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La investigación a la mano derecha de Ábalos se extiende hasta el Caribe y aún «no ha tocado techo»

La investigación abierta a la mano derecha del ex ministro de Transportes y diputado del PSOE José Luis Ábalos se extiende hasta el Caribe y aún «no ha tocado techo».

Este martes, la la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, arrestaba al exasesor de Ábalos, Koldo García. La operación iniciada por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se desarrollaba en distintas provincias de la geografía española. En este contexto se efectuaban alrededor de 26 registros domiciliarios o requerimientos y hasta 20 detenciones. Los investigadores analizan varios contratos adjudicados por diferentes administraciones socialistas durante la pandemia del covid-19 que superan los 40 millones de euros.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que «la investigación de la denominada ‘Operación Delorme’ traspasa nuestras fronteras y se extiende a algún país de Sudamérica bañado por el Mar Caribe. La instrucción no ha hecho más que comenzar y se van a tirar de muchos hilos. El caso aún no ha tocado techo».

Este miércoles, el propio Ábalos en declaraciones a los medios en el Congreso afirmaba que no conocía «en absoluto» el posible cobro de comisiones por parte de su exasesor y defendía que «todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo de lo que siempre me preocupé». Según el exministro de Transportes, «se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas». «Yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo», añadía. Sobre su relación con Koldo García, éste apuntaba que «con el tiempo» la ha ido «perdiendo» y que ya no tiene «ni asistente ni nada».

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que » José Luis Ábalos no ha dicho la verdad sobre su actual amistad con Koldo García. Es su fiel escudero y tienen comunicación habitualmente. Veremos cómo evoluciona la investigación y qué declara el exasesor del exministro de Transportes ante el juez».

El caso se originó tras la denuncia presentada por el PP de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ante la Fiscalía Anticorrupción y se investigan dos contratos del Ministerio de Transportes bajo la dirección de José Luis Ábalos y un tercero del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. El primero por el suministro de mascarillas para Puertos del Estado por valor de 24,2 millones de euros, el segundo por el también suministro de mascarillas para ADIF por un total de 12,5 millones de euros y un tercero por la adquisición de material de protección sanitario por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad por un total de 3,4 millones de euros.

Las tres operaciones se cerraron con la misma empresa de Zaragoza, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. Dicha sociedad facturó un total de 53,1 millones de euros en el año 2020 gracias a los contratos covid que le adjudicaron, Ministerios y Gobiernos autonómicos socialistas. Los ejecutivos de Canarias y Baleares, gobernados por el PSOE, le adjudicaron 13 millones de euros con cargo a los fondos FEDER de la Unión Europea. Un año después, las ventas de la mercantil zaragozana se desplomaban un 96%.

Los administradores de la empresa investigada

La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL realizó numerosos cambios en su accionariado y en sus sociedades participadas sólo un año después del ‘pelotazo’ con los contratos covid. En junio de 2021, la sociedad Purdey Investment SL, que administraba José Ángel Escorial Senante, cesó a su vez como administrador único de la sociedad zaragozana en favor de Daniel Sierra Monedero.

A finales de 2020, la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Islas Baleares señaló en un informe que Escorial Senante controlaba varias sociedades off shore, dos de las cuales aparecían en los Paradise Papers, y habría sido investigada por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional por el presunto pago de sobornos en Angola.