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La juez procesa a Villarejo por grabar y difundir la detención del ‘pequeño Nicolás’

La juez de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, ha procesado por un delito de revelación de secretos al comisario jubilado José Manuel Villarejo; a su mujer, Gemma Alcalá, y a Carlos Mier, periodista de ‘Información sensible’, medio afín al expolicía, por grabar y difundir la reunión en 2014 en la que Asuntos Internos y el CNI trataban sobre el operativo para detener a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’.

La magistrada instructora ha dictado este martes un auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, con el que ha concluido la instrucción de la segunda pieza del caso ‘Nicolay’, en la que se ha estado investigando durante más de tres años la grabación del contenido de la reunión mantenida el 20 de octubre de 2014 entre agentes de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia. El ‘pequeño Nicolás’ no será juzgado por esta pieza, al sobreseer las actuaciones contra él por falta de pruebas.

La juez de Plaza de Castilla propone juzgar al ex comisario Villarejo por ordenar presuntamente al periodista Carlos Mier “llevar a cabo la grabación” del encuentro entre el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, otros dos inspectores de la Policía Nacional y dos funcionarios del CNI “con el fin de conocer su contenido y divulgarlo con fines espurios”.

Dicha grabación se difundió en Información Sensible, un diario digital propiedad de la mujer de Villarejo, a la que se considera cooperadora necesaria del delito, que publicó el 15 de octubre de 2014 el contenido de dicho encuentro, asegurando que el CNI estaba detrás de la detención del ‘pequeño Nicolás’. El auto recuerda que otros medios de comunicación “se hicieron eco de esta información”.

Grabación tras una llamada de teléfono

El auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid considera “indiciariamente acreditado” que el 20 de octubre el periodista Carlos Mier telefoneó desde su móvil al comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, y que a través de esa llamada “se efectuó la grabación de la conversación que en ese momento se estaba manteniendo en las dependencias policiales”.

“Grabación que se capturó y transmitió por canal telefónico desde el lugar de la reunión objeto de grabación a otro terminal receptor, siendo el registro definitivo por vía aérea”, según incluye la juez. Se trata de una llamada que duró 13 minutos y 9 segundos. Inmediatamente después, se acredita en el auto que Mier llamó a Villarejo. También recuerda que el comisario Martín Blas negó en sede judicial haber recibido esa llamada, por lo que la grabación se activó presuntamente de forma remota.

La juez explica que Villarejo se valió de sus funciones como adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía para tener previo conocimiento de la existencia de esa reunión entre Asuntos Internos y el CNI. El auto señala además que durante la investigación se ha podido constatar que el teléfono de Martín-Blas “tenía anulados los servicios de seguridad”.

A lo largo del auto de 15 páginas, la magistrada instructora de los juzgados madrileños destaca la “autenticidad” de la grabación que ha servido como objeto para la imputación de Villarejo, su mujer y Mier, remitiéndose a los informes periciales realizados por organismos oficiales especializados en materia, “cuya imparcialidad y objetividad está fuera de duda”.

En cuanto a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que declaró como investigado en esta pieza separada de la causa en la que se encuentra procesado por diversas actividades irregulares como hacerse pasar por una alta personalidad del Estado, la juez considera que debe archivarse su responsabilidad ya que no se encuentra “ningún indicio racional” para imputar un delito.

Contra el fin de la instrucción de esta segunda pieza del denominado caso ‘Nicolay’ cabe la posibilidad de interponer un recurso. Mientras tanto, la juez de Madrid da traslado a las acusaciones para que presenten escrito de acusación provisional contra los procesados o, en caso contrario, soliciten el sobreseimiento.

La juez Martínez Gamo archivó en julio de 2017 parte de la instrucción sobre la grabación y difusión de la reunión entre la Policía Nacional y el CNI, la relacionada al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, por entonces ‘mano derecha’ del DAO, el ya jubilado Eugenio Pino -procesado recientemente por el ‘pendrive’ fantasma de la familia de Jordi Pujol–; y los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. En ese auto, la instructora afirmó que “no existe base real suficiente” para atribuirles ningún delito.

La detención del Pequeño Nicolás derivó en diferentes procedimientos judiciales. En uno de ellos, el pasado mes de mayo el juzgado de lo Penal número 16 de Madrid absolvió a Francisco Nicolás Gómez Iglesias de un delito de injurias por sostener en dos entrevistas que su teléfono había sido pinchado “ilegalmente” por el CNI durante dos meses, así como que este servicio había mantenido reuniones con la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para fabricar pruebas en su contra. En el juicio pidió perdón y alegó un trastorno de personalidad.