La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenaba en diciembre de 2019 a cinco años de prisión al actual exmarido de la vicepresidenta regional y consejera de Igualdad Mónica Oltra por abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años. Los hechos se produjeron entre finales de 2016 y principios de 2017 cuando Luis Ramírez Icardi y Oltra eran pareja y vivían en el mismo domicilio.
La menor estaba tutelada por la Generalidad valenciana en un centro donde trabajaba el marido de Oltra. Según recoge la sentencia, la niña «durante determinados periodos de tiempo en el año 2016 y principios de 2017, y como consecuencia de un mal comportamiento o que no cumplía con la normativa, era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada«.
«En fechas que no se han concretado, pero entre dos y diez ocasiones, el reo, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos y le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en el mismo», añadían los hechos probados de la sentencia.
La Audiencia Provincial de Valencia afirma que el condenado masajeaba a la chica «en la zona del cuello y la espalda y, una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación«. La menor contó lo que le sucedía a una trabajadora del centro en febrero de 2017, pero desde la Administración competente únicamente se elaboró un informe interno.
En junio de 2017, la menor denunció los hechos ante la Policía, y la Fiscalía de Menores decidió abrir diligencias de investigación. Dos años y medio más tarde, el exmarido de Oltra era condenado. Sin embargo, en junio de 2020, el TSJ de Valencia anuló la condena y ordenó repetir la vista oral para que el tribunal tuviese en consideración dos informes que ponían en duda la credibilidad de la menor.
Estos dos informes debían «ser examinados como prueba por el tribunal». Uno de ellos era del Instituto Espill, especializado en evaluaciones a menores en procesos judiciales, y otro de la Dirección Territorial de la Consejería de Igualdad. Ninguno de los dos daba credibilidad a la declaración de la menor.
La Fiscalía reprochó entonces a la Consejería de Igualdad que silenciara durante cuatro meses la denuncia que la menor hizo en 2017 contra el educador, que en aquel momento, recordamos, era todavía el marido de Oltra. Sobre los informes, el Ministerio Fiscal les restó importancia, ya que los técnicos que intervinieron en el primer expediente también declararon en el juicio y su testimonio no resultó exculpatorio. Respecto al informe de Espill, reprochaba a la defensa que no fuera ella quien llevara ante el tribunal este informe.
Segunda sentencia contra el marido de Oltra
Tras repetirse el juicio, en marzo de 2021 el tribunal añadió en su segunda sentencia contra Luis Ramírez Icardi la circunstancia agravante de prevalimiento al delito continuado de abusos a una menor. En este segundo juicio, se estudiaron los dos informes citados aportados por la defensa. La Audiencia consideró «en conciencia» que las mismas no eran suficientes como para variar el resultado de su primera sentencia condenatoria; y además, criticó la «instrucción parajudicial» del caso de la menor que, en opinión de los magistrados, se hizo desde la Consejería de Igualdad de la propia Oltra.
Seis meses después, la sentencia era confirmada íntegramente por el TSJ de Valencia, que consideró probado que la joven, nacida el 28 de mayo de 2002, sufrió abusos.
El papel de Oltra y su Consejería de Igualdad
Tal y como consta en la querella que dio origen a la causa contra Oltra, presentada el año pasado ante el TSJV por la asociación GOBIERNA-TE, «resulta ya evidente» que cuando la Sra. Oltra tuvo conocimiento de los hechos de los que estaba siendo acusado su marido en agosto de 2017, así como de la pendencia y tramitación de un procedimiento penal por los mismos, «empezó a ‘dar instrucciones’, a lo que se está refiriendo a todas luces es a las órdenes que dio para orquestar un bien denominado «expediente parajudicial» dirigido por su directora territorial en Valencia e instruido por la Sra. Navarro cuyo objeto siempre fue desacreditar a la menor y minar su credibilidad a los claros efectos de encubrir los deleznables actos cometidos por su pareja y obstruir así la acción de la Justicia».
Según la querella, Oltra obstruyó «la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su obligación de actuar de oficio ante el conocimiento de la posible comisión de un delito, en este caso de abuso sexual a una menor tutelada. Todo ello, con la clara intención de sustraer a la pareja sentimental de la consejera de la acción de la justicia, encubriendo sus despreciables y ya condenados actos«.
«La Sra. Oltra cometió prevaricación al dar instrucciones conducentes a la práctica de la Información Reservada estando pendiente un procedimiento penal por los abusos, pendencia que ella ha declarado conocer desde primeros de agosto de 2017, y cuya tramitación penal es de absoluta preferencia a la vía administrativa», concluía el escrito.
La investigación en el Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia
La querella contra Mónica Oltra es finalmente presentada ante los Juzgados de Instrucción de Valencia, siguiendo las indicaciones del TSJV. Durante las comparecencias desveladas por Libertad Digital, se evidencia el gran enfado y la indignación que le provoca al titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, la actuación de los imputados para proteger a Oltra en lugar de a la menor de 14 años abusada sexualmente.
Tras investigar los hechos durante 10 meses, el juez Vicente Ríos solicita al TSJ la imputación de Oltra por encubrir los abusos sexuales de su marido afirmando que «existen indicios racionales y sólidos« contra ella. La Fiscalía emite un informe demoledor en el que atribuye a Oltra «un plan preestablecido« para ocultar los abusos de su exmarido ordenando el citado «expediente parajudicial».
El TSJV anuncia este jueves la imputación de Oltra y deberá acudir a declarar el próximo 6 de julio en calidad de investigada. Según los magistrados «la eventual responsabilidad de la Sra. Oltra se fundaría en una serie de indicios plurales, cada uno de los cuales ha de quedar perfectamente acreditado,», aunque puntualiza que «no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada». Los magistrados aprecian indicios de que Oltra haya cometido delitos de prevaricación y malversación para proteger a su marido y su carrera política.
Hasta la publicación de este artículo, ni la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni ningún movimiento feminista como el de ‘hermana yo sí te creo’, nacido tras el caso de la Manada en Pamplona, se ha movilizado o ha salido a la calle para pedir la dimisión de Oltra, que este viernes anunciaba que continuará en su cargo.
