El reciente ataque terrorista contra soldados que cumplían labores de acompañamiento y protección en el departamento de Arauca –perpetrado por eel Ejército de Liberación Nacional (ELN), que viene operando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en diferentes regiones del país– deja un saldo de cinco soldados muertos y seis heridos. El hecho ha sido denunciado por el ministro de Defensa, Diego Molano, como parte de un “juego macabro de planear en Venezuela y actuar en Colombia”, pero evidencia el problema de seguridad que hoy se vive en las regiones del país neogranadino, en especial aquellas que tienen frontera con el otrora país petrolero y cultivos ilícitos orientados a la exportación de drogas.
El gobierno ha hecho un esfuerzo por desmentir a quienes, como la Casa Blanca, han informado sobre un preocupante aumento en la capacidad de producción que hoy tienen los narcotraficantes, pero lo que parece suficientemente claro es que la mortal alianza entre los carteles y las guerrillas está más fuerte que nunca. Negar que en Colombia estos grupos, que se alegan insurgentes, se financian vía narcotráfico, raya en lo absurdo. El gobierno no ha logrado consolidar una única estrategia de seguridad nacional, o al menos los datos sugieren que tanto la percepción de inseguridad, como los ataques y atentados a guarniciones militares y al mismo presidente, no cesan.
Como si lo anterior fuera poco, Bogotá enfrenta una situación dramática donde los robos masivos en vías principales, restaurantes y sectores residenciales vienen en aumento. Las cámaras de seguridad han captado suficientes casos de atracos con armas, por parte de delincuentes que van uniformados como domiciliarios y casos de pandillas en motos que rodean a sus víctimas al llegar o salir de sus casas. Incluso la periodista Andrea Nieto, denunciaba el martes a las 10:37 de la mañana en su cuenta de twitter que “en el semáforo de la autopista con calle 82 EN ESTE MOMENTO ESTAN ATRACANDO EN MANADA a los carros que paran”, sin que se lograra a tiempo la presencia de la policía nacional.
No en vano, la alcaldesa de la capital, Claudia López, ha anunciado que solicitará el acompañamiento de la policía militar en al ciudad, con el fin de hacer patrullajes disuasivos en zonas críticas y hacer controles para el desarme de la ciudadanía. Bogotá tiene, sin duda, un déficit en pie de fuerza policial, pero también ha faltado una política articulada de seguridad ciudadana, que incluya ajustar los procedimientos de captura, pruebas, coordinación con la fiscalía y presentación ante los jueces, que muchas veces optan por la libertad de los delincuentes. En efecto, el director nacional de la policía, general Jorge Luis Vargas, ha expresado que “el 68% de las personas capturadas recientemente en Bogotá, que suman más de mil, ya están en libertad, especialmente por casos de hurto”. La impunidad es un aliciente para que la delincuencia siga en sus andanzas.
El secretario de seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, quien fue viceministro de Defensa en el gobierno de Juan Manuel Santos, ha informado sobre la llegada de al menos dos mil policías adicionales a Bogotá, con el fin de mejorar la capacidad operativa y fortalecer la investigación criminal. Los hurtos a comercios reportados disminuyen, según cifras oficiales, entre enero-agosto 2019 y enero-agosto 2021, pero la sensación de inseguridad viene en aumento. El gobierno distrital hace cada vez más anuncios de acciones y lucha contra el crimen, pero lo cierto es que en las calles el día a día sigue preocupando a la ciudadanía.
Tanto el presidente Duque como la alcaldesa López prometieron en campaña promover políticas encaminadas a devolver la tranquilidad y recuperar el orden. En uno y otro caso los esfuerzos parecen dispersos y sin un norte suficientemente claro. Pandillas y carteles se han tomado varias plazas o han recuperado el control que hace una década habían perdido. La policía ahora patrulla con uniformes azules y no verdes, el ejército revisa sus protocolos de seguridad y anuncia ofensiva tras ofensiva. Mientras tanto, en la casa de Nariño compran monedas recubiertas en oro de 24 kilates para regalar a los visitantes ilustres. Ojalá a la salida ese bello obsequio no sea motivo suficiente para que las bandas de motorizados hagan de las suyas y se lleven aquella joya con la firma de Iván Duque.
