería», apunta el informe.
Los miembros de aquel comité, prosigue, eran «plenamente conscientes de la posición de mando que ostentaban» dentro de Eta y «de su amplia capacidad de actuación»: la de «ordenar y materializar» atentados.
Sabían también, señala la Guardia Civil, que Eta había secuestrado a Miguel Ángel Blanco, no solo por haberlo «decidido, planificado y ordenado», sino porque «se responsabilizó de su secuestro» a través de los medios de comunicación y se justificó la acción terrorista. Eran, por tanto, «plenamente conscientes de que tenían en su mano los medios para hacer cesar esa situación».
Además, recuerda el instituto armado que la sentencia que condenó a Javier García Gaztelu, Txapote; y a Irantzu Gallastegui, Amaia; señalaba que cometieron el atentado siguiendo instrucciones de la «dirección» de Eta.
Como hizo la Ertzaintza en otro informe presentado ante el juez que investiga la querella de Dignidad y Justicia, Manuel García Castellón, la Guardia Civil subraya la jerarquización de la organización terrorista, donde cada uno de sus miembros tenía una misión y «se encontraba sometido a la disciplina y las órdenes que el Comité Ejecutivo dictaba».
Subraya asimismo que «en el marco de La estrategia de desestabilización» de Eta, la dirección decidió en 1997 llevar a cabo acciones terroristas contra miembros del PP mediante el secuestro de un militante «bajo la amenaza de asesinato» si el Gobierno no accedía a sus exigencias. Era, dice el informe, una «prioridad absoluta para la dirección de Eta».
En este marco, concluye, una de las víctimas elegidas por la dirección de la organización terrorista para materializar su nueva estrategia fue Miguel Ángel Blanco.
